Escenario de crisis climática y negación de derechos

El corpus normativo nacional aparenta dar cuenta de los problemas que aquejan a la población del país, mientras, los datos de la gestión ejecutiva nacional parecen responder a otros intereses y desafíos; así, una mirada al paisaje nacional y a la población que allí habita, muestra esfuerzos en sentido contrario.

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Paraguay, aun contando con normativa clara de protección ambiental, sigue orientando sus esfuerzos a sostener un modelo de producción extractiva de materias primas (soja y maíz modificados genéticamente; carne de res; arroz con riego, y cada vez más madera de eucalipto, destinada a la producción de biomasa y pulpa de celulosa). Recientes inversiones transnacionales acentúan este modelo, como la instalación de una mega industria de producción de biocombustibles, o el ingreso de nuevas especies exóticas forestales en plantaciones de cientos de miles de hectáreas^[2].

Estas formas de uso de la tierra tienen impactos negativos en los factores de vulnerabilidad del país ante el cambio climático; que repercuten en los ecosistemas y en la población. Las principales víctimas son aquellas que ocupan lugares postergados en la sociedad, como los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, haciéndose notar, particularmente, la mayor vulnerabilidad que al interior de estos grupos presentan mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. A pesar de la baja contribución histórica del país a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, Paraguay presenta extrema vulnerabilidad al cambio climático. Resulta el más vulnerable de América del Sur y octavo en América Latina y el Caribe^[3]. La precipitación anual promedio ha aumentado en 200 mm, durante los últimos 70 años concentrándose en pocas áreas y vinculada a fenómenos extremos. El resto del país se seca y desertifica vertiginosamente. Esta situación se describe en la Política Nacional de Cambio Climático y en las Estrategias Nacionales de Adaptación y Mitigación^[4]. Diversas respuestas se proponen en el documento de Contribución Nacionalmente Determinada, recientemente actualizado^[5]. El artículo describe estos tópicos, así como la actual situación del país en el derecho examinado. Finaliza con conclusiones y recomendaciones que tienen relación con esta situación arrastrada desde hace años.

Situación del derecho

Obligaciones internacionales

En materia de refuerzo al ya rico marco normativo que debería orientar la conducta del país, se cuenta, desde este 2021, con la reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que reconoce como un derecho humano el de vivir en un ambiente limpio, sin riesgos, saludable y sostenible^[6].

Por otro lado, durante el Examen Periódico Universal al que el Paraguay fue sometido en mayo pasado, el país recibió varias recomendaciones en materia ambiental. El país las aceptó todas, señalando que viene adoptando medidas de protección, de reacciones al cambio climático, así como la adopción de un marco jurídico acorde. Sin embargo, resolvió rechazar todas las recomendaciones que le solicitaban ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú), expresando que su implementación sería posible luego del debate interno al que estaba siendo sometido^[7] y que no sería otro que el ya apuntado en ediciones anteriores del informe de derechos humanos^[8].

En octubre, Paraguay fue notificado de una nueva resolución recaída ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es el caso de la comunidad indígena Campo Agua´ẽ, del pueblo ava guaraní, que había denunciado al Estado paraguayo por las afectaciones sufridas en sus vidas y territorios por la fumigación con agrotóxicos. En una resolución, declarada como histórica por el Comité^[9], se encontró responsable al Paraguay por haber permitido tal situación y no ejercer controles suficientes, más aún luego de las denuncias realizadas.

Además de los daños producidos a los recursos de subsistencia de la comunidad, debido a la muerte de animales, de sus huertas y cultivos, de las afectaciones a recursos hídricos, el Comité resalta la particularidad que reviste el territorio para las comunidades indígenas, constituyéndose en eje de satisfacción de otros derechos, entre ellos, el de su misma identidad cultural. Atentar contra su territorio es atentar contra la misma supervivencia de la comunidad como grupo cultural determinado. Esto, entre otras manifestaciones, al propiciar pérdida de conocimientos tradicionales, ilustrados a través de, por ejemplo, la carencia de insumos para desarrollar las ceremonias de bautismo, privando de este rito, calificado de crucial, para la consolidación de la identidad de quienes conforman la niñez de la comunidad indígena.

Ordena una serie de medidas de reparación entre las que se encuentran las garantías de no repetición. En este, como otros casos recaídos ante instancia internacional, el Paraguay tiene la oportunidad de contar con más herramientas que le permitan ajustar su actuar a estándares de derecho que debe garantizar para todos y todas. Tanto en este caso como el de la colonia Yerutí^[10], es que se evidencia la imperiosa necesidad de contar con un fuero agrario ambiental, por medio del cual el Estado pueda ejercer un rol tutelar en los conflictos de derechos.

Incertidumbre ante la COP26, tras casi tres décadas de negociaciones

El proceso de las negociaciones realizadas a instancias de gobiernos y organismos multilaterales en función a los desafíos que presenta la crisis climática genera incertidumbres; y, recientes evaluaciones indican grandes rezagos para el alcance de los horizontes trazados. El informe síntesis de las últimas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)^[11] para evaluar el progreso de la acción climática ante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26)^[12], difundido en septiembre del 2021 por ONU Cambio Climático^[13], señala que «los países deben redoblar urgentemente sus esfuerzos en materia de clima, si quieren evitar que el aumento de la temperatura global supere el objetivo del Acuerdo de París de 2 ºC, y a ser posible 1,5 ºC, para finales de siglo»^[14]. Ello guarda también relación con el último informe, de agosto de 2021, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de la ONU, el que revela entre sus conclusiones «a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable»^[15]. No se advierte, en general, la necesaria voluntad política de los gobiernos para la atención responsable que requiere con urgencia la crisis climática.

