Mujeres y poder. Lento avance hacia la igualdad

En 2021 se conmemoran 120 años de la considerada primera expresión de la voz pública de las mujeres con el telegrama de las concepcioneras y 60 años del derecho al voto de las mujeres, reconocido por la Ley N.º 704/1961. Tantas décadas después y ya en el marco de un proceso democrático, los avances son lentos y, a pesar de que la cultura política se va transformando, las mujeres continúan enfrentando barreras para el acceso igualitario a los espacios de toma de decisión, por lo que el debate sobre la necesidad imperiosa de una ley de paridad y de la promoción de políticas públicas por la igualdad siguen más vigentes que nunca.

En este artículo se presenta información sobre la participación política electoral de las mujeres en este ciclo electoral desde las precandidaturas hasta los resultados, las principales barreras u obstáculos encontrados en este proceso y las medidas adoptadas por el Estado. Igualmente, se recogen las recomendaciones en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por último, se presentan casos, principalmente de violencia política contra las mujeres por razones de género y las actuaciones institucionales al respecto. Al final, se formulan recomendaciones concretas para garantizar el ejercicio y goce de los derechos políticos de las mujeres.

Situación del derecho

Participación política de las mujeres en las Elecciones Municipales 2021

El 10 de octubre de 2021 se celebraron las 7mas. Elecciones Municipales, donde se eligieron 261cargos para la intendencia y 2.781 integrantes titulares y la misma cantidad de suplencias, para las juntas municipales. Conforme la Justicia Electoral, en estas elecciones participaron 28 partidos políticos, 113 movimientos, 4 concertaciones y 118 alianzas electorales^[1]. Por primera vez se aplicó el desbloqueo de listas con voto preferente, con máquinas de votación y además nuevas normativas en torno al financiamiento político, tanto en las elecciones internas partidarias como en las generales.

El padrón electoral de las Elecciones Municipales 2021 quedó conformado por 4.644.536 electores y electoras (50,9% hombres y 49,1% mujeres). Algunos departamentos —como Central— y Asunción tienen un porcentaje mayor de mujeres (50,31% y 53,01%, respectivamente), y en otros —como Canindeyú— las mujeres empadronadas llegan al 45,10%, el porcentaje más bajo de todos. Estas brechas posiblemente estén vinculadas a la migración interna, del interior del país a la capital y también a los más limitados procesos de inscripción en el padrón en las zonas rurales. El padrón 2021 se incrementó en 441 mil personas desde el último de 2018 y casi de un millón de personas con relación al de las anteriores elecciones municipales en 2015^[2].

El ciclo se inició con las elecciones internas simultáneas de todos los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones, celebradas el 20 de junio de 2021. De estas elecciones, resultaron las candidaturas oficiales de las diferentes agrupaciones políticas para las elecciones de octubre.

Tabla 1. Cantidad y porcentaje de precandidaturas y candidaturas a intendencia y concejalía (todos los partidos y distritos), según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Justicia Electoral^[3].

Como se observa en la tabla 1, el porcentaje de mujeres precandidatas a la intendencia fue bajo, con apenas 14,1%, pero aproximadamente la mitad pasó la interna y se oficializaron 106 candidaturas. Esta baja participación en cargos unipersonales muestra las inmensas barreras de acceso que tienen las mujeres, la falta de apoyo de las estructuras partidarias y, muchas veces, de los caudillos o liderazgos locales y de recursos económicos para financiar una candidatura personal. Por otra parte, el porcentaje de precandidaturas y candidaturas para las juntas municipales se mantuvo por arriba del 30%, lo que coincide —en general— con las cuotas establecidas por los partidos respecto a la participación mínima de mujeres en las listas^[4], siendo un tope más que un piso para las mujeres^[5].

Como nota distintiva de estas elecciones es que en los cinco departamentos del sur —Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Guairá y Caazapá— donde se llevó adelante un monitoreo de las internas se encontraron 78 listas paritarias, lo que da cuenta del nivel de disputa que están dando las mujeres a nivel interno^[6]. Para las elecciones municipales de octubre, otro monitoreo independiente recabó que, de las 1.377 listas que competían para conformar las 261 juntas municipales, 223 (16,1%) tenían 50% o más de mujeres en 133 diferentes distritos. Es decir, la mitad de los distritos del país presentaba opciones de listas con una proporción paritaria de mujeres, incluyendo la capital^[7].

