Derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas

Camino al 2023: sin alimentos y sin esperanzas

Sara Montiel

Heñói, Centro de Estudios y Promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental

Palabras clave: agricultura campesina familiar, comunidades indígenas, dependencia alimentaria, ollas populares, soberanía alimentaria
Citar

Montiel, S. (2021). Camino al 2023: sin alimentos y sin esperanzas. En Codehupy (Ed.), Derechos Humanos en Paraguay 2021 (195-210). Asunción, Paraguay: Codehupy.

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La situación del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas no muestra avances en la materia ni esperanzas para el futuro. El papel del Estado está más que claro: se satisfacen necesidades de grandes empresarios y existe un abandono total de necesidades de la población vulnerable del país, agricultura familiar campesina y comunidades indígenas víctimas del modelo económico y productivo que destruye y contamina el país.


En el análisis se presentan hechos relevantes ocurridos durante el último año que representan violaciones al derecho a una alimentación adecuada, dentro de la nueva coyuntura de pandemia COVID-19, que terminó de dar el último golpe al sistema alimentario del país.

Situación del derecho

Sin avances y caminando para atrás

Actualmente, Paraguay se encuentra en una situación de crisis alimentaria, sanitaria, climática y social debido al modelo productivo extractivista y capitalista instalado en el país y en el mundo, basado en una producción agrícola y ganadera para exportación, con una gran concentración de la tierra en manos de un grupo reducido y con un bajísimo presupuesto público destinado a la agricultura campesina familiar. En paralelo, se da la pérdida de germoplasma nativo, y con esto, la pérdida de conocimiento y saberes asociados a la reproducción de semillas nativas.

Tomando como referencia los últimos informes de la situación del derecho a la alimentación, todos sostienen la misma problemática en el país: aproximadamente 840.000 personas subalimentadas, es decir, personas con dietas alimentarias insuficientes, ya sea por cantidad necesaria o falta de nutrientes, y 2 millones en riesgo[1] de encontrarse en la misma situación. En este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)[2] también afirma que: «Desde 2017 a 2019, la prevalencia de la subalimentación aumentó un 4% en los países afectados». Asimismo, explica que: «La prevalencia de la subalimentación y su aumento constante se atribuyen, en gran medida, a países afectados por conflictos, por condiciones climáticas extremas y por debilitamientos de la economía, así como a países con una desigualdad de ingresos elevada».

El crecimiento de la superficie sembrada para producción de materia prima exportable conlleva la disminución de la producción campesina e indígena, aportando significativamente a la inseguridad alimentaria en el país; soja y carne que «puede alimentar a setenta millones de personas en el mundo»[3], pero mantiene a su pueblo sin acceso a alimentos completos, variados e inocuos.

El mito de la baja productividad de la agricultura convencional

La dependencia alimentaria que atraviesa el país, y que solo se hace imposible de ignorar desde la pandemia COVID-19, es uno de los problemas que enfrentan todos los días quienes habitan en el país, ya sea como consumidores o como productoras y productores incapaces de sostener la producción de diferentes rubros de alimentos, situación que se da en un país con las capacidades más que suficientes para mantener a su población con alimentos variados, nutritivos y libres de veneno de agroquímicos.

En una conferencia en octubre de 2021[4] sobre la necesidad de promover acciones de anticipación para hacer frente a las crisis de los sistemas alimentarios de manera más eficaz, el titular de la FAO afirmó: «La baja productividad, el cambio climático, la pandemia de Covid-19 y los conflictos son las principales razones de las crisis alimentarias». En nuestro país, la baja productividad de la agricultura convencional es un mito. Sobre el escenario del primer trimestre del 2021, el Centro de Estudios Heñói[5] señala:

El discurso a partir del cual promueven la «modernización» y sus negociados los sectores de poder económico y político en el país, es que la producción nacional es de baja calidad e insuficiente para cubrir la demanda nacional. Esto en realidad es una transferencia de la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado, que en el primer trimestre han tenido escasa ejecución presupuestaria […], con unas pocas migajas para la población productiva campesina, sin formular una estrategia de desarrollo nacional que parta de las necesidades concretas y de los planteamientos del sector campesino e indígena. […] Por el contrario, lo que sí se observan son las facilidades para el sector importador de productos hortícolas y el escaso control en el ingreso de contrabando de dichos productos al país […].

