Entre el archipiélago y la constelación cultural

El Estado social de derecho aún no existe en Paraguay. Este aserto es una de las duras lecciones de la pandemia, que también ayudó a observar dos situaciones preocupantes: el carácter reactivo y cortoplacista de las instituciones vinculadas con asuntos culturales y, lo que resulta aún más grave, su actuación como islas inconexas. Las mismas conforman un archipiélago antes que una constelación. A casi 30 años de la Constitución Nacional, los derechos culturales no logran superar el umbral del discurso y de su generalizada desatención y violación.

Este artículo presenta un análisis del Plan Nacional de Cultura (PNC) y la brecha que existe para convertirse en un instrumento articulador; advierte sobre las implicancias de la omisión de un cálculo sobre la inversión en cultura, presentando datos referidos al ejercicio fiscal 2021; subraya las contradicciones de las decisiones tomadas con respecto a la ejecución de la Ley N.º 5621/2016 «De Protección del Patrimonio Cultural»; ofrece información que constata los pocos avances en la descentralización de la gestión cultural y la ausencia de la perspectiva cultural en la Agenda Nacional ODS, hecho que pone en cuestión la aplicación del principio de «No dejar a nadie atrás».

Situación del derecho

La fragmentación como rasgo de la gestión pública cultural

¿El Estado paraguayo es garante de derechos culturales? Esta pregunta sugiere dos líneas de análisis: la organización de las instituciones del Estado para cumplir ese rol y la situación de los derechos culturales en el país. El presente artículo se ocupa de la primera.

Desde los anteriores informes, particularmente a partir del 2017^[1], Codehupy viene señalando la fragmentación de las instituciones vinculadas con los derechos culturales, ofreciendo recomendaciones para fortalecer la gestión pública en la materia. Sin embargo, los avances han sido poco significativos. Es más, en el periodo octubre 2020-octubre 2021, ese rasgo se ha acentuado.

La pandemia amplificó la fragmentación y la práctica eventista y reactiva de las instituciones vinculadas con los derechos culturales, que —en la inercia de la sobrevivencia— compiten por los recursos financieros, comunicacionales, simbólicos y políticos, en desmedro de una actuación articulada.

Postergada planificación de la cultura en Paraguay

Dos fueron las recomendaciones principales expresadas sobre el Plan Nacional de Cultura (PNC) 2018-2023, en el informe del 2020^[2].

• La SNC debe superar las omisiones y carencias del Plan Nacional de Cultura y promover un diálogo con otras instituciones para desplazar el enfoque sectorialista, a favor de un enfoque colaborativo y sinérgico.
• El IPA, la SPL, el Fondec, el MOPC, Dinapi, el Indi, entre otras instituciones, deben asumir su corresponsabilidad en este instrumento, a la vez de sinergizar sus planes y programas.

Estas recomendaciones no fueron atendidas. El PNC sigue siendo un instrumento visto y restringido a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), lo que pone en cuestión su carácter de «plan nacional» y lo restringe —en la práctica— a un «plan institucional»^[3].

Lo observado el año anterior se repite en el actual. De las once instituciones que respondieron a la consulta de información pública en el 2021^[4], tres dijeron que tienen responsabilidades en el marco del PNC^[5], cuatro que no las tienen —salvo articulaciones puntuales^[6]— y una que podría tenerlas^[7]. Las restantes omitieron la respuesta^[8].

Una analogía puede ser útil. El PNC debiera ser como el IV Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2018-2024 (IV PlaNI), que se presenta como marco directriz para todo el Estado en ese asunto público^[9].

Pero no se trata solamente de que las diferentes instituciones con implicancias en asuntos culturales asuman corresponsabilidad con el PNC. Se trata también de que sus políticas y planes tejan una red programática sobre los derechos culturales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030 y la Agenda Nacional ODS.

Es decir, que el Plan Maestro de Desarrollo Turístico, el Plan de Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas del Paraguay y el Plan de Normalización de la Lengua de Señas Paraguaya^[10], el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción (PlanCHA)^[11], la Transformación Educativa, el Plan Nacional de Propiedad Intelectual, los Fondos para las Artes y la Cultura, la Política Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional Ambiental, el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, el Plan Nacional de Integridad, el IV PlaNI, el Plan Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, entre otros^[12], puedan ejecutarse desde relaciones colaborativas, simbióticas y sinérgicas, contribuyendo a construir el campo cultural de la política pública en Paraguay.