Tabla 2. Resultados en números absolutos y porcentajes, según cargo y sexo

Fuente: Unidad de Género, Justicia Electoral.

De la tabla 2 se desprende que, en el cargo de intendencia, solo el 11,8% son mujeres. De las 31 intendentas electas, 12 fueron reelectas. En los otros casos, los municipios tendrán por primera vez una mujer a cargo del Ejecutivo municipal. Resulta interesante, para un estudio de caso, el distrito de José Leandro Oviedo en el departamento de Itapúa. El mismo, bajo el liderazgo de la intendenta Del Pilar Vázquez, implementó en 2013 una ordenanza de paridad en todas las organizaciones sociales que debían ser reconocidas por la Municipalidad, como comisiones vecinales, clubes, comités escolares, etc. Para estas elecciones, la Asociación Nacional Republicana (ANR / Partido Colorado) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —que disputaban el poder a nivel local— presentaron listas igualmente paritarias, quedando la Junta Municipal finalmente integrada por 7 mujeres de un total de 12 bancas. Esto invita a reflexionar sobre el hecho de que, si bien las leyes no cambian per se la realidad, ayudan paulatinamente a transformarla y aceleran los cambios culturales y que listas paritarias pueden aumentar significativamente el porcentaje de mujeres electas. José Leandro Oviedo es un ejemplo de cómo la paridad «desde abajo» se fue haciendo cultura y de cómo, sin una ley de paridad aún en el sistema electoral, ambos partidos propusieron listas paritarias^[8].

Con relación a las juntas municipales, el porcentaje de mujeres electas es levemente mayor que en los periodos anteriores, con un 22,7% en todas las juntas del país. Sin embargo, el porcentaje de cargos en la suplencia supera el 20%, considerando que las listas para suplencias no fueron sometidas a votación ni desbloqueo, sino que se aplicaba el sistema D’Hondt de manera proporcional a las bancas ganadas por la lista. Respecto a este porcentaje (22,7%), hay que señalar que el mismo se mantiene relativamente igual desde las elecciones municipales del 2006, es decir, en los últimos cuatro periodos electorales, la variación de este número se ha mantenido en el 2%. El panorama con el desbloqueo podría haber sido peor, considerando algunas barreras como: la personificación de las campañas políticas, el incremento del gasto electoral y de las prácticas prebendarias, el aumento de la competencia (interna y externa), la ausencia de incentivos en el sistema electoral para las mujeres, la violencia política, entre otras. Aun así, el leve aumento de estos porcentajes es posible que se deba a los debates que han sido instalados en torno a la paridad y a la participación política de las mujeres^[9] —tal como se observó en los datos de precandidaturas y candidaturas— y a los procesos de formación política impulsados desde instituciones públicas y de la sociedad civil^[10].

Los departamentos con más concejalas titulares electas —en números absolutos— son Itapúa, seguido de Paraguarí —que además tiene seis intendentas electas en todo el departamento—, Ñeembucú, San Pedro y Alto Paraná, y así sucesivamente. Según datos de la Unidad de Género de la Justicia Electoral^[11], 16 de los 261 distritos no tienen ni una mujer concejala y, por otro lado, tres distritos —Yabebyry^[12], Pedro Juan Caballero y Capitán Bado— cuentan con juntas municipales conformadas de manera paritaria, y José Leandro Oviedo tiene más mujeres que hombres en la Junta.

Como se desprende de los gráficos 1 y 2, desde la implementación de la cuota mínima de mujeres en el Código Electoral en 1996, el porcentaje de mujeres apenas aumentó el 7,5%, lo que coloca a Paraguay entre los Estados con más baja participación política de mujeres en la región latinoamericana, sin medidas eficaces para remover los obstáculos que impiden el goce y ejercicio del derecho a la igualdad.

Gráfico 1. Evolución histórica de intendencias, según sexo y año electoral

Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora de Avanzar (datos de 1991 y 1996), y la Justicia Electoral (2015 y 2021)[13].

Gráfico 2. Evolución histórica de juntas municipales, según sexo y año electoral

Fuente: Elaboración propia a partir de La Hora de Avanzar (datos de 1991 y 1996), y la Justicia Electoral (2015 y 2021)[14].