El cambio climático antropogénico originado por la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso del suelo inherente a los actuales patrones de producción y consumo es uno de los grandes desafíos del presente siglo^[16]. Ante esta situación, las distintas propuestas asumidas en el Acuerdo de París, en particular las NDC, se convirtieron en las principales herramientas climáticas de los últimos años en términos institucionales y de gestión pública.

Actualización de las NDC en Paraguay, país de extrema vulnerabilidad

Conforme al Acuerdo de París, en el 2021, las NDC fueron actualizadas en Paraguay^[17]. El país ha sido calificado en situación de extrema vulnerabilidad, medida por el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático – IVCC^[18], compuesto por tres índices que, a su vez, son indicadores de riesgo diferenciados: índice de exposición, índice de sensibilidad e índice de capacidad adaptativa.

Paraguay ha sido calificado con un índice de exposición alto (en el lugar 16 entre 33 países de la región); el índice de sensibilidad también es alto, posicionando al país en el lugar 12 de la región, por factores relacionados con la pobreza, la desigualdad y por la vulnerabilidad de los medios de subsistencia. El tercer índice de capacidad adaptativa (conjunto de capacidades, recursos e instituciones para aplicar medidas de adaptación) clasifica al país en situación de vulnerabilidad extrema, ocupando el lugar número 7 de la región; esta dificultad de adaptación está relacionada con la matriz económica del país, basada en la agroexportación.

Respecto de la actualización de las NDC del país, en el contexto señalado, el abordaje técnico/político radica, en términos generales, en implementar o fomentar políticas relacionadas a las «plantaciones forestales», «el hidrógeno verde», «el mercado de carbono» (particularmente los servicios ambientales) y «biocombustibles”. Existe un interés económico muy grande dentro de las políticas de mitigación de las NDC actualizadas ya que multinacionales como Paracel y Omega Green, ya tienen gran capital invertido en estos rubros, llegando a ser inversiones privadas históricas para el país. Así también, capitales extranjeros como la empresa israelí Seven Seas Energy Limited y la empresa Fortescue Metals Group Ltda., de origen australiano, han demostrado interés en invertir grandes cantidades de dinero en el rubro del hidrógeno verde^[19]. Es ahí donde las NDC actualizadas juegan un papel importante ya que se exponen, como alternativas climáticas viables, rubros donde existen grandísimos intereses completamente ajenos a la agenda ambiental y ecológica.

Si solo confiamos en los compromisos asumidos por los distintos países firmantes del Acuerdo de París a nivel global, es bastante probable que las temperaturas aumenten a 3,2 °C al final de este siglo^[20], proyección que aumenta a 3,5 °C en el análisis de brecha de emisiones realizado en el 2020^[21], lo que lleva al fracaso de la propuesta original de dicho acuerdo, que es llegar al aumento de la temperatura global de 2 °C. Teniendo en cuenta estos elementos y otros puntos mencionados más arriba, se podría caracterizar a los compromisos asumidos por Paraguay frente al Acuerdo de París como insuficientes y claramente poco pertinentes.

Entre sequías e incendios forestales

Sin lugar a duda, la sequía ha sido una de las principales causas de desastres naturales en los últimos años a nivel regional^[22]. En el sector paraguayo, en 2020 la bajante ocasionó la paralización de la navegación fluvial aguas arriba de la esclusa de navegación de la represa de Yacyretá, lo cual hizo necesario un acuerdo operativo con el Brasil para efectuar descargas operativas en el vertedero del embalse de Itaipú, a fin de permitir la navegación fluvial en el tramo. Aguas arriba, y en particular en la desembocadura del río Iguazú, las tomas de agua de la ciudad de Puerto Iguazú se vieron afectadas, lo que requirió una rápida adecuación para asegurar las extracciones de agua para consumo humano. En el 2021, el déficit de precipitaciones tuvo consecuencias inmediatas, como ser la pronunciada bajante en los ríos Paraná y Paraguay, que nuevamente están rompiendo récords históricos, tal como lo expuso la misma Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay^[23].

Los datos e informes meteorológicos preveían que la sequía sería de las más importantes de la historia y, por ende, los riesgos de incendios forestales, pero no se previeron acciones para buscar minimizar los riesgos y asistir a las poblaciones afectadas. Entre los meses de mayo y junio, los servicios meteorológicos de Brasil y Argentina alertaban de estos riesgos, sin embargo, el Ejecutivo paraguayo recién reunió a las autoridades pertinentes para evaluar acciones el 17 de agosto^[24], mientras decenas de comunidades sufren la falta de agua y otras tantas ven el fuego avanzar cada vez con mayor fuerza.

Deforestación e incendios en el Chaco: quema de territorios, quema de pueblos

La deforestación en el Chaco paraguayo ha continuado con la misma tendencia que en años anteriores, aunque se verifica una ralentización del ritmo vertiginoso registrado anteriormente. La deforestación en la región en el año 2019 alcanzó 199.000 ha, mientras que en el 2020 alcanzó 75.500 ha, de acuerdo con datos suministrados por Global Forest Watch en 2021^[25]. Este proceso puede estar asociado a las dificultades presentadas por la pandemia del COVID-19, principalmente en cuanto a la disponibilidad de mano de obra y de contratistas para realizar las tareas de desmonte.

