La tasa de mortalidad indígena causada por el COVID-19 fue tres veces mayor que en el resto de la población, lo que evidencia la desigual afectación de grupos vulnerables debido a una denegación estructural de derechos. Las comunidades indígenas se vieron también afectadas por desalojos violentos que pusieron en riesgo la vida de sus integrantes, en especial, mujeres, niños y niñas. Los magros avances, como por ejemplo el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, se ven desdibujados ante normas que aumentan las penas por hechos punibles y son utilizadas para criminalizar el reclamo de tierras.
La pandemia atravesó el cuerpo y los derechos humanos de las mujeres. Generalmente relegadas en distintos ámbitos sociales, con el colapso sanitario se hizo más evidente, pues dejó fuera el derecho a la salud. A esto se suma la lucha diaria por el sustento familiar y la imposición de un nuevo rol: el de maestras de sus hijas e hijos con la modalidad virtual en la educación formal. Y se agrega la violencia familiar a causa de la convivencia forzada, apreciada en un mayor número de denuncias.
La pandemia del COVID-19 continúa siendo el factor más relevante de impacto en nuestra sociedad, en general, y de la clase trabajadora, en particular. Entre sus múltiples efectos se destaca la vulneración de derechos laborales. Además de las dificultades propias del mercado de trabajo, sobresalen problemas relacionados con el desempeño de las instituciones públicas encargadas de resguardar derechos laborales, así como el respeto de los derechos y las garantías relacionados con la libertad sindical.