Dependencia alimentaria en aumento

En solo este último año, la variación de precios en productos de la canasta básica tuvo un aumento importante[6], especialmente en rubros de carne (vacuna, porcina y aviar), mandioca, lechuga, etc. (tabla 1). El propio presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados decía que era una realidad que había que entender, se dio por retrasos logísticos y el aumento de materias primas[7]. En el caso específico de la carne, «se crean las “falsas crisis de precios”, puesto que están cada vez menos sujetas a una demanda real […] el precio de la carne es definido por la especulación internacional, y no por la oferta y demanda local»[8].

Tabla 1. Comparación de incrementos de precios

Rubro Septiembre 2020 (kg/Gs.) Septiembre 2021 (kg/Gs.) Variación (%)
Carne vacuna (rabadilla) 34.042 48.062 41,2
Pechuga de pollo 11.330 18.162 60,3
Lácteos 4.683 6.000 28,1
Mandioca 2.008 3.350 66.8
Locote 9.417 12.925 13,2
Lechuga 1.233 1.737 40,9
Fuente: Elaboración propia de fuentes de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).

El rubro del tomate también se suma a la extensa lista de alimentos que sufren variación de precios en el año. Comerciantes del Mercado de Abasto comentan que podría llegar a subir hasta 20.000 guaraníes por kilo debido a la escasez del producto a nivel nacional[9], dejando en evidencia la dependencia alimentaria por la importación de rubros alimentarios. En el último artículo sobre el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas del 2020, también se comentaba que, en el país, «apenas 10 importadores controlan el 51% del mercado de tomate importado y el 82% del locote importado» y que «esta dependencia de un oligopolio —que además cumple la ley solo ocasionalmente— agudiza la amenaza de escasez»[10].

Lo expuesto solo deja en evidencia la falta de regulaciones, control y programas de apoyo a productoras y productores de la agricultura familiar campesina (AFC) para la producción nacional.

Soberanía alimentaria y lucha por la tierra de la agricultura familiar campesina y comunidades indígenas

En este periodo, movimientos de campesinas y campesinos y comunidades indígenas fueron protagonistas en las calles de la lucha interminable por la tierra, uno de los factores importantes en cuestión del derecho a la alimentación y a la producción de alimentos.

El 23 de septiembre de este año se aprueba de manera meteórica una normativa[11] que eleva la condena a quienes ingresen con violencia al inmueble ajeno[12].

En 2019 se creó el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina (VAF), por disposición de la Ley N.º 6286 «De Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina», con el objetivo de regular las condiciones básicas que garanticen la restauración, la defensa, la preservación, la promoción y el desarrollo de la agricultura familiar campesina, por su elevada importancia para la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo. Sin embargo, recién en abril de este año asumió el cargo del viceministerio el Ing. Agr. Ebert Benítez Villalba[13].

Los agrotóxicos en el consumo diario de la población paraguaya

Ya que el último censo alimentario y nutricional se realizó hace más de 50 años[14], esto quiere decir que el Gobierno desconoce qué es lo que consume la población y hay una ignorancia en cuanto a la demanda actual de alimentos en el país. El Estado nacional tampoco sabe cuál es el impacto real de los agrotóxicos, cuyo uso aumenta con cada hectárea de monocultivo de soja u otro, y con eso aumenta el riesgo en la producción de alimentos inocuos para la población.

Un ejemplo de irresponsabilidad en la gestión de agrotóxicos es el del clorpirifos, un insecticida organofosforado, cuya prohibición ha sido foco de una de las campañas más largas y masivas para eliminar su uso en el planeta, ya que

impacta directamente en el sistema nervioso; causa daños a nivel celular en el feto y discapacidad física e intelectual en niñas y niños por nacer. La exposición aguda puede causar la muerte; la crónica, produce el mal funcionamiento del sistema nervioso central, sus efectos son irreversibles[15].

Argentina logró la prohibición durante el periodo observado, mientras que en el país el compuesto está permitido. En los últimos cinco años, Paraguay permitió el ingreso de 285.345 kilos de este compuesto, que seguramente ha terminado en nuestros platos y cuerpos[16].