Violencia política

El 22 de abril de 2021, fue presentado por las senadoras Lilian Samaniego, Mirta Gusinky, Blanca Ovelar, Zulma Gómez, Hermelinda Alvarenga, Esperanza Martínez y Desirée Masi el proyecto de ley «Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género»^[15]. Este busca complementar la normativa en torno a la violencia política contra las mujeres reconocida en la Ley N.º 5777/2016 «De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia», incluyendo disposiciones de prevención, atención y sanción, obligaciones a instituciones públicas, como el Ministerio de la Mujer, la Justicia Electoral y, principalmente, a los partidos políticos. El proyecto fue aprobado en general en la sesión del 27 de julio y cuenta con dictamen de aprobación con modificaciones de todas las comisiones a las que fue girado. Sin embargo, fue pospuesto en dos ocasiones para su estudio particular, procedimiento necesario para avanzar en la sanción legislativa. La propuesta encontró oposición de grupos antiderechos que tuvo eco en senadores, quienes han formulado propuestas de modificación que nuevamente buscan eliminar su sustancia y objetivos^[16], desconociendo la discriminación y la violencia específica que viven las mujeres en el campo político y los mandatos constitucionales, principalmente del artículo 48 de la Constitución, que dispone:

El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impiden o dificultan su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.

Financiamiento político

El monitoreo de gastos de campaña electoral de las Elecciones Municipales 2021, realizado por la organización Semillas para la Democracia, presenta información respecto a los gastos de campaña y aportes de los partidos con perspectiva de género.

Con relación a la inversión en publicidad, el informe de Semillas indica que 82% fue de candidatos, frente al 9% de candidatas. Además, la publicidad institucional alcanzó un 9%. «Esto significa 4.886.000.000 Gs. de inversión en publicidad de candidatos frente a la inversión de las mujeres candidatas de 535.074.000 Gs.». En cuanto al registro de inversión para candidaturas femeninas realizado por los partidos políticos, la ANR no presenta datos significativos, a pesar de ser quien más invierte en publicidad. El PLRA otorgó la misma proporción de recursos para hombres y mujeres. Y, aparte de estos partidos tradicionales, la Alianza Asunción para Todos, Encuentro Ciudadano y Patria Querida son los que invirtieron más en publicidad para candidaturas femeninas. ^[17]

Estas brechas en la disponibilidad de recursos económicos —a excepción del PLRA—muestran la clara desventaja en la que se encuentran las mujeres al momento de emprender una campaña política. Incentivos, control electoral y financiero, así como medidas para equiparar la cancha son necesarios para garantizar una participación política en igualdad de condiciones.

Examen Periódico Universal y Misión de Observación Electoral

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), celebrado en julio de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado paraguayo recibió una serie de recomendaciones en torno al aumento de la participación política de las mujeres y la prevención, atención y sanción de la violencia en todas sus formas^[18]. Estas recomendaciones fueron aceptadas por el Estado en la 48.ª Sesión del Consejo en septiembre de este mismo año. Algunas de estas son:

118.158: Aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública e incrementar su representación en los puestos decisorios (Iraq);

118.159: Aprobar una ley de paridad democrática para aumentar la participación de las mujeres en la vida política (Montenegro);

118.160: Continuar las medidas para promover la representación de las mujeres y las comunidades indígenas en la vida política y pública (Nepal);

118.161: Promover la participación de las mujeres y los pueblos indígenas en los cargos públicos y la vida política (Perú);

118.162: Ampliar la participación de las mujeres en la vida política y pública, contribuyendo así a su empoderamiento, y velar por la eficacia de la protección contra la violencia doméstica y sexual (Rumania);

Sobre violencia contra las mujeres, algunas de las recomendaciones aceptadas por el Estado fueron:

118.175: Proseguir sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables (Kirguistán);

118.176: Hacer un seguimiento de los esfuerzos realizados para combatir la violencia contra la mujer (Líbano);

Por otra parte, el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de las Elecciones Municipales 2021^[19], sugiere al Estado:

• Establecer mecanismos para garantizar la conformación paritaria de las listas de candidaturas. En el caso de que se mantenga el sistema de listas desbloqueadas, se sugiere introducir un doble voto preferente, de manera tal que cada elector deba escoger a un candidato y a una candidata de su preferencia.
• Establecer por vía legal que un porcentaje específico de los aportes y subsidios electorales entregados a las agrupaciones políticas deba ser destinado a la formación y empoderamiento de las mujeres dentro de las organizaciones políticas, así como a sus campañas electorales.
• Encargar al TSJE la asignación y control del uso de los tiempos que cada partido tiene en radio, televisión y medios escritos para que su distribución no quede a discreción de las organizaciones políticas, sino que se garantice un reparto equitativo entre candidatos y candidatas.

