Pronunciamientos de la Codehupy
Anexo 1
Covid-19 – Urge superar las excusas de un Estado aplazado en garantizar la atención sanitaria de su población
A casi un año de iniciarse la pandemia, la insuficiente respuesta dada por el Poder Ejecutivo para mitigar el contagio masivo de la población por el coronavirus, conlleva el dramático rostro de la angustia que cala cada vez más hondo en la población afectada por la pandemia. No hay campañas comunicacionales efectivas sobre la prevención, no hay medicamentos, no hay insumos, no hay vacunas ni promoción suficiente sobre la importancia de vacunarse. Esto es lo que se escucha y constata en todas partes mientras la preocupación se transforma en una verdadera desesperación en el seno de la población.
En este sentido, resulta inentendible que el mayor endeudamiento público de la historia reciente de nuestro país no haya redundado en la posibilidad de contar con los medicamentos e insumos hoy demandados. Esto compromete la vida de cada vez más pacientes y sus familias que se ven obligados a sacrificar todos sus bienes y recursos para adquirir en el sector privado aquello que inexplicablemente carece el servicio público. A esto se suma la falta de control de precios en las farmacias y ahora la suspensión de todas las cirugías programadas, situación que agrava aún más el insostenible y de por sí precario sistema de salud pública existente.
Ante esto, el Estado debe entrar a regularizar los precios de los medicamentos que son indispensables para el tratamiento del COVID-19 y de una buena vez, aprenda de sus carencias y errores y tome medidas suficientes a futuro que conlleven a un sistema sanitario público y financiado con recursos genuinos, con insumos, estructura y personal de salud suficiente, dado que esta pandemia no hizo más que desnudar el precario sistema sanitario y la tendencia privatizadora con que los últimos gobiernos han pretendido concretar la atención sanitaria, en detrimento del derecho a la salud de sus habitantes.
En este contexto, la Codehupy también ha recibido información preocupante sobre la adopción de medidas disciplinarias que afectan al personal de salud que denuncia y protesta por las inadecuadas condiciones en las cuales está prestando su servicio, a raíz de la falta de insumos y medicamentos. Esto podría configurarse en una represalia absolutamente inaceptable hacia el mismo y aún más reprochable en estos momentos; además de consecuencias legales que entrarían a complejizar aún más la gestión sanitaria.
Por otra parte, en esta delicada coyuntura y ante la falta de suficiente diligencia del Estado, queremos instar a la población, que en gran medida depende de sí misma para no ser afectada por la pandemia, adopte un comportamiento social responsable, que acate todas las recomendaciones sanitarias vigentes, por ser estas indispensables para controlar la propagación del virus.
Por último, la Codehupy considera que, dada la gravedad de la situación general, es el momento en el cual el Poder Legislativo debe estudiar y sancionar una ley de emergencia que autorice al Ministerio de Salud Pública a realizar el embargo y utilización como propios de todos aquellos insumos y medicamentos obrantes en el sector privado, así como un plan de pago para el mismo, conforme a criterios de salud pública, al margen de la especulación de precios generada en los mercados nacionales e internacionales en pro del enriquecimiento privado y en detrimento de la salud de la población. También que faculte a dicha cartera de Estado a la realización de adquisiciones directas, de todo aquello que es indispensable para la atención gratuita y el acceso a los medicamentos necesarios de las personas hospitalizadas por coronavirus y otras patologías. Además, debe establecerse un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía, claro, excepcional y con instrumentos sencillos de exigibilidad que permitan hacer el seguimiento de todo el proceso con el objeto de disuadir los penosos actos de corrupción ya revelados en el 2020 en este contexto de pandemia.
Coordinación de turno: Juan Sebastián Cabral, Fundación Vencer; Belinda García, Cladem; y Néstor Vera, Sunú. Secretario Ejecutivo: Óscar Ayala Amarilla.
Anexo 2
Lamentamos más muertes y llamamos a analizar el modelo de seguridad vigente en la zona norte
Ante un nuevo episodio de violencia que entristece y enluta a todo el país, manifestamos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas del atentado ocurrido el día de la víspera, a quienes hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias.
Por otra parte, ante la crisis de seguridad que vive el país, reiteramos la convicción ya expresada por la Codehupy, que es la misma de cada una de sus organizaciones miembros, de rechazo y condena hacia la violencia armada, el crimen y toda forma de terrorismo que bajo cualquier bandera, estatal o no estatal, se pretenda invocar para justificar un accionar incompatible con el respeto a la dignidad de las personas y los principios de los derechos humanos.
Así también, la Codehupy reitera su creciente preocupación por la imposibilidad gubernamental de contener y prevenir los crímenes y ataques a las fuerzas públicas, que se evidencia con el reciente secuestro y homicidio del joven Jorge Ríos y el atentado que el día de ayer costó la vida a tres militares en servicio.