El pasado 13 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[17] encuentra responsable al Estado paraguayo de violar los derechos de indígenas, debido a la falta de prevención y control de la contaminación de sus tierras, causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas. La acusación responde a la denuncia presentada por la comunidad ava guaraní del distrito de Curuguaty, zona de mayor expansión del agronegocio, rodeada por grandes empresas dedicadas al cultivo de soja genéticamente modificada. La comunidad sufre desde 2009 las fumigaciones que se realizan, alterando profundamente el hábitat de la comunidad, contaminando sus cursos de agua, destruyendo cultivos y matando animales de cría. La decisión del Comité obliga al Estado paraguayo a adoptar medidas de: investigación de hechos, manteniendo informada a la comunidad; seguimiento de procesos penales y administrativos en contra de los responsables; indemnizaciones y reembolsos de costos legales a víctimas del caso; y medidas para reparar degradación ambiental, entre otras. Además, el Estado debe presentar un informe de cumplimiento de las medidas luego de 180 días.

¿Quiénes son los más vulnerados en el derecho esencial de la alimentación?

En su informe, la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación acerca de su misión al Paraguay destaca grupos de la población que requieren atención especial[18]: las comunidades indígenas, niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores son la población con mayor vulnerabilidad ante las consecuencias de esta crisis alimentaria y sanitaria, y suelen ser los últimos en la lista a la hora de tomarse medidas.

En el caso de comunidades indígenas, es más que palpable la situación de precariedad en la que viven, donde los esfuerzos del ente encargado de velar por sus necesidades no son evidentes. El libro Salud, enfermedad y pobreza urbana[19] presenta una comparación de datos de defunciones entre población indígena y no indígena. En cuanto a la esperanza de vida, la de una persona indígena es de 37 años, mientras la de una no indígena es de 68. Entre las causas de la mortalidad indígena se citan enfermedades nutricionales, metabólicas y respiratorias. «Las causas de las muertes de la población indígena para 2015 probablemente guarden similitud con una lista de los principales motivos de defunción de la población general del Paraguay, pero del año 1930», señala el estudio.

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), en el marco del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (Sisvan) sobre resultados de situación nutricional de niños menores de 5 años[20] en 2019, relevó que la desnutrición crónica se observó en el 10,9% de la población en áreas rurales. Por otro lado, la prevalencia de exceso de peso fue del 25,7% (17,3% sobrepeso y 8,4% obesidad), siendo mayor en áreas urbanas.

Con relación a la situación nutricional de la población de mujeres embarazadas[21] en el periodo 2020, el INAN informa que tanto las cifras de bajo peso como de obesidad son elevadas: 26,4% (bajo peso) y 34% (obesidad). A su vez, el bajo peso es mayor en áreas rurales (26,9% contra 26,1%), mientras que la obesidad es mayor en áreas urbanas (35,9% contra 32,1%).

En el año 2020, por el Decreto N.º 3816, se logra la reglamentación de la Ley N.º 6381/2020 que modifica y amplía la Ley N.º 3728/2009 «que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas mayores en situación de pobreza», con la finalidad de que personas adultas mayores en situación vulnerable accedan a un subsidio que permita cubrir necesidades básicas[22].

Análisis presupuestario

El presupuesto del MAG en el 2020 fue de Gs. 898.995.498.859[23], cuya ejecución ese año alcanzó solo el 55%[24]. El presupuesto vigente del 2021[25] es de Gs. 719.192.308.012, con 39% del presupuesto ejecutado a septiembre.

Con respecto a programas[26] destinados exclusivamente a agricultura familiar campesina y comunidades indígenas, cabe aclarar que existen algunos donde pueden estar incluidas estas poblaciones, pero no de manera exclusiva. Dentro del MAG se tuvo un presupuesto de Gs. 308.665 millones en el 2021 y, a septiembre, su ejecución alcanzó Gs. 121.048 millones[27] (tabla 2).

Tabla 2. Comparación de presupuestos destinados a AFC (en millones de guaraníes)

2020 2021
Presupuesto vigente Presupuesto ejecutado Presupuesto vigente Presupuesto ejecutado
Total de programas con atención directa exclusiva para AFC y comunidades indígenas 400.388 160.963 308.665 121.048
Porcentaje del presupuesto del MAG destinado a programas de AFC y comunidades indígenas 45% 32% 43% 17%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda[28].