Esta sería una vía innovadora para repensar el PNC. El plan debería ayudar a tejer una red entre los planes y programas existentes en una dinámica horizontal y multicéntrica. Una estrategia acertada sería reorientar el Consejo Nacional de Cultura (Concultura) como mecanismo de articulación para dicha finalidad.

Inversión en cultura: una omisión significativa

Desde el 2017, en este artículo se presenta un cálculo aproximado sobre la inversión que realizan instituciones del Poder Ejecutivo en el campo cultural. Hasta la fecha no existe un solo análisis desde la institucionalidad pública sobre la materia. Por lo tanto, tampoco hay una planificación que promueva la articulación, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos destinados a los asuntos culturales.

Para el presente informe fueron consultadas 17 instituciones^[13], de las cuales respondieron 11. Entre ellas, 2 informaron que carecen de la desagregación de su inversión desde la perspectiva cultural^[14]. Las restantes no contestaron^[15].

La inversión en cultura proveniente de 10 instituciones asciende a la suma de Gs. 235.829.790.223 o USD 34.153.482^[16], lo que representa el 0,00026% del Presupuesto General de la Nación (PGN). Una suma ínfima, considerando que la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) recomienda que el 1% del presupuesto sea destinado a la cultura^[17].

Del monto global, el 29% corresponde a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el 28% al Instituto Nacional del Indígena (Indi)^[18], el 14% a la SNC y el 12% a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). La representación de las demás instituciones gira en torno al 5%: Instituto Nacional de Bellas Artes (ISBA)/MEC, 5%; Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), 4%; Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), 3%; Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), 2%; y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 2%. Además, a través del Congreso Nacional se ha conformado una Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay^[19], mediante Ley N.º 5893/2018, que emplea un presupuesto que corresponde al 1%.

A diferencia de años anteriores, el Centro Cultural de la República «El Cabildo»^[20], el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)^[21] y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)^[22] no informaron acerca de sus inversiones en el campo cultural. 

Recorte presupuestario

Pese a que el PGN del 2021 se ha incrementado en un 6,9% con relación al del 2020, algunas de las principales instituciones vinculadas al campo cultural sufrieron un recorte en el presente ejercicio fiscal. La SNC, la SPL, el Fondec, el IPA y la Dinapi, en promedio, sufrieron un recorte del 17%.

El hecho tuvo consecuencias, entre ellas:

• Riesgo de cancelación de la membresía de Paraguay a los programas de IBER^[23].
• Supresión del presupuesto de la Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional.
• Postergación del funcionamiento del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A – Ycuá Bolaños, por no contar con rubros para contratación del equipo de trabajo.
• Merma o cancelación de apoyo a proyectos ciudadanos.

Un ritmo de gestión que desconoce la emergencia patrimonial del país

Luego de cinco años de la promulgación de la Ley N.º 5621/2016 «De Protección del Patrimonio Cultural», la misma aún no está completamente reglamentada. Paradoja, considerando la emergencia patrimonial que padece el país.

En junio del 2021 se aprobó la reglamentación del capítulo III (Decreto N.º 5430)^[24] referida a la instauración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Patrimonio, instancia interinstitucional que está conformada por la SNC, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el MOPC, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Senatur, la SPL, el IPA, el Indi, además de las gobernaciones y los municipios de todo el país.

Sin embargo, la reglamentación dejó varios cabos sueltos. No presenta un modelo de gobernanza del sistema, en cuyo marco —por ejemplo— se sumarían instancias nuevas para la institucionalidad paraguaya, como los consejos departamentales y municipales de patrimonio. Tampoco ofrece una clara división del trabajo entre los tres niveles territoriales de gobierno y entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Las instituciones citadas no se han reunido ni han establecido algún mecanismo concreto para la deliberación colectiva. Si bien se publicó la Guía para la conformación de Consejos Departamentales y Municipales de Protección del Patrimonio Cultural^[25], hasta la fecha no se ha instituido ninguno.

Dos notas positivas matizan el cuadro de emergencia patrimonial

La primera es la inclusión del tereré con pohã ñana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, bajo el nombre Prácticas y saberes del Tereré en la cultura del Pohã Ñana. Bebida ancestral guaraní en Paraguay^[26].

La otra nota positiva es la inminente inauguración del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A – Ycuá Bolaños^[27], cuya obra está ejecutada en un 99%, al cierre de este informe.

