Las trabajadoras domésticas se han visto obligadas a aceptar condiciones de trabajo precarias: sobrecarga de horas, salarios bajos e informalidad debido a la necesidad de contar con ingresos frente a las innumerables pérdidas de puestos de trabajo como consecuencia de la crisis general en la economía por el COVID-19. Desde el Estado, en el segundo año de pandemia, no se han promovido políticas ni programas específicos dirigidos al sector, la rama más feminizada del empleo y la economía.
La pandemia del COVID-19 continúa siendo el factor más relevante de impacto en nuestra sociedad, en general, y de la clase trabajadora, en particular. Entre sus múltiples efectos se destaca la vulneración de derechos laborales. Además de las dificultades propias del mercado de trabajo, sobresalen problemas relacionados con el desempeño de las instituciones públicas encargadas de resguardar derechos laborales, así como el respeto de los derechos y las garantías relacionados con la libertad sindical.
