Desalojo forzoso como respuesta a quienes reivindican acceso a la tierra

En este periodo continuaron los desalojos forzosos violentos, la apertura de procesos judiciales y las detenciones contra campesinos y, particularmente, contra pueblos indígenas. En varios casos, se realizaron desalojos de forma irregular, ya que se efectuaron sin orden judicial, por órdenes fiscales de allanamiento y por civiles armados sin facultades para su ejecución. Es un signo de alarma que en varias situaciones de desalojo hayan participado guardias privados o civiles armados que han actuado con violencia contra las comunidades. Lo grave es que las instituciones estatales no toman medidas para investigar y prevenir estos hechos irregulares.

Este artículo recoge los hechos de desalojos forzosos ocurridos en Paraguay durante el periodo que abarca el estudio y se los presenta desde un enfoque de reclamo colectivo de acceso a la tierra, recuperación del territorio o resistencia en el territorio, principalmente de comunidades campesinas y familias indígenas de las zonas rurales. También se dará cuenta de las actuaciones de las instituciones estatales ante lo ocurrido, así como las propuestas legislativas presentadas y estudiadas con relación a la temática. El énfasis está puesto en las situaciones de desalojos rurales que han afectado a familias campesinas e indígenas, en varios casos dejándolas a la intemperie y en situaciones aun de mayor vulnerabilidad en las que se encontraban, previo al desalojo. Asimismo, se destacan algunos casos de desalojos efectuados en las zonas urbanas, específicamente en el departamento Central.

Situación del derecho

Desalojos forzosos, realidad que no cesa

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, un desalojo forzoso «es el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos»^[1]. Sobre lo que los Estados deben tener en cuenta en caso de realizarlo, el mismo Comité indica:

Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen «un recurso efectivo» a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que «las autoridades pertinentes» cumplan «toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso»^[2].

El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General N.º 7 (1997), establece que:

Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda (párrafo 16)^[3].

Si bien el año pasado se informó sobre «acuerdos entre organizaciones sociales y entes gubernamentales para prevenir desalojos», también se señalaba en ese entonces que los compromisos asumidos, de cumplirse, serían de relevancia para el aseguramiento de derechos^[4]. Sin embargo, los hechos^[5] ocurridos en este periodo muestran que las ejecuciones de los desalojos forzosos continuaron con mucha violencia contra campesinos y campesinas sin tierras, urbanos sin techos y, principalmente, pueblos indígenas.

Observaciones, recomendaciones y sanciones al Estado paraguayo

Aunque este año no se registran recomendaciones al Estado paraguayo, es importante mencionar que en años anteriores sí recibió varias observaciones y recomendaciones relacionadas a los desalojos forzosos y la violencia en el campo^[6].

Además, por más de una vez, Paraguay fue sancionado por daños causados en represiones a campesinos en reivindicación de sus derechos, como en el caso de Ernesto Benítez^[7] y Eulalio Blanco^[8]. En estos casos se establecieron medidas de no repetición.

En los hechos de desalojo, el Estado paraguayo estaría incumpliendo lo estipulado en las siguientes directrices y observaciones internacionales:

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, en su art. 4, inc. 2); art. 12, inc. 5)^[9].
• Observación General N.º 4 (1991), párrafo 8, inc. a) del Comité de Derechos Humanos^[10].
• Observación General N.º 7 (1997), párrafo 16 del Comité de Derechos Humanos^[11].

Postergada propuesta de ley relacionada a desalojo

El 14 de julio de 2021, a instancias de la Codehupy, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez formalizó la presentación de una propuesta de modificación y ampliación de la Ley N.º 6524/2020^[12], cuyo propósito era frenar a los desalojos forzosos durante la pandemia^[13]. Su estudio fue postergado sine die.

La Codehupy^[14] impulsó este proyecto a raíz del creciente aumento de desalojos que se venían ejecutando contra comunidades campesinas, indígenas y asentamientos urbanos durante la pandemia. Se sustentó en la prohibición de desalojo forzoso emitido por la Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada^[15], a modo de evitar la propagación del COVID-19. Fue respaldada por el representante de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab^[16].

Criminalización de la lucha por la tierra

En un tiempo récord, el 30 de septiembre de 2021 fue promulgada la Ley N.º 6830/2021, que modifica el artículo 142 de la Ley N.º 1160/1997 del Código Penal^[17]. La modificación elevó la pena del delito de invasión de inmueble ajeno hasta 10 años de cárcel. Sin duda, una herramienta que será usada para ampliar la criminalización de la lucha por la tierra.