Las actividades de expansión de la frontera ganadera se dieron, como en los últimos años, en territorio de pueblos indígenas y siguiendo las pautas del pasado, es decir, con escasa consideración de los derechos y las necesidades de esos pueblos. Esas tareas de desmonte están frecuentemente relacionadas a incendios, los que, en la mayoría de los casos, son originados intencionalmente para eliminar la masa forestal desbrozada a fin de habilitar los campos para implantar pasturas ganaderas. Sobre el punto, debe observarse la ausencia de la Red de Prevención, Monitoreo y Control de Incendios (Municipios, órganos públicos y universitarios) establecida hace más de diez años por la Ley N.º 4014 (artículo 4)^[26].

En el mapa 1 se observa dicha asociación entre deforestación e incendios. Se advierte, además, que los incendios se mantuvieron con una magnitud y velocidad de avance moderada mientras se quemaban las áreas ya incendiadas en 2019 (masa combustible acumulada desde noviembre de 2019 a julio 2021).

Mapa 1. Incendios zona Abayoy-Chovoreca

En cuanto el fuego avanzó hacia las áreas no incendiadas en oportunidad de los incendios del 2019^[29], la magnitud y velocidad de avance se acrecentaron considerablemente, a tal punto de provocar tormentas de fuego, lo cual aceleró el progreso de los incendios, ya que el fuego comenzó a «saltar» grandes distancias, en un proceso que implica la formación de densas nubes llamadas pirocumulonimbus, de intensa actividad eléctrica y que ocasionan relámpagos y tornados que, a su vez, originan más incendios, cayendo desde las alturas, incendiando la vegetación superficial. Los satélites detectaron este fenómeno en forma de focos de calor intenso en las nubes, antes de que el fuego se produjera en el terreno.

La superficie incendiada entre el 16 y el 23 de agosto de 2020 en el sector Robore-Chovoreca (entre Bolivia y Paraguay) es de, aproximadamente, 331.500 ha^[30]. Estos incendios afectan el hábitat de indígenas del pueblo ayoreo que viven en aislamiento voluntario. Su territorio y los bosques que constituyen su principal hábitat, el que ya se encuentra alterado y degradado por el avance de la actividad agroganadera, de esta manera se encuentra amenazado adicionalmente por los incendios —provocados principalmente por las empresas privadas que explotan esas tierras— y que suceden con cada vez más frecuencia junto con la aplicación de cada vez menos prudencia.

Región Oriental y agrotóxicos: informe de residuos en alimentos

Paraguay sostiene un corpus de políticas públicas orientadas a estimular un modelo productivo basado en producción extensiva de materias primas exportables, particularmente soja y maíz transgénico, carne de res, arroz. Este modelo implica el uso de enormes cantidades de agrotóxicos, cuyos impactos vienen siendo denunciados por las comunidades afectadas. En el periodo observado por este informe se dieron a conocer los datos de importación de estas sustancias, que nuevamente evidencian que Paraguay detenta una de las primeras posiciones mundiales en consumo de venenos per cápita^[31]. El año 2020 fue excepcionalmente malo; todo el comercio transfronterizo se vio afectado por la pandemia. Aun así, los volúmenes de químicos contaminantes que ingresaron al país apenas disminuyeron (tabla 1).

Tabla 1. Importación de agrotóxicos 2011 a 2020. En kilos netos

AÑOS	HERBICIDAS	INSECTICIDAS	FUNGICIDAS Y OTROS*	TOTALES
2009	6.132.760	2.814.450	307.230	9.254.440
2011	8.830.690	4.185.354	994.795	14.010.839
2012	22.341.766	9.158.965	3.198.477	34.699.207
2013	32.435.596	8.749.763	3.254.212	44.439.572
2014	31.269.246	5.736.240	4.123.402	41.128.889
2015	33.574.443	7.085.103	6.731.723	47.391.269
2016	29.531.509	6.403.560	8.244.505	44.179.574
2017	32.774.474	7.827.831	9.993.913	50.596.218
2018	38.904.107	8.322.819	10.585.025	57.811.951
2019	36.415.734	8.871.096	12.349.154	57.635.984
2020	34.143.741	8.073.479	10.729.151	52.946.371
Incremento 2009-2020	557%	287%	3.492%	572%

* Otros: bactericidas, acaricidas, nematicidas, molusquicidas, rodenticidas

Fuente: Heñói, a partir de anuarios estadísticos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave); Ventanilla Única de Importación (VUI).

En los últimos 10 años, aumentó 387% la importación de herbicidas; 193% la importación de insecticidas, y los fungicidas y otros biocidas se importan 10 veces más. Las 10 sustancias agrotóxicas con mayor volumen de importación son herbicidas y fungicidas. Solo esas 10 suman más de 37 millones de kilos de tóxicos, y un costo de 194 millones de dólares de dependencia. El costo total de los venenos de los que depende «la economía nacional», alcanza más de 430 millones de dólares.

Sin embargo, el problema tiene un capítulo más trágico aún: la dependencia de fertilizantes. Son usados tantos agrotóxicos en monocultivos, que el suelo muere, y se necesitan millones de kilos de fertilizantes químicos para hacer crecer cultivos inventados en laboratorios (tabla 2). Durante el 2020, se importaron 1.276.125.532 kilos de fertilizantes, a un costo de casi 1.150 millones de dólares. Monto este equivalente al 72% de los 1.600 millones en préstamos autorizados por la Ley de Emergencia por la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, o a todo el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias del 2020.