Es importante destacar el bajo presupuesto destinado a capacitaciones y apoyo a agricultura familiar campesina y comunidades indígenas en concepto de comercialización. La Dirección de Comercialización —encargada de dicha problemática en el MAG— cuenta con un porcentaje muy pequeño dentro de su presupuesto: 2% en el 2020 y 1,2% en el 2021[29]. El acceso a los mercados es una problemática importante que enfrenta la agricultura campesina, con la dependencia de cambios en los precios y la intermediación para la comercialización justa de alimentos.

Luego de la implementación de la Ley de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina, se dictó el Decreto N.º 3929/2020 que la reglamentó. El MAG se encuentra en proceso de conformación de un comité para la institucionalización del VAF y dentro del presupuesto del MAG del 2021 aprobado ya se encuentra incluida la actividad 20 de «Agricultura familiar campesina»[30]. La cobertura destinada a la agricultura familiar para el 2021 tuvo una disminución, comparado con el 2020, debido a asignaciones presupuestarias destinadas al MAG.[31]

En relación con el presupuesto general del MAG para actividades de agricultura familiar campesina, en un punto se menciona un monto destinado a una «Dirección de Agricultura Familiar»[32] con un monto de Gs. 9.260.000.000. Dicha Dirección no forma parte del VAF, ya que este se encuentra sin presupuesto asignado. En conclusión: en el año 2021, el Viceministerio no tuvo presupuesto debido al lento proceso de su implementación, apenas se asigna un fondo a través de una Dirección de Agricultura Familiar que no cuenta con ninguna dependencia dentro del organigrama del Viceministerio. Así también, para el 2022, en el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 del MAG[33] se prevé un presupuesto de Gs. 3.635.060.000 en la actividad 20 «Gestión administrativa para la promoción de la Agricultura Familiar Campesina».

En respuesta a pedidos de apoyo a comedores y ollas populares, el Programa de Comedores Comunitarios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tuvo un presupuesto vigente de Gs. 13.891.270.000 en el 2020 y un porcentaje ejecutado del 33%; para el 2021, su presupuesto vigente bajó a un monto de Gs. 12.424.663.720, cuya ejecución, a septiembre, llega solo al 31%[34]. Según el director del mencionado programa, algunas de las actividades contempladas en este año son, además de la entrega de víveres, un monitoreo y una fiscalización de los comedores, con verificación documental e in situ en varias organizaciones[35].

Programas Ñangareko y Pytyvõ

Dando un seguimiento a lo informado en el 2020[36], para el 2021 se dispone de información sobre presupuesto y cantidad de subsidios entregados de los programas Ñangareko —de bonos alimenticios para familias— y Pytyvõ, destinado a trabajadores informales (tabla 3).

Tabla 3. Subsidios entregados (2021)

Total subsidios (en millones de Gs.) Subsidios entregados

(en millones de Gs.)

Meta de subsidios a entregar

(en millones de Gs.)

Ñangareko 165.000 259.663 330.000
Pytyvõ 1.202.618 2.193.718 2.193.718
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MapaInversiones + Módulo COVID-19[37].

Respuestas de la sociedad civil ante la crisis alimentaria

Lucha regional y global: alimentos para los pueblos, no para las corporaciones

Del 26 al 28 de julio de 2021 se realizó una Precumbre de la Cumbre de los Pueblos de América Latina por la transformación de Sistemas Alimentarios[38]. El evento principal se llevó a cabo del 20 al 23 de septiembre, con activa participación de diversos grupos del Paraguay y diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Con respecto a las últimas, este año su participación en la Cumbre fue poca o nula. Al respecto de su no participación, la Coalición Mundial por los Bosques afirmó:

lo que podría ser el escenario para avances reales en la transición hacia Sistemas Alimentarios saludables y sostenibles en América Latina, en realidad está dando espacio a los intereses de la industria alimentaria, la agroindustria (principalmente ganadería extensiva) y los agronegocios y donde organizaciones y la sociedad civil exigen un cambio estructural en el modelo de producción y consumo de alimentos[39].

Ollas populares

La replicación de ollas populares fue una acción que nació en plena pandemia, llevada adelante en todo el país por mujeres de barrios vulnerables en Asunción y otras ciudades grandes. En el informe anterior[40] se mencionaba que:

Fueron también mujeres las que lideraron la conformación de una Red Nacional por el Derecho a la Alimentación, y la iniciativa legislativa que culminó con la sanción de la Ley N.º 6603/2020 «de apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del covid-19». Consiguieron que la ley se promulgara el 14 de septiembre y, a la fecha de cierre del presente informe, demandan su reglamentación y efectiva implementación.