Nula investigación del Ministerio Público ante la intervención de civiles armados

En los casos de conflictos por la tierra, continúa la participación de civiles armados, presumiblemente contratados por los que usurpan tierras (latifundistas sojeros y ganaderos) de territorios indígenas, colonias campesinas, como se puede observar en los casos que se describen más abajo.

Se consultó al Ministerio Público respecto a causas abiertas por la participación de guardias privados y/o seguridad privada con utilización de armas de fuego y protagonizando hechos de torturas y daños materiales en desalojos forzosos —incluso en presencia de la fuerza pública— ocurridos en el marco de conflictos por la tierra. En la solicitud de información se mencionaron tres casos específicos^[18] donde había denuncias de la participación de civiles armados.

La solicitud fue derivada a la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y esta reportó únicamente la existencia de dos causas abiertas, una del 2019 y la otra del 2020^[19], pero no referidos a los especificados en la consulta. Esto demuestra que la intervención violenta de civiles armados en los desalojos forzosos y conflictos por la tierra no es investigada por el Ministerio Público.

Casos ocurridos en 2021

Entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021 se evidenció un aumento de los desalojos y atropellos violentos contra comunidades campesinas, así como pueblos indígenas de la región Oriental, sobre todo en zonas de mayor presencia del agronegocio. Igualmente, se llevaron a cabo desalojos en área urbana (departamento Central).

Desalojos forzosos y atropellos a familias campesinas

El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Investigaciones Sociales recabó datos sobre desalojos violentos contra comunidades campesinas, consignados en el cuadro 1. En total, ocurrieron 10 situaciones de violencia: dos corresponden a allanamientos y amedrentamientos violentos con el objeto de que las personas abandonen las tierras y se retiren del lugar; las ocho restantes a desalojos propiamente dichos (en seis de ellos con destrucción de viviendas y cultivos). Solo en el marco de estos desalojos hubo 71 personas detenidas y 1.126 personas afectadas, incluyendo a niños(as), adolescentes y mujeres.

Cuadro 1. Resumen de desalojos campesinos (1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Investigaciones Sociales.

Desalojos forzosos y atropellos a familias indígenas

En cuanto a los desalojos y atropellos de los que fueron víctimas familias indígenas, datos del mencionado Observatorio permiten evidenciar los ocurridos en los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Canindeyú, Amambay y Caazapá (cuadro 2). Se registraron en total 12 desalojos, un número mayor que lo ocurrido con campesinos(as). Además, en al menos seis de ellos tuvieron participación civiles armados. En total, fueron afectadas 725 familias, incluyendo a niñas, niños y adolescentes.

Cuadro 2. Atropellos y desalojos a comunidades indígenas (1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Investigaciones Sociales.

Casos de desalojos urbanos

Entre noviembre del 2020 y septiembre del 2021 se dieron tres casos de desalojos en zonas urbanas del departamento Central.

• Barrio Ykua Karanda’y, Luque. En noviembre del 2020, ante una orden judicial de desalojo, 32 familias tuvieron que abandonar el predio de cinco fincas que estaban ocupando hace varios años y solicitando la regularización. Intervino Hugo Samaniego, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien se comprometió de manera genérica a acompañar a las familias para encontrar una solución.
• San Antonio. Ciento veinte familias fueron desalojadas de un inmueble de aproximadamente 3 hectáreas el 18 de mayo de 2021. El despliegue policial fue aparatoso, con 1.200 agentes de la Policía Nacional^[20].
• Barrio Maramburé, Luque. El 24 de septiembre de 2021, 80 familias fueron desalojadas de un inmueble de 3 hectáreas. En el operativo estuvo la fiscala Sandra Ledesma y se movilizó a 750 efectivos policiales. Las familias tuvieron que desarmar sus casas y retirar sus pertenencias. Muchas personas aseguraron que se quedarían en la calle porque no tenían a dónde ir^[21].

Estos casos ejemplifican que los desalojos urbanos tienen al menos dos características. La primera es el uso desproporcionado de la fuerza pública para ejecutar los desalojos: solo en los dos últimos casos se movilizaron 1.950 efectivos policiales para desalojar a 200 familias. La segunda emana del caso Ykua Karanda’y, en el que el Ministerio del Interior promete una solución a las familias ocupantes, sin embargo, no es su función^[22]. Este podría articular con otras instancias gubernamentales, como el Ministerio de Desarrollo Social, pero no le corresponde dar salida a la problemática de la tierra.