Tabla 2. Importación de agrotóxicos 2020 – Paraguay

PRINCIPIO ACTIVO	CLASE	KILOS NETOS	FOB DÓLARES
Glifosato	Herbicida	13.759.995	45.875.498
Paraquat	Herbicida	7.361.268	13.807.382
Mancozeb	Fungicida	4.133.709	16.056.253
Cletodim	Herbicida	3.254.511	26.719.128
Atrazina	Herbicida	2.217.174	8.904.025
Glufosinato de Amonio	Herbicida	2.127.449	20.617.286
Picoxistrobin	Fungicida	1.177.726	22.942.160
2,4 D	Herbicida	1.697.706	3.520.131
Azoxistrobina	Fungicida	781.065	15.615.217
Prothioconazole	Fungicida	684.845	19.401.962
Otros principios activos		15.750.923	236.688.780
Total agrotóxicos importados		52.946.371	430.147.822

Fuente: Heñói, a partir de datos del Senave.

Este volumen de sustancias tóxicas es una de las mayores violaciones al derecho de un ambiente sano. Sin embargo, además de los venenos vertidos en territorios rurales, otros venenos impactan en la salud de la población sin que el Estado haga nada para prevenirlo y evitarlo: los residuos tóxicos por encima de los límites máximos permitidos por el codex alimentarius presentes en los alimentos vegetales importados.

El envenenamiento de los vegetales que llegan a los platos, y luego a los cuerpos, es preocupante. La Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica (DICAO) del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), viene haciendo en los últimos dos años monitoreo periódico de los residuos de plaguicidas en los alimentos vegetales que ingresan al Paraguay. Se toman muestras de manzanas, peras, naranjas, papas, cebollas, tomates. Se desconoce la frecuencia del muestreo y el criterio para la selección de los puntos de ingreso. Los resultados producen alarma^[32]. Solo en los primeros seis meses de este año se encontraron residuos por encima de los límites máximos permitidos por el Codex alimentario, de las siguientes sustancias: acetamiprid, azoxystrobin, carbaril, carbendazim, clorpirifos, diuron, fipronil, imidacloprid, metoxifenozide, propiconazole. PAP, tebuconazole, thiodicarb.

Elegir no ingerir estos venenos en la dieta cotidiana no debe ser una opción basada en la capacidad de adquirir alimentos orgánicos, sino que debe ser un derecho de la ciudadanía y su disponibilidad una obligación del Estado que, además, debe ver como oportunidad de priorizar a los productores de alimentos: la población campesina e indígena.

Áreas Silvestres Protegidas: acciones asimétricas en la atención de derechos para su tratamiento y protección

En materia de Áreas Silvestres Protegidas (ASP)^[33] los derechos colectivos son atendidos de manera disímil, arbitrándose, por un lado, decisiones que deniegan a familias campesinas el acceso a tierras, con el fundamento de la preservación de los bosques, como fuera la sonada y debatida situación de las tierras reclamadas por las familias campesinas de Marina Kue, en Curuguaty, departamento de Canindeyú, sitio donde ocurriera en el año 2012 la conocida «Masacre de Curuguaty» que culminó con el juicio político al presiente Fernando Lugo; por el otro, se adoptan medidas que habilitan intervenciones de gran impacto en áreas de conservación pública, bajo la lógica implícita de responder a necesidades del incremento de capacidades en materia de infraestructura, sin definida atención a los derechos ambientales de orden colectivo. En el primer caso, se trata del proyecto de ley sancionado por el congreso en diciembre de 2020^[34], por el cual se transfería al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) 1.748 ha, desafectando dicha superficie del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y compensándose a esta cartera pública con otro inmueble localizado en Karapa’i, departamento de Amambay. Los grandes gremios de la producción se opusieron a dicha decisión parlamentaria, indicando el carácter de área protegida del inmueble afectado, apuntando que «Las Áreas Silvestres Protegidas a perpetuidad son una de las pocas herramientas que tiene el Estado para resguardar los espacios verdes, la biodiversidad y los pulmones del planeta […]»^[35]. En igual sentido se pronunció la organización internacional WWF Paraguay, señalando la vigencia de la Ley de Deforestación Cero en la región Oriental, la que no podría ser violentada con el otorgamiento de dichas tierras pertenecientes a la «Reserva Ybera»^[36]. El conflicto de fondo constituía la creación de la mencionada reserva en superficie donada al Mades en el año 2015 por la firma Morombí S.A., del Grupo Riquelme, cuando el Poder Judicial aún dirimía la veracidad del atributo de propietario que sostenía el donante. Los campesinos han alegado, y alegan, que esas tierras son públicas, y que al momento de la decisión parlamentaria ya se encontraba en gran parte rodeada de sojales, comprometiendo su concurso para la restauración y manejo técnico, «a fin de preservar los recursos naturales, entre ellos cauces hídricos». Finalmente, pese a la celebración realizada por el presidente de la República, en diciembre 2020, por la «reivindicación histórica» del Congreso en favor de las familias de Marina Kue^[37], la ley tuvo veto total del Poder Ejecutivo, por encontrarse en contraposición «a lo que prevé la Ley de Deforestación Cero»^[38]. Hasta la fecha no se ha resuelto la regularización de tierras de las familias asentadas en Marina Kue.