Ante esta situación, la Codehupy reclama un análisis riguroso y responsable sobre el modelo de seguridad vigente, cuya legalidad ha sido cuestionada desde el inicio por ser inconstitucional, así como por sus escasos resultados, circunstancias que impiden alentar su continuidad, sin que previamente se hagan cambios que redunden en medidas efectivas de protección para todas las personas, en especial para aquellas que habitan en los departamentos del norte de nuestro país.
Coordinación de turno: Víctor Bareiro, Seija; Ramón Corvalán, Serpaj; Lila Molinier, Tape’a. Secretario Ejecutivo: Óscar Ayala Amarilla.
Anexo 3
Una propuesta insensata que profundiza el conflicto social
Elevar la pena y modificar la categorización jurídica del hecho punible de invasión de inmueble ajeno con el objeto de transformar un delito en crimen, tal como se pretende en el Senado, es una propuesta insensata que contribuye a aumentar el descontento y la conflictividad social.
Es una acción legislativa concebida por fuera del Estado Social de Derecho que conlleva el propósito indisimulado de proteger, en muchos casos, la apropiación y usurpación de inmuebles de propiedad pública o indígena, valiéndose del discurso de la defensa de la propiedad privada para encubrir a los acaparadores de tierras que en buena ley no podrían ejercer la titularidad de los derechos que invocan, como lo hacen para oponerse a la reforma agraria o la restitución de tierras a comunidades indígenas.
La propuesta en curso, al prescindir de una consideración social sobre la cuestión agraria y promover una perspectiva criminalizadora mediante la reforma penal, más bien, se inscribe en el mismo sentido que otras, propiciada por los mismos actores que defienden los mismos intereses mezquinos y con iguales características y propósitos. Es un paquete legislativo que no solo niega una realidad de despojo en el Paraguay, sino busca favorecer situaciones irregulares intentando su validación a costa de la exclusión de una mayoría.
La construcción de la impunidad sobre las tierras malhabidas mediante la perversión de las leyes y la criminalización de las luchas sociales son fenómenos que históricamente han degradado y vaciado de contenido la democracia. Son el resultado más trágico de la desigualdad y del ejercicio abusivo del poder para favorecer los privilegios de un sector económico políticamente sobre-representado, que actúa desconociendo la vigencia plena de los derechos humanos.
En este sentido, la Codehupy hace un llamado a la clase política para construir un camino de participación genuina de todos los sectores sociales, donde la democracia se oxigene con un diálogo en condiciones de mayor igualdad para no derivar en un régimen de imposición de unos sobre otros por simple mayoría. El Congreso tiene en la coyuntura la responsabilidad de acabar con la insensatez de propuestas legislativas como las anunciadas para reformar el Código Penal y el Estatuto Agrario, si no quiere atizar la conflictividad social y quebrar definitivamente las posibilidades de una convivencia democrática en el Paraguay.
Coordinación de turno: Lila Molinier, Tape’a; Ramón Corvalán, Serpaj; Eduardo Carrillo, Tedic. Secretario Ejecutivo: Óscar Ayala Amarilla.
Anexo 4
Estamos hipotecando el medioambiente y las consecuencias las pagaremos todos y todas
Cada año, el 21 de septiembre se recuerda el Día Internacional de Lucha contra el Monocultivo de Árboles, es decir, contra plantaciones extensivas (a gran escala) de una sola especie de árboles, reemplazando así todo tipo de ecosistemas naturales y con ello la biodiversidad de fauna y flora.
A propósito de este día, desde el Grupo de Trabajo Ambiente y Derechos Humanos de la Codehupy, conformado por las organizaciones Base Is, Asociación Gente, Ambiente y Territorio (GAT), Heñói, Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco e Iniciativa Amotocodie aprovechamos la fecha para alertar a toda la sociedad que:
Cada hectárea de monocultivo de árboles, que se presenta como «reforestación», es una mentira que desertifica, contamina y destruye la biodiversidad de nuestros bosques.
Cada hectárea de monocultivo de árboles es una hectárea que no se restaurará de vuelta a su ecosistema original ni se usará para cultivar alimentos de manera sostenible. Por lo tanto, cada proyecto de monocultivo de árboles es elegir priorizar ganancias para unos pocos por encima del clima, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.
En nuestro país, esta lógica ya destruyó la región Oriental, y está destruyendo aceleradamente los ecosistemas del Chaco. El acaparamiento de las mejores tierras por vías ilegales e ilegítimas es una hipoteca ambiental, social y económica con una altísima tasa de interés que ya comenzamos a pagar todos y todas con los efectos del cambio climático. Esta hipoteca nos impide satisfacer las necesidades de una vida digna para toda la población.
Las plantaciones extensivas de árboles, como todos los monocultivos, impiden la vigencia de los derechos humanos, especialmente los derechos a un ambiente sano, a una alimentación adecuada, al agua limpia; y destruyen la esperanza de sobrevivencia de la especie humana.
Por todo esto llamamos a las autoridades, a los tomadores de decisión del sector privado, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía, a profundizar la mirada crítica hacia los agronegocios en general y las plantaciones de árboles en particular. Si queremos un futuro, es necesario frenar la codicia, mejorar nuestra matriz energética y recuperar nuestros ecosistemas, porque sin ellos, a largo plazo, no habrá posibilidad de vida.