Fondos de cultura para iniciativas ciudadanas: dispersión o articulación

En el 2021, el Fondec, la SNC^[28] y el IPA^[29] han financiado 243 proyectos ciudadanos, movilizando una inversión total de Gs. 4.701.595.100 o USD 680.442^[30].

De la inversión que, en conjunto, realizaron para financiar proyectos ciudadanos, el 56,8%, el 37,5% y el 5,6%, respectivamente, corresponden a las mencionadas instituciones.

Desagregación territorial

El 37% de los proyectos provienen de Asunción y el 27% de Central. Ambos territorios suman el 64%. Cordillera lleva el 6% e Itapúa y Alto Paraná 5%, respectivamente. Les siguen Caaguazú y Paraguarí, ambos con 3%; y San Pedro, Guairá, Misiones y Amambay, cada uno con 2%. El resto de los departamentos se relaciona con proporciones del 1%. El que no alcanza ese valor es Alto Paraguay.^[31]

Ninguna de las instituciones cuenta con datos organizados sobre la participación o el beneficio de estos proyectos a niños, niñas y adolescentes, adultos, personas adultas mayores, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, comunidad LGTBQ+, entre otros grupos^[32].

Consideraciones reflexivas

El financiamiento de proyectos ciudadanos constituye una estrategia fundamental de participación ciudadana y de canalización económica que, en el contexto de la pandemia, adquiere especial relevancia.

La concentración de los proyectos adjudicados en la capital y el departamento Central es la expresión de la densidad poblacional, la urbanización, la expansión de servicios públicos y los mejores indicadores de desarrollo humano. Tendencialmente, es el territorio con mejores condiciones para aprovechar oportunidades provenientes de las convocatorias, sea porque están insertas en los circuitos de comunicación, o porque disponen de las herramientas necesarias.^[33]

Sin embargo, es también prueba de la ausencia de criterios que orienten estratégica y territorialmente los fondos: articulación, descentralización, diversidad, reducción de la desigualdad y compensación.

Tampoco ayuda que cada uno de estos fondos opere aisladamente. No existe un marco de referencia común desde el cual fomentar algún tipo de sinergia. No hay medidas especiales de carácter temporal, de modo a favorecer la participación incremental y gradual de minorías culturales y grupos históricamente excluidos o que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, se evidencia la ausencia de los gobiernos municipales y los departamentales en la articulación estratégica de estos fondos con los procesos locales de desarrollo. Su participación se reduce a actividades puntuales de capacitación y difusión. Por ejemplo, se podrían promover fondos municipales y departamentales de cultura, favoreciendo una trama que divida y sinergice el trabajo: las convocatorias locales pueden orientarse a determinados temas y asuntos, las departamentales a otros y la nacional a iniciativas con alcance país.

Conviene recordar que existen otros fondos, como los promocionados por el Congreso Nacional y las entidades binacionales o, de forma puntual u ocasional, por alguna otra institución. En el nivel municipal solo se conocen los de la Municipalidad de Asunción^[34]. También habría que considerar los previstos, como el Fondo del Audiovisual, que será activado una vez que el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), recientemente instituido, entre en funcionamiento.

La cultura en Paraguay, carente de estrategia articulada a los ODS

La cultura está ausente en la Agenda 2030 de Paraguay debido al desinterés o a la impericia.

Según orientaciones de las Naciones Unidas, todos los indicadores deben ser desagregados —siempre que sean pertinentes— por grupos de edad, territorio, sexo, pueblos indígenas, pobreza, lengua, condición migrante, persona con discapacidad, entre otras variables^[35].

Este criterio —de bajísima aplicación en el país— es fundamental si de promover la perspectiva cultural se trata, porque aboga directamente por el reconocimiento de la diferencia.

El enfoque de «No dejar a nadie atrás», rasgo distintivo de los ODS, requiere la mayor desagregación posible de las estadísticas, con el fin de poder identificar a las poblaciones más marginadas. Sin embargo, las estadísticas oficiales tradicionalmente se han venido reportando a partir de los promedios nacionales, excluyendo ciertas poblaciones que no son representativas en las fuentes de información por varias razones.^[36]

Actualmente, Paraguay produce datos sobre el 39,9% de los indicadores de la Agenda 2030^[37]. ¿Pero cuáles de estos están siendo analizados desde la perspectiva cultural para promover las desagregaciones pertinentes, ejercicio que permitiría cautelar el principio de «No dejar a nadie atrás»?

