En este periodo continuaron los desalojos forzosos violentos, la apertura de procesos judiciales y las detenciones contra campesinos y, particularmente, contra pueblos indígenas. En varios casos, se realizaron desalojos de forma irregular, ya que se efectuaron sin orden judicial, por órdenes fiscales de allanamiento y por civiles armados sin facultades para su ejecución. Es un signo de alarma que en varias situaciones de desalojo hayan participado guardias privados o civiles armados que han actuado con violencia contra las comunidades. Lo grave es que las instituciones estatales no toman medidas para investigar y prevenir estos hechos irregulares.