Respecto a la violencia política, la Misión recomienda:

• Avanzar en la elaboración de normativa para la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres. La Ley Modelo Interamericana formulada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) puede servir de referencia en este campo.
• Apoyar la creación de un observatorio de la violencia política contra las mujeres que registre los casos que se presenten, genere datos estadísticos, elabore protocolos de acción, y de seguimiento a la implementación de las leyes que se promulguen para combatir esta problemática.

Casos ocurridos en 2021

Violencia política contra las mujeres en el Congreso

No es la primera vez que se registran y denuncian casos de violencia política contra senadoras y diputadas, por razones de género^[20]. Este año, resaltan dos.

• Desirée Masi. Durante la sesión del 23 de septiembre de 2021, en el debate del proyecto de ley para elevar la pena por invasiones de inmuebles, el senador Fidel Zavala (Partido Patria Querida – PPQ) trató de «gata Flora» a la senadora del Partido Demócrata Progresista (PDP)^[21].
• Celeste Amarilla. En una discusión sobre una deuda pública, en la sesión del 25 de julio de 2021, el diputado Roberto González (ANR) trató a su colega de «putita con escapulario»^[22].

Ambos casos hacen alusión al comportamiento sexual de las mujeres, con claras manifestaciones machistas y despectivas hacia las congresistas que, además, se encontraban debatiendo sobre asuntos de importancia pública. Lo resaltante también es que, en ninguno de los dos casos, ni el presidente de Diputados ni el de Senadores tomaron medidas frente a los dichos de sus colegas.

Diputada con medidas de protección

Haciendo uso de la Ley N.º 5777/2016, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), denunció y solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Paz de Villa Elisa, departamento Central. Igualmente, presentó los antecedentes del caso al Ministerio de la Mujer, solicitando que arbitre los mecanismos y medios necesarios para protegerla y parar la violencia que se ejercía sobre la misma. La denuncia formulada señala que el señor Rauand Rauf Latif ejercía de manera sistemática acoso, amenaza sexual y hostigamiento en su contra, llegando a señalar mensajes que textualmente decían: «Desnudar a Kattya González en sus acciones e intervenciones […] el placer de hacer lo correcto». La situación había empeorado, llegando a acoso físico intimidante a la diputada y a sus familiares, a través de toma de fotografías de su domicilio y de seguimiento con distintos vehículos. El Juzgado de Paz adoptó medidas de protección que incluían la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima, así como la prohibición de actos de persecución, intimidación, acoso, palabras ofensivas, hostigamiento, amenazas —ya sea de manera directa o indirecta— a la denunciante, por cualquier medio, incluidas las redes sociales^[23]. El caso tuvo repercusión a nivel nacional e internacional, primero con la declaración unicameral de apoyo de la Cámara de Diputados^[24] y, segundo, por el pronunciamiento emitido por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) que, entre otras cosas, señaló:

Al respecto, el Comité hace notar que los mensajes sexistas en contra de la diputada que circulan en redes sociales están basados en su género y que los mismos menoscaban su imagen pública y que podrían tener un impacto en el ejercicio pleno de sus derechos políticos, además de que le ha implicado vivir en constante temor por su vida y la vida de sus familiares^[25].

Atentado contra candidatas a intendencia

Una de las cuestiones por las que se ha caracterizado el proceso electoral del 2021 fue la violencia política en general^[26], pero también la violencia política ejercida directamente contra las mujeres con el objetivo claro de impedir su carrera política. Algunos de los atentados más graves, y que implican una amenaza al derecho a la vida, son los casos de las candidatas a las intendencias de Nueva Colombia (Cordillera) e Independencia (Guairá), que se presentan a continuación.