Algunas metas o indicadores que hacen alusión directa a la cuestión cultural no cuentan con avances significativos. Por ejemplo, la meta 8.9 que expresa: «De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales». O el indicador 11.4.1 referido al total de gastos per cápita destinados a la conservación del patrimonio cultural.

En conclusión, el conjunto de instituciones vinculadas al campo cultural carece de una estrategia articulada en torno a los ODS de modo que su ejecución en el país contemple la perspectiva cultural. Ciertas instituciones, como el IPA y la Senatur, expresan que sus programas están alineados a ciertos ODS.

El Segundo Informe Voluntario de Paraguay sobre los ODS^[38] tampoco alude a la cuestión cultural, salvo orientaciones como la educación intercultural.

Conclusiones

La pandemia desnudó la inexistencia del Estado social de derecho y amplificó el carácter reactivo de las instituciones vinculadas con lo cultural.

No existe en la burocracia estatal una noción de campo cultural, entendido como la dimensión de la política pública en la cual varias instituciones se reconocen como participantes y corresponsables. No hay un gabinete cultural como sí hay uno social o uno económico, inclusive un sistema nacional ambiental. Entonces, ¿cómo garantizar los derechos culturales en un contexto de negación de su transversalidad por parte de las entidades que deben promoverlos?

Las instituciones que tienen responsabilidades en asuntos culturales —en grados y alcances diferentes, claro está— más bien conforman un archipiélago cultural. Islas que se comunican puntualmente en torno a proyectos o actividades y que, en lo general, compiten por recursos y posicionamiento.

Este hecho pone en cuestión el carácter rector de la SNC que, desde su creación en 2006, no ha logrado adoptar esa visión integrada, conquistar la posición de ente articulador, entrenar la musculatura política necesaria y dotarse de los instrumentos apropiados. Como otros órganos rectores, fue absorbido por sus «temas específicos» que le compelen a producir «servicios de atención directa», en desmedro de la rectoría y la articulación. ¿Cómo regir en un campo que no es asumido como tal? ¿Cómo articular sin la fuerza endógena ni el reconocimiento exógeno? ¿Para qué articular, si no hay objetivos compartidos? La pandemia ha dejado una dura lección sobre la necesidad imperativa de un cambio en la lógica de la gestión pública. Es un cometido imprescindible del Gobierno.

Quince años después de la promulgación de la Ley N.º 3051/2006 «Nacional de Cultura» y a casi 30 años de la promulgación de la Constitución Nacional vigente, no se ha logrado reconocer —en lo concreto— el carácter pluricultural de la sociedad y de repensar, desde esa premisa, el desarrollo. La cultura sigue siendo restringida fundamentalmente a nociones tradicionales de artes e identidad nacional.

En parte, estos son los motivos por los cuales el PNC sigue siendo considerado como un plan de la SNC, y esta es vista como la única responsable de los asuntos culturales del país. La fragmentación y la competencia se acentúan debido a la escasez de recursos que caracteriza a instituciones marginalizadas.

Mientras se fortalece la tendencia reactiva, cortoplacista y compartimentada, la complejidad de los fenómenos exige racionalidad política y técnica consonantes con la integralidad y la previsión. En este contexto marcado por rasgos balcanizadores, cabe preguntarse cómo se podrá ejecutar el novel Sistema Nacional de Patrimonio Cultural.

Entre las medidas para gestar la noción de gabinete cultural en Paraguay están: una actuación articulada de las instituciones vinculadas a los asuntos culturales en las macropolíticas en curso (PND 2030, Sistema de Protección Social, ODS); el cálculo de la inversión pública en cultura y su consideración desde una planificación holística; la reconceptualización del PNC o el impulso de una Política Nacional Cultural 2030 alineada a los ODS en el marco del PND 2030 que, a la vez, interrelacione la miríada de planes, programas existentes; y, a la luz de este cometido, el fortalecimiento y el redireccionamiento del Concultura.