El segundo caso mencionado trata del Parque Nacional Defensores del Chaco (PNDCH), creado en la década del 70 en el alto Chaco paraguayo, y de la ruta nacional proyectada sobre el mismo como parte de la nueva «Categorización y Clasificación de las Rutas Nacionales del País», dispuesta años atrás por Resolución N.º 1090/2019 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)^[39]. Las consideraciones de la Resolución son, entre otras, «las necesidades que surgen como consecuencia de la densificación de la red vial». Con ello, lo que se ha registrado en el Plan de Manejo 2017-2027^[40], como «camino interno» no pavimentado que conduce a un Puesto de Control situado en el perímetro noreste de la superficie del Parque Nacional, pasa a convertirse en Ruta Nacional PY 16, cuya proyección atraviesa todo este importante patrimonio público, conectando con el Hito VII en la frontera con Bolivia. Como es sabido, las rutas nacionales forman parte de la red primaria y deben estar preparadas para soportar más de 1.500 vehículos por día^[41]. Al respecto, el Manual de Carreteras indica sobre los impactos ambientales que «Cuando la construcción de la vía incita al flujo de migración de colonos hacia áreas protegidas, como parques nacionales o reservas forestales, el efecto es de alto costo ambiental y probablemente irreversible»^[42]. Hasta la fecha no se conocen los recaudos de diagnóstico ambiental y de participación ciudadana, entre otros, adoptados para tal decisión, con impacto proyectado para los servicios ecosistémicos y protección de la biodiversidad de aquella relevante reserva pública, como tampoco se ha conocido de pronunciamientos que reclamen «resguardar los espacios verdes, la biodiversidad y los pulmones del planeta […]», como ocurriera en el caso de las tierras destinadas a familias campesinas de Marina Kue, sobre la hipótesis del atentado contra la «Reserva Ybera». Las varas de medición para reacciones sectoriales y públicas son así diferentes ante situaciones que afectan áreas de conservación, las que a su vez presentan distinto origen de conformación.

Entre las recientes recomendaciones sobre Medio Ambiente y Cambio Climático realizadas al Estado paraguayo en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), y aceptadas por este, se encuentran las de «Adoptar un plan nacional integral de adaptación y mitigación del cambio climático, teniendo en cuenta las opiniones de todas las comunidades afectadas» (118.50) y «Adoptar medidas coherentes con los derechos humanos para reforzar las políticas y los programas de adaptación para hacer frente a las cuestiones del cambio climático y la gestión de los riesgos de desastre» (118.51). El país cuenta con planes de adaptación y mitigación, cuyos lineamientos son considerados y proyectados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NCD), recientemente actualizadas. En materia del patrimonio natural del país, se establecen acciones orientadas a la implementación de los planes de manejo de las ASP y a la ejecución de medidas que coadyuven a su conservación y recuperación, dada su importancia en la provisión de servicios ecosistémicos y protección de la biodiversidad. Tales enunciados no se muestran en situaciones prácticas como las apuntadas proyecciones viales en el Parque Nacional Defensores del Chaco y en las intervenciones que el mismo actualmente sufre, como fuera recientemente denunciado por las diversas organizaciones que integran la «Coalición por los Bosques». La apertura de un camino en la zona de protección absoluta del PNDCH fue reclamada durante el mes de setiembre del 2021^[43]. La primera denuncia de similar contenido ya había sido efectuada a finales del año 2020^[44], sin que aquello condujera a la no repetición de intervenciones ilegales en dicha área, como quedó demostrado pocos meses después. Los derechos colectivos al equilibrio ecológico y a un ambiente sano y sostenible, enseñan en el país, como varias veces ya fue apuntado, normativas, planes y programas que incluyen la consideración de los mismos, pero distan de observarse en el análisis particular que sufren en la práctica específicos procesos de áreas silvestres protegidas, tanto para su conformación, como para su manejo y protección.

Análisis presupuestario

En un análisis sobre la evolución del presupuesto del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de los últimos años se puede evidenciar que los montos globales bajan, pese a la emergencia ambiental descrita. A esto se suma que el presupuesto del Mades es el penúltimo en cuanto a montos globales del Presupuesto del Gobierno Central, lo que señala la poca prioridad dada a su ámbito de incidencia^[45] (gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución general del presupuesto del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Asimismo, en el análisis de los periodos anuales, se advierte que los niveles de ejecución de lo operativo en intervención de campo permanecen relativamente bajos (gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución del presupuesto y porcentajes de ejecución

Esta falta de priorización presupuestaria al Mades, ente público que tiene mandato de cobertura nacional, pone en evidencia la poca relevancia temática para el Estado. Desde hace años, el informe de la Codehupy pone de manifiesto las gravísimas consecuencias de la debilidad institucional: consecuencias de crisis ambientales que no son abordadas preventivamente, incendios descontrolados y también la bajísima incidencia en terreno en los necesarios controles que el Estado debe realizar. A su vez, esto trae consecuencias en cuanto a los compromisos internacionales, por ejemplo, en los casos (y similares a estos) que fueron sido observados en estos informes, como los casos de Campo Agua´ẽ y colonia Yerutí también citados en este artículo; y que, además, atentan directamente contra la vida de las personas, produciendo un caudal inimaginable de sufrimientos.

Casos ocurridos en 2021

Monocultivos de eucaliptos

Los impactos socioambientales locales de los monocultivos de eucalipto fueron investigados por Heñói en el 2021^[48]. Esta organización concluye que, mientras que las empresas se instalaron en el territorio con las promesas de crear empleos y fomentar el desarrollo socioeconómico a partir de sus plantaciones forestales (y a la vez secuestrar dióxido de carbono, proteger los bosques naturales y promover la conciencia ambiental), en la realidad, el agronegocio ha tenido un impacto negativo muy fuerte y acelerado. Las plantaciones comerciales de árboles de eucalipto requieren de grandes extensiones de tierra para alcanzar su rentabilidad monetaria, desplazando a las comunidades de sus medios de subsistencia materiales, naturales y simbólicos y/o asimilándolas como fuerza de trabajo temporal en condiciones precarizadas.