Casos paradigmáticos en territorios rurales e indígenas

Colonia Yvype Sexta Línea, Lima, San Pedro^[23]

Desde el 2017, en la colonia Yvype Sexta Línea del distrito de Lima, departamento de San Pedro, un grupo de campesinos sin tierra lucha desde la comisión vecinal por la recuperación de lotes agrícolas que consideran usurpados por sojeros menonitas y brasileños.

Desde que iniciaron sus gestiones, soportaron varias denuncias y procesos penales, como así también juicios de otros tipos, entre ellos civiles y constitucionales. Varias veces fueron desalojados de los lotes que ocupan y cuya recuperación reclaman.

En el 2021, nuevamente sufrieron dos desalojos forzosos por órdenes judiciales. El primero fue en el mes de marzo, dejando 12 familias y el segundo, en el mes de julio, afectando a 6 familias^[24]. Ambos desalojos se realizaron en el marco de juicios de interdicto de retener la posesión y como medida cautelar de urgencia impulsada por sojicultores menonitas y brasileños, sin considerar la intervención de la colonia por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y sin brindar alternativas de reubicación a las familias perjudicadas.

Colonia Táva Jopói, Curuguaty, Canindeyú

Como reacción a un intento de siembra de soja en lotes agrícolas que forman parte de la colonia —y que se ubican en cercanía de la escuela de la colonia—, un grupo de jóvenes sin tierra de la colonia Táva Jopói (Curuguaty, Canindeyú) ocupó varios lotes agrícolas cuya explotación —consideran— es irregular porque es realizada por personas no consideradas como sujetos de la reforma agraria.

Según expresiones de los vecinos y ocupantes, existen 40 hectáreas cuyas derecheras han sido vendidas aparentemente al señor Atilano Arias. Dentro de ellas se encuentra la Escuela N.º 7484 «8 de Diciembre», habilitada formalmente por el Ministerio de Educación y Ciencias.

En fecha 2 de julio de 2021, el señor Arias, en compañía del fiscal Meiji Udagawa, de la ciudad de Curuguaty, junto con efectivos policiales de Campo 3 – Nueva Durango, y con presencia de civiles armados, atacaron a los campesinos ocupantes, quemaron dos de sus casas e hirieron de bala a uno.

Posteriormente, varios campesinos fueron aprehendidos en allanamientos realizados por el fiscal Udagawa en la colonia. Los detenidos fueron sindicados por la comisión de varios tipos de hechos punibles como: invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio, robo agravado y hurto especialmente grave^[25]. Todo esto, por salir a pedir explicación sobre la intervención fiscal. Esta fue totalmente irregular, ya que estuvo acompañada por civiles armados sin facultades para llevar a cabo procedimientos. Además, se procedió a la destrucción de viviendas de los pobladores sin una orden judicial de desahucio y sin brindarles alternativas para una reubicación. Asimismo, se realizó estando en curso una denuncia administrativa ante el Indert, impulsada por los campesinos, sobre la usurpación de los lotes por personas que no son sujetos de la reforma agraria, que se encuentra pendiente de aclaración.

Comunidad indígena Ka’a Poty, Itakyry, Alto Paraná

El 15 de junio de 2021, con mucha violencia, fueron desalojados los pobladores de la comunidad Ka’a Poty, del pueblo ava guaraní, pese a contar con título legítimo otorgado por el Estado paraguayo, a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), adquirido ya en 1996^[26].

El desalojo se torna irregular y arbitrario, puesto que se ejecutó aun cuando la comunidad cuenta con un título de propiedad a nombre del INDI sobre el inmueble. Además, están pendientes varios juicios que pretenden dilucidar en cuanto a la tenencia de mejor derecho sobre la propiedad, ya que existen varios títulos superpuestos con relación al inmueble en cuestión. Se realizó el procedimiento sin ofrecer ninguna alternativa a los pobladores desalojados y sin tener en cuenta leyes ni la propia Constitución que los amparan contra la prohibición de remoción de su hábitat.

Comunidad indígena Ka’avusu, Itakyry, Alto Paraná

En el mismo distrito del caso anterior, el 8 de julio de 2021, en el lugar denominado Zanja Puku —donde un grupo del pueblo ava guaraní reivindica la recuperación de su territorio ancestral— se dio una represión contra los pobladores de la comunidad indígena Ka’avusu, protagonizada por policías y civiles armados. Tres personas resultaron heridas en el atropello.