Recomendaciones

• Mapear las políticas y los planes de las instituciones que tienen prerrogativas o responsabilidades en asuntos culturales y elaborar un instrumento matricial que favorezca la identificación de cruces y sinergias. El plan de contingencia en torno a lenguas en peligro de extinción, por ejemplo, podría tener un dinamismo y alcance superiores, si se inserta en una trama amplificadora.
• Posicionar esta trama en el marco de macropolíticas públicas, como el PND 2030, los ODS y el Sistema de Protección Social.
• Incorporar la perspectiva cultural —actualmente ausente— en la Agenda 2030 o los ODS. La ejecución del principio «No dejar a nadie atrás» pasa, en buena medida, por la adopción de la misma.
• En ese marco, promover la desagregación de los principales indicadores ODS según territorio, sexo, etnia, grupos de edad, discapacidad, entre otras variables.
• Reconceptualizar el PNC y el Concultura a partir de este ejercicio de tejido de trama colaborativa.
• Elaborar el cálculo de la inversión en cultura que realizan las instituciones, oficializando una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, en la cual se instaure una metodología oficial^[39].
• Mapear fondos de apoyo a proyectos ciudadanos culturales existentes en el país y promover una agenda piloto de articulación a la luz de objetivos más generales.
• Acelerar la ejecución apropiada del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural.
• Ejecutar medidas alternativas para superar la interrupción del funcionamiento del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A – Ycuá Bolaños, debido a los recortes presupuestarios.

1. Ver los informes anuales de la Codehupy en https://codehupy.org.py/category/informes-anuales/ ↑

2. Vladimir Velázquez, «Tiempos oscuros: regresión de los derechos culturales en Paraguay», en Derechos Humanos en Paraguay 2020 (Asunción: Codehupy, 2020), 245-246. ↑

3. El PNC 2018-2023 fue aprobado por Resolución SNC N.º 325/2018 de la SNC. Aunque se trata de un instrumento jurídico-político de menor jerarquía que un decreto, es válido como recurso de formalización porque la Ley N.º 3051/2006 «Nacional de Cultura» le confiere a la SNC la responsabilidad de coordinar las políticas culturales del país (artículo 8 incisos a, b, c, d, h, n, ñ, y artículos 12 y 14). ↑

4. Respuestas a solicitudes #46459 (SNC), #46474 (Secretaría de Políticas Lingüísticas), #46475 (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual), #46477 (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), #46480 (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), #46487 (Ministerio de Educación y Ciencias), #46503 (Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat), #46506 (Fondo Nacional de la Cultura y las Artes), #46509 (Instituto Paraguayo de Artesanía), #46520 (Centro Cultural de la República «El Cabildo», por medio de la Honorable Cámara de Senadores), #47257 (Secretaría Nacional de Turismo), Portal Unificado de Información Pública. ↑

5. Secretaría Nacional de Cultura, Secretaría Nacional de Turismo y Secretaría de Políticas Lingüísticas. ↑

6. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Instituto Paraguayo de Artesanía, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Centro Cultural de la República «El Cabildo». ↑

7. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ↑

8. Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. La consulta pública al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes omitió la pregunta vinculada al PNC, por lo que no se pudo acceder al dato para el presente informe. ↑

9. Está por realizarse una evaluación de la materialización del marco directriz. ↑

10. Ambos pendientes de elaboración por parte de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, según información proporcionada en la solicitud #46474. ↑

11. Desde el 2019, el Consejo del PlanCHA está a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ↑

12. Existen instituciones que explícitamente están asociadas a lo cultural, por ejemplo: el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, la Secretaría de Políticas Lingüísticas o el Instituto Paraguayo de Artesanía. Esto no significa que se correspondan exclusivamente con esta dimensión. Por lo general, toda institución es multisectorial. Hay otras que guardan relaciones implícitas o no reconocidas por propios o extraños: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, etc. Sin embargo, la revisión de sus planes expresa un común denominador: la necesidad de promover cambios culturales. ↑

13. Portal Unificado de Información Pública, solicitudes #46459, #46474, #46475, #46476, #46477, #46479, #46480, #46487, #46502, #46503, #46506, #46509, #46520, #46522, #47257. El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) fue consultado vía correo electrónico al director ejecutivo. ↑

14. Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. ↑

15. INAP, Indi, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Comercio, Mitic, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). ↑

16. El dato proveído por el Ministerio de Educación y Ciencias fue desestimado al no ser preciso y se tomó el proporcionado por la SNC —respuesta de la solicitud #46459— sobre el presupuesto del ISBA (dependiente del MEC) y del Indi. ↑

17. OEI, Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica (Madrid: OEI, 2014). ↑

18. Se ha resuelto incorporar el presupuesto completo de la Senatur y el Indi porque su misión y actuación tienen repercusión transversal en el mismo. No obstante, ambas instituciones debieran hacer la desagregación. ↑

19. Está compuesta por dos senadores nacionales, dos diputados, un ministro de la Corte Suprema de Justicia, los ministros de Defensa Nacional, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Educación y Ciencias, así como los ministros secretarios ejecutivos de la Secretaría Nacional de Cultura y de la Secretaría Nacional de Turismo y el director del Centro Cultural de la República «El Cabildo». ↑