• Lidia Rosa Escobar. En aquel entonces, candidata electa a intendenta por el PLRA en Nueva Colombia, fue víctima de desconocidos que entraron en su casa la noche del 25 de junio. Con arma de fuego en mano, los sicarios preguntaron por ella, presumiblemente para acabar con su vida; sin embargo, no la reconocieron y su padre, que estaba en la habitación contigua, salió y efectuó disparos que lograron alejar a los sicarios^[27].
• Eva Cristaldo. En la noche previa a las elecciones del 10 de octubre de 2021, sufrió un atentado la candidata del PEN a la Intendencia de Independencia. El vehículo en el que se trasladaba con otra persona recibió ocho disparos. Estos fueron realizados por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes se adelantaron y luego se dirigieron hacia la víctima efectuando los disparos del lado izquierdo del auto, lugar donde estaba ubicada la candidata. Afortunadamente, salió ilesa. El PEN, en un comunicado emitido al día siguiente, expresó su solidaridad con la candidata, quien «enfrenta a la rosca mafiosa local». Frente a este caso, la Cámara de Diputados aprobó el 26 de octubre una Declaración Unicameral, por medio de la cual repudia el hecho y exige al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio del Interior la inmediata intervención y transparencia en el proceso de investigación, arbitrando los mecanismos necesarios para esclarecer el caso^[28].

El objetivo de ambos casos era sacar a las mujeres de la carrera política. «Querían matarme, me quieren sacar del paso. Quiero retirarme de la política, no quiero saber más nada», señaló Lidia Escobar a un medio de prensa^[29]. Por su parte, Eva Cristaldo escribió en su red social: «Se pierde y en otros momentos se gana, pero no existen garantías en este país para meterse en política, no vale la pena»^[30]. Estas declaraciones son una muestra de miedo y desesperanza. Finalmente, ese es el mensaje que instalan estos atentados en sus víctimas, pero también el mensaje simbólico a otras mujeres que pretenden iniciar una carrera política bajo las normas democráticas.

Violencia contra la dignidad de las mujeres con fines políticos

El precandidato a concejal municipal Celso Miranda, alias «Kelembu» (de la Lista 32, opción 6 de la ANR), lanzó una serie de videos de mujeres desnudas en posiciones eróticas como parte de su estrategia de comunicación política. Los videos circularon principalmente en los grupos de WhatsApp. A raíz de esto, por primera vez, la Justicia Electoral dispuso una medida cautelar a solicitud de la agente fiscal electoral Abog. Nilsa M. Torales, por medio de la cual se ordenó la suspensión inmediata de la emisión de la propaganda electoral y se prohibió al precandidato, así como a su apoderado y simpatizantes, a seguir realizando cualquier tipo de propaganda electoral con mensajes que constituyen una clara violación de los artículos 290 y 292 del Código Electoral, bajo apercibimiento. En la resolución del Juzgado Electoral se expresa que la propaganda suspendida constituye una violación —entre otras normativas— al artículo 46 de la Constitución y la Ley N.º 5777/2016, específicamente como violencia mediática, telemática y simbólica contra las mujeres, así como a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención de Belém do Pará^[31]. Otros videos también surgieron de otros candidatos de la Lista 32 del Movimiento Compromiso Republicano de la ANR; sin embargo, no se aplicaron sanciones. En su momento, tanto el Ministerio de la Mujer como el Tribunal Superior de Justicia Electoral recordaron a candidatos las faltas a las normas en las cuales incurrían^[32].

Conclusiones

El Paraguay se encuentra en un momento difícil de la era democrática, con el aumento de la violencia política en general —y en particular contra las mujeres—, influencias de capitales financieros poco transparentes, grupos conservadores que se oponen a derechos constitucionales, monopolios de medios de comunicación y liderazgos y partidos debilitados (principalmente de la oposición), que se suman a problemas estructurales como: el aumento de la pobreza, la ineficacia del sistema de salud pública, la corrupción, el desempleo —agravado por la pandemia del COVID-19—, entre otros. El sistema electoral no opera en el vacío, sino que, dentro de este contexto, de estas reglas de juego que no favorecen una competencia en igualdad de condiciones, principalmente en el caso de grupos que han estado históricamente excluidos del poder como las mujeres, las y los indígenas, juventudes, las personas con discapacidad, etcétera.

A pesar de estas dificultades, cabe una nota de esperanza en los cambios culturales que paulatinamente se observan. Los debates sobre paridad y violencia política contra las mujeres, los procesos de formación política con perspectiva de género, las iniciativas legislativas y políticas públicas enfocadas en los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 y en especial en el ODS 5. No cabe duda de que estos cambios son verdaderamente desafiantes y que es necesario construir consensos, renovar liderazgos y fortalecer una verdadera participación ciudadana democrática que incluya a las mujeres en igualdad de condiciones.

