En el contexto de una pandemia —que sigue sin visos ciertos de culminar en el corto plazo—, el sistema político institucional del país continúa dando muestras de una progresiva degradación. Además de evidenciar su incapacidad estructural para garantizar derechos a vastos sectores de la población, frente a sus reclamos y demandas, desarrolla una política de gradual clausura del espacio de participación política. Esta situación, que compromete ya no solamente determinados derechos, sino al régimen democrático mismo, constituye un sensible retroceso cuyo signo principal es el uso de la ley del más fuerte, y la ruptura del principio de igualdad de oportunidades, en detrimento del Estado de derecho.
En 2021 se conmemoran 120 años de la considerada primera expresión de la voz pública de las mujeres con el telegrama de las concepcioneras y 60 años del derecho al voto de las mujeres, reconocido por la Ley N.º 704/1961. Tantas décadas después y ya en el marco de un proceso democrático, los avances son lentos y, a pesar de que la cultura política se va transformando, las mujeres continúan enfrentando barreras para el acceso igualitario a los espacios de toma de decisión, por lo que el debate sobre la necesidad imperiosa de una ley de paridad y de la promoción de políticas públicas por la igualdad siguen más vigentes que nunca.