La Red Nacional está conformada por más de 100 ollas de los bañados Sur, Tacumbú, Chacarita, Norte y Zeballos Cué, y de las ciudades de Mariano R. Alonso, Luque, Itá, Itauguá, San Antonio, Ñemby y Limpio. Hasta la fecha, la ley de apoyo a ollas populares sigue sin tener un presupuesto asignado y, por ende, continúa sin ser implementada.

En septiembre del 2021, esta red instaló una carpa de la resistencia en la plaza Juan E. O’Leary exigiendo el veto parcial del proyecto de Ley N.º 6809/2021[41] y la asignación de un presupuesto a la Ley N.º 6603/2020[42]. Una persona representante de la red afirmó que el Gobierno atenta contra el derecho a la alimentación de unas 7.000 familias, un total de 20.000 personas que acceden al menos a una comida diaria, al dejarles sin presupuesto para seguir realizando las ollas populares[43].

La respuesta del Gobierno fue clara y llegó a finales de septiembre[44], cuando el presidente Mario Abdo emitió la reglamentación de la Ley N.º 6809/2021, por medio del Decreto N.° 5996[45], y aceptó modificaciones que dejan sin financiamiento a las ollas populares, cambiando la única vía de asistencia a las ollas en ese entonces, por «entrega de kits alimentarios».

La candidata a la intendencia Johana Ortega, en el marco de las elecciones municipales de octubre de 2021, realizó un pedido de información pública a la Municipalidad de Asunción sobre el presupuesto asignado al rubro 832 destinado a emergencias, con tanta repercusión por sobrefacturaciones de saturómetros y detergentes «de oro»[46]. A raíz de esto, el ente municipal publicó en su página web rendiciones de cuentas con presupuestos varios, incluyendo la «adquisición de kits de alimentos para comedores de las zonas vulnerables de los bañados en periodos de pandemia COVID-19» en los meses de marzo, junio, julio y noviembre del 2020, con las empresas y los montos adjudicados globales[47] (tabla 4). Sin embargo, no había información sobre cómo se gastaron los montos adjudicados y en concepto de qué. En los documentos disponibles tampoco se especifica a qué barrios de Asunción se hizo la entrega de los supuestos kits de alimentos para hacer frente a la pandemia.

Tabla 4. Adjudicaciones sobre adquisición de kits de alimentos para comedores de las zonas vulnerables de los bañados en periodos de pandemia COVID-19. Municipalidad de Asunción

N.º de Llamado Fecha adjudicación Empresas adjudicadas Monto adjudicado (Gs.)
10 16/03/2020 Don Manuel de Manuel Román 599.582.000
Comercial Ramírez y Compañía S.A. 359.819.000
San Benito Ind. y Com. Rep. S.A. 239.763.000
15 15/06/2020 Grupo Orca S.A. 349.980.000
La Comercial Asuncena S.R.L. 209.760.000
Grimex S.A. 139.840.000
17 29/07/2020 Grupo Orca S.A. 400.015.000
La Comercial Asuncena S.R.L. 239.855.000
Grimex S.A. 159.775.000
21 02/12/2020 Grupo Orca S.A. 749.838.600
Cova de Juan Rodríguez 449.992.800
La Comercial Asuncena S.R.L. 299.845.800
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunción[48].

Conclusiones

Durante el periodo observado, la situación del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas no muestra avances en la materia ni esperanzas para el futuro. El papel del Gobierno está más que claro: se satisfacen necesidades de grandes empresarios de forma alevosa y existe un abandono total a las necesidades de la población y, sobre todo, de colectivos vulnerables de la agricultura familiar campesina y comunidades indígenas víctimas del modelo económico y productivo que destruye y contamina el país.