La fiscala de la jurisdicción alegó ante medios de prensa que el procedimiento realizado fue con el propósito de «individualizar la ocupación de tierra»^[27].

El procedimiento se torna irregular puesto que, si tenía como propósito la individualización de los ocupantes de tierra, no había necesidad de ocasionar destrucciones y daños a las pertenencias de los indígenas. Además de la destrucción de viviendas, los indígenas denunciaron el robo de sus pertenencias y que varias personas resultaron heridas.

También, en esta oportunidad, el procedimiento se ejecutó sin ofrecer ninguna alternativa a la población desalojada y sin tener en cuenta las normativas que los protegen.

Conclusiones

Los hechos ocurridos en este periodo muestran que continúan los desalojos forzosos de indígenas, campesinos y asentamientos urbanos que luchan por el acceso a la tierra o que están resistiendo en sus territorios ante el avance de los agronegocios, como en el caso de los indígenas y campesinos.

La forma como se siguen ejecutando los desalojos no cambia, se realizan sin tener en cuenta observaciones, directrices y hasta sanciones que el Estado paraguayo ha recibido por parte de los organismos internacionales.

Teniendo en cuenta la reciente promulgación de la modificación del artículo 142 del Código Penal, la política estatal es clara: fortalece el ámbito represivo para la protección de la propiedad privada concentrada en pocas manos con rápida modificación de legislaciones. Sin embargo, no se avizoran propuestas que podrían resolver el problema de acceso a la tierra para los sectores vulnerables.

Recomendaciones

• Retomar el diálogo con organizaciones campesinas, indígenas y sin techos urbanas sobre el acuerdo firmado el 15 de octubre de 2020 en los puntos referidos a la prevención de desalojos.
• Considerar las directrices dictadas por organismos internacionales al momento de decidir la ejecución de un desalojo.
• El Ministerio Público debe realizar investigaciones serias y exhaustivas con relación a la intervención de civiles armados en los conflictos por la tierra.
• Destinar presupuesto público suficiente para el Indert, el INDI y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para la adquisición de tierras y regularización de los asentamientos de hecho ya existentes, a modo de brindar seguridad jurídica a los pobladores.
• Constituir una comisión para la elaboración de un anteproyecto de creación de la jurisdicción agraria, del régimen territorial indígena y ambiental, de modo a dotar de judiciabilidad los derechos campesinos, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y los derechos ambientales de carácter colectivo^[28].

1. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N.º 7, acceso el 25 de octubre de 2021, https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7fbd4ba.pdf ↑
2. Ibidem. ↑
3. Ibidem. ↑
4. Milena Pereira F., «Tierra sin ley: La arbitrariedad en los procedimientos de desalojo como signo estructural», en Derechos Humanos en Paraguay 2020 (Asunción, Codehupy, 2020), 327, https://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Anual-Sobre-la-Situacio%CC%81n-de-los-DDHH-en-Paraguay-2020.pdf ↑
5. «Desalojan a unas 80 familias por habitar propiedad privada de Luque», Hoy, 24 de septiembre de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, https://www.hoy.com.py/nacionales/desalojan-a-unas-80-familias-por-habitar-en-propiedad-privada-de-luque ↑
6. «Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Paraguay», Comité Contra la Tortura (CAT/C/PRY/CO/7), párrs. 22-23, acceso el 13 de octubre de 2021, https://undocs.org/sp/CAT/C/PRY/CO/7. «Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Paraguay», Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/PRY/CO/4), párrs. 24-25, acceso el 13 de octubre de 2021, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/PRY/CO/4&Lang=En. «Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Paraguay», Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/PRY/CO/4), párr. 6, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,,PRY,555203704,0.html. «Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación acerca de su misión al Paraguay», Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/34/48/Add.2), párrs. 39-43, 58, acceso el 14 de octubre de 2021, https://undocs.org/es/A/HRC/34/48/Add.2. «Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz», Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/41/Add.1), párr. 27, 79.d, acceso el 14 de octubre de 2021, https://undocs.org/es/A/HRC/30/41/Add.1 ↑
7. «Comunicación N.º 1829/2008», Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/104/D/1829/2008), acceso el 14 de octubre de 2021, https://undocs.org/es/CCPR/C/104/D/1829/2008 ↑
8. «Comunicación N.º 1828/2008», Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/104/D/1828/2008), acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/Informes/Dictamen%201828.%202008%20Eulalio%20Blanco%20(2012).pdf ↑
9. «Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales», Asamblea General de la ONU (A/RES/73/165), acceso el 14 de octubre de 2021, https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/73/165 ↑
10. «Observación General N.º 4», Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.mre.gov.py/SimorePlus/Adjuntos/Informes/CESCR%20N%C2%BA%204.pdf ↑
11. Ibidem 1. ↑
12. Proyecto de ley «Que modifica y amplía el artículo 52 de la Ley N.º 6524 “Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras” y sus leyes modificatorias». ↑
13. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 4 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123933 ↑
14. «Codehupy presentó anteproyecto de ley para suspender desalojos mientras dure la pandemia», Codehupy, 14 de julio de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, https://codehupy.org.py/codehupy-presentara-anteproyecto-de-ley-para-suspender-desalojos-mientras-dure-la-pandemia/ ↑
15. Naciones Unidas, Nota orientativa sobre COVID-19: Prohibición de desalojos. Lilani Farha. Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, 28 de abril de 2020, acceso el 5 de octubre de 2021, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_evictions_sp.pdf ↑
16. «En audiencia pública debaten suspender los desalojos mientras dure la pandemia», Honorable Cámara de Senadores, 6 de agosto de 2021, acceso el 5 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/8317-en-audiencia-publica-debaten-suspender-los-desalojos-mientras-dure-la-pandemia-2021-08-06-17-09-45 ↑
17. Para más información sobre el proceso llevado a cabo para lograr esta modificación, ver el artículo sobre Reforma agraria de este informe. ↑
18. Caso Maracaná, Canindeyú, asentamiento Rosarino (13 de enero de 2021). «#Ahora. Campesino gravemente herido por civiles armados, …» [Facebook], Codehupy [@codehupy], 13 de enero de 2021, https://www.facebook.com/codehupy/posts/3589012314467918. Caso Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú, comunidad indígena Loma Piro’y (18 de diciembre de 2020). «#LuchaPorLaTierra. Violento desalojo contra indígenas de Loma Piro’y, Raúl Arsenio Oviedo» [Facebook Watch], RTV [@RadioTvNuevoParaguay], 18 de diciembre de 2020, https://fb.watch/35ldNudQaA/. Caso 3 de Mayo, Caazapá, Cerro Yvy (13 de diciembre de 2020). «Desalojo, torturas y prisión a campesinos y campesinas que luchan por la tierra», Base IS, 14 de diciembre de 2020, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.baseis.org.py/desalojo-torturas-y-prision-a-campesinos-y-campesinas-que-luchan-por-la-tierra/ ↑
19. Nota D.T.A.I.P. N.º 135/2021, Ministerio Público. ↑
20. «Aparatoso despliegue policial para desalojo en San Antonio», Última Hora, 18 de mayo de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/aparatoso-despliegue-policial-desalojo-san-antonio-n2941400.html ↑
21. «Unas 80 familias son desalojadas de una propiedad en Luque», Última Hora, 24 de septiembre de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/unas-80-familias-son-desalojadas-una-propiedad-luque-n2963075.html ↑
22. Ver funciones del Ministerio del Interior en http://www.mdi.gov.py/index.php/la-institucion/funciones ↑
23. El caso es acompañado por Base IS y Codehupy, por lo que los autores tienen relación directa con las personas afectadas. ↑
24. «Desalojan a 6 familias de Colonia Yvype con gran contingente de policías», Última Hora, 30 de julio de 2021, acceso el 27 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/desalojan-6-familias-colonia-yvype-gran-contingente-policias-n2953630.html#:~:text=Agentes%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional%20llegaron%20a%20la%20Colonia%20Yvyp%C3%A9,est%C3%A1n%20en%20manos%20de%20empresarios ↑
25. Causa N.º 913/2021, caratulada «Amado Parra y otros s/ tentativa de homicidio y otros». ↑
26. «Piden condena ante violentos desalojos de comunidades indígenas», Honorable Cámara de Senadores, 14 de julio de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/8165-piden-condena-ante-violentos-desalojos-de-comunidades-indigenas-2021-07-14-16-31-21 ↑
27. «Denuncian violenta represión policial a comunidad indígena en Itakyry», Última Hora, 8 de julio de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/denuncian-violenta-represion-policial-comunidad-indigena-itakyry-n2950099.html ↑
28. Es una reiteración de la recomendación dada en el informe anterior. Pereira F., «Tierra sin ley…», 327. ↑