En los alrededores de las plantaciones de la Forestal Apepu, se nota la ausencia total de sonido ambiente, hecho que sugiere su impacto medioambiental. Según un poblador: «No hay nada, ni pájaros no bajan […] silencio, no se halla nada acá […] Ni un bichito no hay. En otros lados, donde están nuestros árboles nativos, vuelan los pajaritos, se alegran; sin embargo, acá no, silencio total». Otro poblador ha explicado que, «Antes había casas acá, y para plantar la soja se envenenaron los pozos de agua, destruyeron todo y contaminaron todo, y ahora hay plantaciones de eucalipto»^[49].

Los pobladores y las pobladoras de la citada zona subrayaron los problemas de inseguridad en la tenencia de la tierra y las dificultades económicas. Las plantaciones de monocultivos también han creado una ruptura en la economía campesina local.

Derechos ambientales en comunidades indígenas

En el marco de un diagnóstico participativo llevado a cabo con 7 comunidades indígenas^[50], por parte de Tierraviva y Grupo Sunu de Acción Intercultural, a finales del año 2020, se pudo identificar una serie de violaciones de derechos ambientales y a la Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado (CCLPI)^[51].

Seis de las siete comunidades sufrieron impactos de incendios forestales que, iniciado en propiedades vecinas, se propagó afectando sus viviendas, cultivos y recursos naturales. La invasión de especies exóticas, como el pasto brachiaria, es una problemática asociada a este fenómeno, ya que invade los bosques y los vuelve más vulnerables ante el fuego. La contaminación de cursos de agua, por incumplimiento de medidas de aplicación de productos fitosanitarios fue denunciada por 2 de las 7 comunidades. Además, una de ellas sufre por el taponamiento de uno de los cauces que regaba y abastecía del vital líquido a la comunidad. Por otro lado, 6 de las 7 comunidades experimentaron problemas por la deforestación legal e ilegal en propiedades colindantes, ya sea para la cría de ganado, cultivo de soja o de cultivos ilegales. Relacionado a esto, 2 comunidades notan la fuerte disminución de fauna silvestre. Los cambios de uso de la tierra en propiedades colindantes se dan sin audiencias públicas ni mucho menos con procesos de CCLPI.

Las violaciones de derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas producen condiciones de miseria, ya que la destrucción y/o pérdida de acceso a sus territorios les imposibilita el uso y disfrute de los recursos naturales que necesitan para abastecerse para su subsistencia, desarrollar sus actividades tradicionales de cultivo, caza, pesca o recolección, acceder a los sistemas tradicionales de salud y otras funciones socioculturales cruciales. La destrucción o pérdida de acceso a sus territorios, y la inacción estatal al respecto, implica someterlos a situaciones de desprotección extrema que conllevan violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación y que, además, afecta de manera desproporcionada los derechos de niños y niñas, entre otras personas.

Conclusiones

A lo largo de este artículo se exponen varias situaciones que implican una negación del derecho al ambiente sano en Paraguay. El país, extremadamente vulnerable a los impactos del cambio climático, ha asumido compromisos insuficientes y poco pertinentes en el marco del Acuerdo de París. Ante la ocurrencia de fenómenos extremos que ya acontecen en el escenario de la crisis climática, como la aguda sequía, no se conoce del proceso efectivo de la ejecución de medidas de adaptación o de mitigación; se asiste más bien a rápidas acciones de carácter reactivo y desarrollo de planes de asistencia que no alcanzan a minimizar efectos sufridos por el conjunto de la población afectada.

En cuanto a la exposición a sustancias tóxicas utilizadas en la agricultura, por su volumen y la poca posibilidad de fiscalización, esta puede ser considerada una de las mayores violaciones al derecho a un ambiente sano.

La política de manejo de ASP también resulta contradictoria, proyectándose intervenciones de gran impacto en áreas de conservación pública, bajo la lógica implícita de responder a necesidades del incremento de capacidades en materia de infraestructura, sin definida atención a los derechos ambientales de orden colectivo.

Pese a la emergencia ambiental descrita y a que una calidad medioambiental mínima es condición necesaria para el ejercicio de muchos otros derechos, el análisis presupuestario evidencia que los montos globales bajan y se encuentran en penúltimo lugar del Gobierno Central, señalando la poca prioridad dada a su ámbito de incidencia

Recomendaciones

Dada la vigencia de las recomendaciones de años anteriores, el artículo se remite a ellas.

• Sancionar y promulgar una ley de «Deforestación Cero» para el Chaco.
• Diseñar y aplicar planes de prevención, contingencia, mitigación en casos de desastres naturales en consulta y participación de las comunidades potencialmente afectadas garantizando la participación de las mujeres en esos espacios, conforme Ley N.º 5446/2015 de Políticas Públicas para las mujeres rurales y su decreto reglamentario, además de inversión suficiente de recursos materiales.
• Eliminar los privilegios otorgados a algunos sectores de producción por sobre otros en detrimento al principio de igualdad, no discriminación y con consecuencias en el disfrute del derecho a un ambiente sano.
• Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú).
• Regular, supervisar y fiscalizar las actividades tendientes a producir un impacto en el ambiente, en especial, las que se encuentran afectando potencialmente a comunidades vulnerabilizadas, dotando de una inversión suficiente y un procedimiento efectivo.
• Adoptar el principio precautorio como medida de acción, a fin de proteger el derecho al ambiente y los demás derechos que dependen de su concreción.
• Crear Fuero Agrario y Ambiental.