Recomendaciones

  • Evaluar políticas y herramientas legales que defiendan y fortalezcan a la agricultura familiar campesina y la indígena, así como su efectiva implementación, no viéndolo como un negocio rentable, sino atendiendo sus necesidades y resaltando su importancia en la soberanía alimentaria del pueblo.
  • Reglamentar la Ley N.º 3742/2004 «De control de productos fitosanitarios de uso agrícola», que establece el régimen legal de registro y control de todo producto fitosanitario de uso agrícola a partir del ingreso de estos al territorio nacional. Además, contempla medidas de compensación a comunidades afectadas y sistemas de monitoreo de casos de violación de la ley.
  • Tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora Especial para el derecho a la alimentación[49], entre ellas:
      • 106. b. Elaborar y adoptar una ley marco nacional de derecho a la alimentación basada en derechos humanos y con puntos de referencia y planes de ejecución eficaces para cada región. El marco presupuestario debería incluir también las medidas presupuestarias y fiscales necesarias, sostenibilidad a largo plazo, autoridades y organismos responsables de la aplicación y la adecuada supervisión y rendición de cuentas de los mecanismos establecidos y la participación plena y activa de todos los actores interesados, incluidos los más vulnerables al hambre.
      • 106. d. Establecer un marco jurídico eficaz para la protección del medio ambiente, que incluya, en particular, la protección contra el uso de productos agroquímicos tóxicos, que establezca sanciones apropiadas para los que infringen la ley y una compensación adecuada de las personas afectadas y sistemas de monitoreo para su implementación.
      • 106. f. Proteger y promover la agricultura familiar como modelo productivo. El apoyo y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas y jóvenes, deberían ser aumentados, asegurando el acceso equitativo a la tierra y otros recursos productivos.

Por ser recomendaciones vigentes, se reiteran las del informe del año anterior.

  • Reglamentar e implementar la Ley N.º 6603/2020 «De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del covid-19». Crear comités departamentales y municipales de combate al hambre y fomento de la producción de alimentos, con participación de los consejos de Salud, Codenis, oficinas de asuntos sociales y organizaciones de la sociedad civil en territorio, para articular una respuesta inmediata a las familias con hambre.
  • Establecer una política de control de precios de la canasta básica alimentaria, si es necesario subsidiarlos.
  • Avanzar en la implementación de la reforma agraria contemplada en la Constitución Nacional. Suspender inmediatamente todos los procesos judiciales en los que se litiga titularidad de tierras, así como procesos de desalojo, que impiden el derecho a la tierra y el territorio a pequeños agricultores familiares y comunidades indígenas, como está garantizado en la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario, entre otras normas.