Anexo 5
No al cuoteo político
El pueblo indefenso necesita un verdadero defensor
Un nuevo Defensor del Pueblo será ternado en estos días por Senadores al concluir el periodo del actual, Miguel Godoy. Desde la Constitución del 92, apenas dos Defensores ejercieron esta función, cada uno con evidentes deficiencias e irregularidades; ni siquiera fueron conocidos por el pueblo, al que debían defender en sus más elementales derechos humanos, tales como la tierra, el trabajo, la vivienda, la educación y la salud. Por tanto, lo peor que pueden hacer ahora nuestros legisladores sería ratificar en su puesto al actual Defensor o elegir otro que no reúna las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia, habiendo muchos postulantes reconocidos por su trayectoria de compromiso con los sectores más necesitados de nuestro pueblo, como los indígenas, los campesinos, los obreros, las poblaciones marginales.
Para un pueblo pobre e indefenso como el nuestro, víctima permanente de prepotencias e injusticias, es muy importante el poder contar con un Defensor eficiente que camina con su pueblo. Sería una burla al pueblo que la elección se haga por cuoteo político, por intereses de los políticos y no por el bien del pueblo, ya que, según nuestra Ley Suprema, las funciones del Defensor son: la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios (art. 276).
El Defensor del Pueblo es considerado hoy como un símbolo de todo Estado democrático, la esencia de lo que el Gobierno debería hacer, es decir, fomentar el bienestar ciudadano, defender las libertades individuales y velar para que la burocracia administrativa trate con equidad a todos los ciudadanos. Que no se agrave, por tanto, la ofensa al pueblo con una elección que no responda a las necesidades y derechos de nuestro sufrido pueblo.
Hacemos un llamado de alerta a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y de pueblos indígenas a estar alerta frente a este intento de atropello por parte de un grupo de parlamentarios que actúan a espaldas del pueblo.
Mesa Memoria Histórica
Anexo 6
Pronunciamiento: ¡Justicia y tierra para la comunidad indígena Hugua Po’i!
Hoy, a tempranas horas, 70 familias indígenas han pasado a confirmar lo que ha sido un año plagado de violaciones hacia comunidades indígenas en Paraguay en lo que respecta al derecho particular que les asiste de no ser removidas de su hábitat sin su consentimiento. Hugua Po’i, asentada en parte del territorio ancestral del Pueblo al que pertenecen, hace años viene reclamando la restitución de 1.000 hectáreas. Y hoy, 18 de noviembre de 2021, fueron desalojados sin ningún ente público que abogue, en ejercicio de sus funciones, lo que corresponde en derecho. Hoy han sido privados de sus tierras, destruidos sus viviendas, cultivos, lugares sagrados, en un operativo vergonzosamente aparatoso ante humildes familias, hombres y mujeres, con bebés en sus brazos, que bajo la lluvia han debido salir con las escasas pertenencias que pudieron salvar.
La disposición constitucional es clara: A LOS INDÍGENAS NO SE LOS DESALOJA. Lo que hoy ocurrió es una violación expresa a la Constitución de la República del Paraguay, además de a leyes reglamentarias y a varias disposiciones internacionales de derechos humanos. En el 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasión de condenar al Paraguay por la violación de derechos territoriales indígenas, señaló claramente que el hecho de que las tierras estén en manos de particulares no es argumento suficiente para denegar el derecho de restitución territorial, por lo que el Estado, antes que desalojar, debe valorar los derechos de todas las partes interesadas y resolver en consulta y consenso la resolución al conflicto suscitado. Por otra parte, en esa misma sentencia condenatoria, encontró responsable al Paraguay de discriminar a los indígenas, puesto que siempre que entraban en conflicto los derechos indígenas con los de particulares, se priorizaba, sin discusión suficiente ni garantías de protección, a los derechos particulares. En este acto, con el desalojo, el Estado está reiterando conductas bajo criterios por lo cual fue condenado.
Este V Seminario Internacional, que hoy se congrega a compartir experiencias de luchas y resistencias, se suma a la denuncia y al reclamo de indignación hacia un Estado que, ya sin disimulo, se propuso omitir cualquier tipo de cumplimiento que asiste a los derechos territoriales de las comunidades más empobrecidas.
Y también se solidariza con la comunidad indígena Hugua Po’i, con las 70 familias que hoy están en la calle, sin un lugar donde ir, y en su nombre se solidariza con todas las comunidades indígenas que en este 2021 fueron desalojadas. Y la solidaridad se vuelve activa, al comprometerse a sumar su aporte para que la injusticia hoy cometida contra esta comunidad no quede en la impunidad y que este Estado, que se dice ser de todos y todas, asuma los compromisos que tiene para todas las personas que lo habitan.
¡Justicia y tierra para la comunidad indígena Hugua Po’i! ¡Justicia y tierra para todas las comunidades desalojadas!
Pronunciamiento del V Seminario Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Asunción