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1. El grupo temático está conformado por las instituciones Base Investigaciones Sociales, Centro de Estudios Heñói, Gente Ambiente y Territorio, Iniciativa Amotocodie, Tierraviva y la secretaría ejecutiva de la Codehupy. ↑
2. Página oficial de Paracel, acceso el 21 de octubre de 2021, https://paracel.com.py/; «BSBIOS Paraguay – Omega Green», ECB Group, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ecbgroup.com.br/es/compania/bsbios-paraguay/omega-green; Nilva Agüero, «Omega Green: “Este proyecto será un punto de referencia para biocombustibles en la región”», La Nación, 13 de marzo de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/03/13/omega-green-este-proyecto-sera-un-punto-de-referencia-para-biocombustibles-en-la-region/; «Paracel, la mayor inversión privada en la historia de Paraguay: US$ 3.200 millones», Revista Plus, 18 de noviembre de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.revistaplus.com.py/2020/11/18/paracel-la-mayor-inversion-privada-en-la-historia-de-paraguay-us-3-200-millones/. ↑
3. CAF, Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe – 2014, acceso el 16 de julio de 2021, https://scioteca.caf.com/handle/123456789/517 ↑
4. Dirección Nacional de Cambio Climático, Políticas Públicas de Cambio Climático, acceso el 16 de julio de 2021, http://dncc.mades.gov.py/politicas-publicas-de-cambio-climatico ↑
5. Paraguay se encuentra liderando los rankings en contribución per cápita y contribución porcentual total a nivel latino América. Achucarro, 2020. Mencionado en Con la Soja al cuello (Asunción, Base IS, 2020), https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2020/11/ConlaSojaalCuello2020-versionweb-baja.pdf. La última actualización de las NDcs a nivel nacional se realizó en el año 2021, Mades, http://www.mades.gov.py/actualizacion-de-las-contribuciones-nacionalmente-determinadas-ndc-de-paraguay/ ↑
6. «El reconocimiento de la ONU del derecho humano a un medio ambiente saludable da esperanza para el futuro del planeta: experto en derechos humanos» Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 8 de octubre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, http://www.oacnudh.org/el-reconocimiento-de-la-onu-del-derecho-humano-a-un-medio-ambiente-saludable-da-esperanza-para-el-futuro-del-planeta-experto-en-derechos-humanos/ ↑
7. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Examen Periódico Universal – Paraguay, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PYindex.aspx ↑
8. Guillermo Achucarro, Julia Cabello, Gladys Casaccia, Marcos Glauser, Fosco Gugliotta Ruggeri y Miguel Lovera, «Crónica de tragedias anunciadas» en Derechos Humanos en Paraguay 2020 (Asunción: Codehupy, 2020), 175-190, https://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Anual-Sobre-la-Situacio%CC%81n-de-los-DDHH-en-Paraguay-2020.pdf ↑
9. «Paraguay: No prevenir la contaminación ambiental viola el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales – Comité de Derechos Humanos de la ONU», Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 13 de octubre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27651&LangID=S ↑
10. «Paraguay responsable de violaciones de derechos humanos en contexto de fumigaciones masivas con agroquímicos» Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 14 de agosto de 2019, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24890&LangID=S ↑
11. Las NDC deben reflejar las capacidades, circunstancias y prioridades nacionales, así como las ambiciones para desarrollar una economía baja en carbono y para alcanzar el objetivo propuesto en el artículo 2 del Acuerdo de París, de mantener el aumento de la temperatura mundial de este siglo por debajo de 2 °C. ↑
12. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se viene realizando con periodicidad anual desde 1995. ↑
13. Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), establecida en 1992, cuando los estados miembros adoptaron dicho instrumento, en la segunda «Cumbre de la Tierra» realizada en Río de Janeiro, Brasil. ↑
14. «Informe de síntesis completo de las NDC: algunos avances, pero todavía una gran preocupación» Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 17 de septiembre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://unfccc.int/es/news/informe-de-sintesis-completo-de-las-ndc-algunos-avances-pero-todavia-una-gran-preocupacion. https://unfccc.int/es/news/informe-de-sintesis-completo-de-las-ndc-algunos-avances-pero-todavia-una-gran-preocupacion ↑
15. IPCC, «El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando», Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 9 de agosto, 2021, Comunicado de Prensa sobre la primera entrega del Sexto Informe de Evaluación (IE6), Ginebra, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf ↑
16. Alicia Bárcena, Cit. en Comisión Europea y CEPAL 2019, Avances en la Acción Climática de América Latina: Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019. ↑
17. Mades, «NDC de la República del Paraguay: Actualización 2021» Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, acceso el 21 de octubre de 2021, http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2021/04/210426-NDC-ACTUALIZADA-AL-2030-V3-FINAL.pdf ↑
18. CAF: 2014. ↑
19. Guillermo Achucarro, Los intereses económicos detrás de las políticas climáticas en Paraguay (Asunción: BASE IS, 2021), https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2021/09/2021_Nro47-Agosto.pdf ↑
20. ONU. Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019, XIII, XIX, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf ↑
21. ONU. Programa para el Medio Ambiente (2020) Informe sobre la brecha en las emisiones del 2020. Item 7, XI, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESS.pdf?sequence=35 ↑