  1. FAO, FIDA, Unicef, PMA y OMS, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición (Roma: FAO, 2018), http:// www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf
  2. FAO, FIDA, OMS, PMA y Unicef, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (Roma: FAO, 2021), https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
  3. Víctor J. Imas (coord.), Seguridad y Soberanía Alimentaria en Paraguay – Sistema de indicadores y línea de base (Asunción: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya – CADEP, 2019), https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/seguridad_soberania_alimentaria_cadep.pdf
  4. «La FAO aboga por acciones de anticipación para evitar las crisis alimentarias», Última Hora, 12 de octubre de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/la-fao-aboga-acciones-anticipacion-evitar-las-crisis-alimentarias-n2966136.html
  5. «Paraguay, camino a un escenario convulsionado. Elementos del primer trimestre del 2021 para el análisis», Heñói, 23 de julio de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://henoi.org.py/2021/07/23/paraguay-camino-a-un-escenario-convulsionado-elementos-del-primer-trimestre-del-2021-para-el-analisis/?fbclid=IwAR3rTgE2OszKq1VwsN6uGU5wngS1IXNtsgp2CE7K7Cl_fbfCbtD0GGYh1PQ
  6. Sedeco, Monitoreo Canasta Familiar 2020/2021, http://www.sedeco.gov.py/index.php/publica/monitoreo-canasta-familiar
  7. «Precios aumentaron hasta más de 40% en 12 meses», Última Hora, 12 septiembre de 2021, acceso el 15 septiembre de 2021, https://www.ultimahora.com/precios-alimentos-aumentaron-mas-40-doce-meses-n2960902.html
  8. Sarah Zevaco y Alhelí González Cáceres, «El agronegocio de la carne: expansión, especulación y contaminación a bajo costo», en Marielle Palau (coord.), Con la Soja al Cuello 2020 (Asunción: Base IS, 2020), https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2020/11/ConlaSojaalCuello2020-versionweb-baja.pdf
  9. «Otro aumentazo más: tomate subirá nuevamente y podría llegar a G. 20.000 por kilo», ABC Color, 13 de octubre de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/10/13/otro-aumentazo-mas-tomate-subira-nuevamente-y-comerciantes-piden-liberar-importacion/?fbclid=IwAR3RXL80YEf82IB5XpOPI1s7lk4_pAHKbe42r2RtL9VbAM8cT52hRxhxLhY
  10. Inés Franceschelli y Miguel Lovera, «De mal en peor», en Derechos Humanos en Paraguay 2020 (Asunción: Codehupy, 2020), 210.
  11. Ley N.º 6830/2021.
  12. Para mayor información sobre este tema, ver el artículo sobre reforma agraria de este informe.
  13. «Viceministro asume el cargo y el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina entra en funcionamiento», Coprofam, 7 de abril de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://coprofam.org/2021/04/07/viceministro-asume-el-cargo-y-el-viceministerio-de-agricultura-familiar-campesina-entra-en-funcionamiento/
  14. El Censo Agropecuario Nacional (CAN) 2021 se encuentra en proceso y «proporcionaría información actualizada sobre la estructura productiva del sector incorporando enfoques de género e interculturalidad», http://www.mag.gov.py/index.php/galeria/can-2021. En respuesta, la FAO presenta un producto informativo: Servín, J., El Censo Agropecuario Nacional 2020-2021 y su deber de aplicar el Consentimiento Libre, Previo e Informado con Pueblos Indígenas (Asunción: FAO, 2020), https://www.fao.org/3/ca8374es/CA8374ES.pdf
  15. «El agrotóxico nuestro de cada día. Capítulo 1», Heñói, 12 de agosto de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://henoi.org.py/2021/08/12/el-agrotoxico-nuestro-de-cada-dia-capitulo-1/
  16. Ibidem.
  17. «Comité de Derechos Humanos de la ONU condena a Paraguay por contaminación con agrotóxicos de una comunidad indígena en Canindeyú», Codehupy, 13 de octubre de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://codehupy.org.py/comite-de-derechos-humanos-de-la-onu-condena-a-paraguay-por-contaminacion-con-agrotoxicos-de-una-comunidad-indigena-en-canindeyu/
  18. Consejo de Derechos Humanos, 34.º periodo de sesiones, Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación acerca de su misión al Paraguay, http://www.soberaniaalimentaria.org.py/wp-content/uploads/2019/11/Relatora-Especial-sobre-el-derecho-a-la-Alimentaci%C3%B3n.pdf
  19. Paloma Rodero et al., Salud, enfermedad y pobreza urbana (Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 2018), https://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2019/12/salud-enfermedad-y-pobreza-urbana-libro-web.pdf
  20. «Situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años que asisten a los Servicios de Salud», Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN, https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/d4c50f-SituacinnutricionaldeNiosyNiasmenoresde5aosqueasistenaServiciosPblicosdeSaludAo20012019.pdf
  21. «Situación nutricional de la población de mujeres embarazadas en el Paraguay», Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN, https://www.inan.gov.py/site/?p=4813
  22. Decreto N.º 3816, que reglamenta la Ley N.º 6381/2020 que modifica y amplía la Ley N.º 3728/2009 «que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas mayores en situación de pobreza», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 13 de octubre de 2021, https://www.bacn.gov.py/archivos/9312/DECRETO%203816%20_Ley%206381.pdf
