El derecho humano al agua es reconocido por el Estado paraguayo, pero no está siendo garantizado para toda la población por igual. La crisis sanitaria agravó las asimetrías en la prestación del servicio y en el propio disfrute de este derecho. La crisis en la gobernanza, la informalidad de los prestadores del servicio y la insuficiencia de datos sectoriales son las principales barreras que tiene el Estado para proteger y garantizar el derecho humano al agua.