22. «Situação atual e previsão hidrometeorológica para a bacia do rio Paraná», Cemaden, 31 de mayo de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, http://www2.cemaden.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/NotaTecnica_BaciaParana_2021_Maio31.pdf ↑
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24. «El mandatario @MaritoAbdo recibió al titular de @senparaguay…» [Tweet], Presidencia Paraguay [@PresidenciaPy], 17 de agosto de 2021, https://twitter.com/PresidenciaPy/status/1427632325039476737?s=20 ↑
25. Global Forest Watch. Plataforma en línea para el monitoreo de bosques, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.globalforestwatch.org ↑
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27. Accesible en https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map , filtro MODIS BURNED AREAS 2019, agosto, septiembre y octubre. ↑
28. Accesible en https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas#exportar-dados ↑
29. Óscar Ayala Amarilla, Julia Cabello Alonso y Walter Isasi, «¿Desarrollo y Progreso? Más bien exclusión y despojo» en Derechos Humanos en Paraguay 2019 (Asunción: Codehupy, 2019), 205-220. ↑
30. Antenor Vaz, Informe Trinacional: Incendios y deforestación en territorios con registros de pueblos indígenas en situación de aislamiento – PIA – Bolivia – Brasil – Paraguay; Antenor Vaz (Brasilia-DF: GTI PIACI, 2020). ↑
31. Heñói, 2018. ↑
32. «Solicitud #45060. Residuos en alimentos», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 09 de agosto de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/45060 ↑
33. Las ASP son entendidas en la legislación nacional, Ley N.º 352/1993, como «toda porción del territorio nacional comprendido dentro de límites bien definidos, de características naturales o seminaturales, que se somete a un manejo de sus recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales involucrados» (artículo 4). ↑
34. «Sancionan proyecto para regularizar la tenencia de tierras en Marina Cue», Cámara de Senadores, 18 de diciembre de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/7311-sancionan-proyecto-para-regularizar-la-tenencia-de-tierras-en-marina-cue-2020-12-18-03-24-37. ↑
35. «Gremios rechazan otorgar Marina Cué a los campesinos», Última Hora, 28 de diciembre de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/gremios-rechazan-otorgar-marina-cue-los-campesinos-n2920418.html. ↑
36. «Marina Cué: WWF dice que tierras a transferir son parte de reserva y ocupantes niegan que haya bosque», Última Hora, 23 de diciembre de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/marina-cue-wwf-dice-que-tierras-transferir-son-parte-reserva-y-ocupantes-niegan-que-haya-bosque-n2919931.html. ↑
37. «Mario Abdo celebra «reivindicación histórica» del Congreso a favor de Marina Cué», Última Hora, 18 de diciembre de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/mario-abdo-celebra-reivindicacion-historica-del-congreso-favor-marina-cue-n2919196.html. ↑
38. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 21 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/122930 ↑
39. «Actualización de la Red Vial de Rutas Nacionales del Paraguay», Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.mopc.gov.py/index.php/actualizacion-de-la-red-vial-de-rutas-nacionales-del-paraguay. ↑
40. Mades, «Plan de Manejo. Parque Nacional Defensores del Chaco 2017-2027», 62, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, acceso el 21 de octubre de 2021, https://apps.mades.gov.py/siam/doc-area-protegida/archivo/55 ↑
41. Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), Manual de Carreteras del Paraguay. Revisión 2019, Unidad 1: Planificación de Proyectos Viales (Asunción: MOPC, 2019), 8, http://apcarreteras.org.py/wp-content/uploads/2019/08/UNIDAD-1-PLANIFICACION-DE-PROYECTOS-VIALES.pdf ↑
42. Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), Manual de Carreteras del Paraguay. Revisión 2019, Unidad 2: Impacto Ambiental en Carreteras (Asunción, MOPC, 2019), 20, http://apcarreteras.org.py/wp-content/uploads/2019/08/UNIDAD-2-IMPACTO-AMBIENTAL-EN-CARRETERAS.pdf ↑
43. «Apertura ilegal de camino afecta la Zona de Protección Absoluta del Parque Nacional Defensores del Chaco», Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable (OPADES), 22 de septiembre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.opades.org.py/comunicado-coalicion-por-los-bosques ↑
44. «Apertura ilegal de antigua picada dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco», Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable (OPADES), 26 de octubre de 2020, acceso el 21 de octubre de 2021, http://www.opades.org.py/apertura-ilegal-de-antigua-picada-dentro-del-parque-nacional-defensores-del-chaco ↑
45. Por ejemplo, representa el 1/3 del presupuesto de la Gobernación de Central; es inferior a lo que recibe la Gobernación de Boquerón, es el 40% del Fondo Ganadero. ↑
46. «Solicitud #46418. Informe sobre presupuestos y ejecución de instituciones», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 21 de septiembre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/46418 ↑
47. Ibidem. ↑
48. «No son bosques: un modelo antiecológico de negocio forestal se cierne sobre el Paraguay», Heñói, 29 de septiembre de 2021, https://henoi.org.py/2021/09/29/no-son-bosques-un-modelo-antiecologico-de-negocio-forestal-se-cierne-sobre-el-paraguay/ ↑
49. Ibidem. ↑
50. Arroyo Ka’a y Yvypyte (ambas del pueblo paĩ tavyterã), Paisayameixempa’a, El Estribo, Emha Solyatekta y Yakye Axa (todas del pueblo enxet), y Tekoha Sauce (pueblo ava guaraní). ↑
51. Adrián Morínigo, Diagnóstico y monitoreo participativo de la aplicación y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con énfasis en derechos Territoriales, Ambientales y a la Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado (Asunción: Tierraviva/Grupo SUNU, 2020). ↑