La oleada de procesamientos penales iniciados por la violación a la cuarentena es un claro síntoma de la debilidad institucional del Estado paraguayo, que no cuenta con otra herramienta más efectiva que la penal para hacer frente a situaciones de crisis. Así, donde se deberían priorizar acciones que permitan garantizar derechos básicos a las personas, imperan la represión y las amenazas de castigo. Por otra parte, con la adopción del uso de herramientas telemáticas, ha quedado expuesta la falta de determinación de pautas claras en las regulaciones que las implementan, hecho que permite una cierta flexibilización de garantías claves en materia de debido proceso.