20. Portal Unificado de Información Pública, solicitud #46520. ↑

21. Portal Unificado de Información Pública, solicitud #46479. ↑

22. Portal Unificado de Información Pública, solicitud #46476. ↑

23. Se subsanó mediante alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones civiles. Los programas IBER corresponden al Espacio Iberoamericano de Cultura. Varios son emblemáticos como IBERMEDIA, IBERMÚSICA, IBERESCENAS, IBERMUSEOS, entre otros. ↑

24. Decreto N.º 5430/2021, «Por el cual se reglamenta el capítulo III “Del Sistema Nacional del Patrimonio”, de la Ley N.º 5621/2016 “De protección del patrimonio cultural”», promulgado el 8 de junio de 2021. ↑

25. Resolución SNC N.º 138/2021, «Por la cual la Secretaría Nacional de Cultura aprueba la aplicación de la Guía para conformar consejos de patrimonio cultural, departamental y municipal» (artículos 12, 13 y 14 de la Ley N.º 5621/2016). ↑

26. Unesco, Prácticas y saberes del Tereré en la cultura del Pohã Ñana. Bebida ancestral guaraní en Paraguay, https://ich.unesco.org/es/RL/prcticas-y-saberes-tradicionales-del-terer-en-la-cultura-del-poh-ana-bebida-ancestral-guaran-en-paraguay-01603 ↑

27. «Inaugurarán el Memorial 1-A Ykuá Bolaños este domingo», Noticias Paraguay – NPY, 31 de julio de 2021, acceso el 10 de octubre de 2021, https://npy.com.py/2021/07/inauguraran-el-memorial-1-a-ycua-bolanos-este-domingo/ ↑

28. Del total de proyectos adjudicados por la SNC, 61 corresponden al programa Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos – Concursable; 5 han sido otorgados por invitación y 27 forman parte del programa Puntos de Cultura, en la modalidad de convocatoria abierta. ↑

29. A través del programa Fondo de Artesanía Paraguaya (FAP). ↑

30. Portal Unificado de Información Pública, solicitudes #46459 (SNC), #46506 (Fondec), #46509 (IPA). El Centro Cultural «El Cabildo» informó que no ha apoyado proyectos ciudadanos debido al recorte presupuestario. No ha informado acerca de los fondos existentes en el Congreso Nacional para iniciativas ciudadanas. Otras instituciones no informaron acerca de la existencia de programas similares. ↑

31. Ibidem 28. ↑

32. En cuanto a las minorías culturales, 10 proyectos están dirigidos a pueblos indígenas, según informes del Fondec y el IPA. Este último informa, además, que un proyecto va dirigido a personas con discapacidad. Solo el Fondec informó con precisión que 61 proyectos han sido presentados por mujeres y 81 por hombres. ↑

33. Se destaca que Fondec inicialmente designó un monto equitativo para la capital y 16 departamentos del país, equivalente a Gs. 100.000.000, dejando para Central la suma de Gs. 815.358.880. Se presume que las razones de esta diferencia pudieran ser las mismas expresadas anteriormente. ↑

34. Fondos Municipales de Cultura para proyectos ciudadanos: Fondo Municipal para el Fomento y la Promoción de las Artes Escénicas y Fondo Municipal para la Investigación de las Artes y la Cultura. ↑

35. Anexo, Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ↑

36. Comisión ODS Paraguay, Segundo Informe Nacional Voluntario Paraguay 2021 (Asunción: Comisión ODS Paraguay, 2021), 135, https://www.mre.gov.py/ods/wp-content/uploads/2021/07/Segundo-Informe-Nacional-Voluntario-Paraguay-2021.pdf ↑

37. Ibidem, 120. ↑

38. Ibidem 36, 120-135. ↑

39. Aquí una digresión. El Gabinete Social, a través de la Plataforma e-Heka, informa que el presupuesto total de las gobernaciones en el año 2020 fue de USD 167.094.414. De ese total, el 0,2% se destinó ese año a programas denominados Deporte y cultura en 8 gobernaciones. Se trata de una pista que debería indagarse para que el cálculo sobre la inversión en cultura incluya a los gobiernos departamentales y los municipales. Para saber sobre esta plataforma, ver: https://www.gabinetesocial.gov.py/sitio/e_heka.php. ↑