  23. «Presupuesto vigente-ejecutado periodo 1997-2020» , Ministerio de Hacienda, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/81698-PGN1997-2020pdf-PGN1997-2020.pdf
  24. «MAG ejecutó apenas el 55% de su presupuesto en 2020», ABC Color, 23 de febrero de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/23/mag-ejecuto-apenas-55-de-su-presupuesto-en-2020/
  25. «Solicitud #46418. Informe sobre presupuestos y ejecución de instituciones», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 13 de octubre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46418. Toda la información sobre presupuesto vigente y ejecutado de entes del MAG, Ministerio de Desarrollo Social, Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina se analizó con este mismo pedido de información pública.
  26. Los programas que se consideran en el artículo destinados exclusivamente a la agricultura familiar son: «Mejoramiento agricultura familiar campesina e indígena en cadena de valor región Oriental fase II», «Mejoramiento agricultura familiar campesina e indígena región Oriental Py (Promafi)», «Mejoramiento de agricultura familiar campesina e indígena», «Mejoramiento agricultura familiar campesina e indígena en la región Oriental», «Restauración de sistemas de producción agricultura familiar», «Apoyo a la agricultura familiar», «Extensión Agraria», Ibidem 25.
  27. Ibidem 25.
  28. Ibidem 25.
  29. Ibidem 25.
  30. Respuesta al pedido de información pública, 15 de septiembre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/7699152-Resp46562-VAFCpdf-Resp.46562-VAFC.pdf
  31. Pedido de información pública, 26 de enero de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/1913793-ResSolicitudN37315-1pdf-Res.SolicitudN37315-1.pdf
  32. Presupuesto Ministerio de Agricultura y Ganadería: Ejercicio Fiscal 2021, http://bicameral.congreso.gov.py/application/files/5416/0862/9952/12_-_10_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_Y_GANADERIA.pdf
  33. Proyecto de ley de presupuesto, Ejercicio Fiscal 2022, https://www.hacienda.gov.py/pgn-2022/archivos/GASTOS/G12-10.pdf
  34. Ibidem 25.
  35. «Autoridades analizan situación del proyecto de apoyo a comedores comunitarios», 6 de septiembre de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/8505-autoridades-analizan-situacion-del-proyecto-de-apoyo-a-comedores-comunitarios-2021-09-06-13-02-53. «Estudian proyecto legislativo que apoye ollas populares y comedores comunitarios», Honorable Cámara de Senadores, 16 de septiembre de 2021, acceso el 13 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/8579-estudian-proyecto-legislativo-que-apoye-ollas-populares-y-comedores-comunitarios-2021-09-16-20-03-07.
  36. Inés Franceschelli y Miguel Lovera, «De mal en peor», en Derechos Humanos en Paraguay 2020 (Asunción: Codehupy, 2020), 203-217.
  37. Portal de rendición de cuentas, MapaInversiones + Módulo COVID-19, https://rindiendocuentas.gov.py/
  38. Definido como un «movimiento global y en América Latina se organizó para desafiar la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021 organizada por las Naciones Unidas, que —a su vez— es un foro global creado para debatir y generar consenso en todo lo relacionado con la alimentación, desde la producción, transporte y distribución, hasta la comercialización, consumo y formulación de políticas públicas». Cumbre de los Pueblos de América Latina por la transformación de Sistemas Alimentarios, https://globalforestcoalition.org/es/event/cumbre-transformacion-sistemas-alimentarios/
  39. Ibidem 33.
  40. Franceschelli y Lovera, «De mal en peor», 210.
  41. Ley N.º 6809, del 8 de septiembre de 2021, «Que establece medidas transitorias de consolidación económica y contención social, para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 o coronavirus», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.bacn.gov.py/archivos/9663/LEY%206809.pdf
  42. Ley N.º 6603, del 14 de septiembre de 2020, «De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.bacn.gov.py/archivos/9365/LEY%206603.pdf
  43. «Red de Ollas Populares instala carpa de la resistencia», Última Hora, 1 de septiembre de 2021, acceso el 2 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/red-ollas-populares-instala-carpa-la-resistencia-n2959127.html
  44. «Poder Ejecutivo corta financiamiento a las ollas populares», ABC Color, 21 de septiembre de 2021, acceso el 2 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/09/21/ejecutivo-corta-financiamiento-a-las-ollas-populares/
  45. Decreto N.º 5996, del 20 de septiembre de 2021, «Por el cual se reglamentan artículos de la Ley N.º 6809/2021 “que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19”», Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, acceso el 2 de octubre de 2021, https://www.bacn.gov.py/archivos/9663/Decreto%205996%20Ley%206809.pdf
  46. «Saltan dudas y cuestionamientos por llamativos gastos de Nenecho», Última Hora, 6 de octubre de 2021, acceso el 8 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/saltan-dudas-y-cuestionamientos-llamativos-gastos-nenecho-n2964963.html. El pedido de información se realizó por mesa de entrada y no así por el portal de pedido de información pública.
  47. Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD), Rendición de cuentas 2020, https://www.asuncion.gov.py/rendicion-de-cuentas-2020-dgrrd
  48. Ibidem 47.
  49. Ibidem 18.
Camino al 2023: sin alimentos y sin esperanzas