Recomendaciones

• Adoptar una Ley de Paridad, que garantice el acceso de las mujeres a cargos de decisión en todos los niveles y estructuras del Estado, incluyendo organizaciones intermedias.
• Aprobar el proyecto de ley «Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contras las mujeres por razones de género» por parte de ambas cámaras del Congreso. Además de protocolos, guías, modificaciones en reglamentos internos que adopten medidas eficaces y eficientes frente actos de violencia contra las mujeres en el Congreso y en partidos políticos, principalmente.
• Establecer límites a los gastos de campaña y un porcentaje mínimo de los aportes y subsidios electorales destinados a la formación y empoderamiento de las mujeres, al igual que el soporte para gastos de campaña electorales.
• Establecer mecanismos de asignación y control del uso de los tiempos que cada partido tiene en radio, televisión y medios escritos para que su distribución no quede a discreción de las organizaciones políticas, sino que se garantice un reparto equitativo entre candidatos y candidatas^[33].
• Aumentar el presupuesto público del Ministerio de la Mujer para garantizar la transversalización de género y el desarrollo e implementación eficaz del IV Plan Nacional de Igualdad, en especial, el Eje 2 sobre el empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones.
• Promover y llevar adelante procesos de formación política con perspectiva de género con mujeres y hombres de cara a las Elecciones Generales del 2023, partiendo de la experiencia del proceso electoral del 2021.
• Fortalecer y potenciar las redes de mujeres como espacios colaborativos, de debate y posicionamiento público de temas de interés social.
• Impulsar amplias campañas de comunicación bilingües español/guaraní en zonas urbanas y rurales respecto a la importancia de la participación política de las mujeres, de las juventudes, de personas indígenas, y otros grupos menos visibilizados como parte del pluralismo democrático y del fortalecimiento del sistema democrático.

1. Tribunal Superior de Justicia Electoral, Elecciones Municipales 10 de octubre de 2021, Dossier Informativo, https://tsje.gov.py/elecciones-municipales-10-de-octubre-2021—dossier-informativo.html ↑

2. Tribunal Superior de Justicia Electoral, Electores Habilitados para votar por Año Electoral. Crecimiento Periodo 1996-2021, https://tsje.gov.py/static/ups/libros/pdf/Padron-2021.pdf ↑

3. Se agradece la colaboración de Cynthia Figueredo, directora de la Unidad de Políticas de Género, y de Carmen Echauri, responsable de Programa de IDEA Internacional, en la obtención de los datos, el cruzamiento y la validación de los mismos con la autora. ↑

4. El Código Electoral —Ley N.º 834/1996, en el inc. r, artículo 32— establece un porcentaje mínimo de mujeres del 20%. Sin embargo, partidos tradicionales como la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tienen cuotas del 33% y otros —como, por ejemplo, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), Partido Participación Ciudadana (PPC), Partido Popular Tekojoja (PPT), Partido País Solidario (PPS)— tienen cuota del 50% o paridad. ↑

5. Un monitoreo realizado por Kuña Róga —en el marco del proyecto «Sumamos Mujeres»—, durante las internas partidarias en los departamentos de Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Misiones e Itapúa, encontró que el 60% de las listas de la ANR tenían 33% de mujeres (salvo en el departamento de Itapúa, donde apenas alcanzó el 44%), no así en Guairá, donde el 91% de las listas cumplían este mandato. En el caso del PLRA, el 85% de las listas cumplieron la cuota interna del 33% de mujeres, con porcentaje mayor en Misiones (88%) y menor en Ñeembucú (75%). En las listas del Frente Guasu, solo 3 de las 33 listas presentadas tenían 50% de mujeres, conforme sus estatutos internos. Información disponible en la serie de artículos «¿Dónde están las mujeres?», Sumamos Mujeres, junio de 2021, https://sumamosmujeres.blogspot.com/. Este incumplimiento de las cuotas internas implica que los movimientos se remiten al Código Electoral con una cuota menor (20%), que hay nulo control de la normativa por parte de los tribunales electorales partidarios internos y, en definitiva, ausencia de voluntad política y de sanciones ante su incumplimiento. ↑

6. Revista Candela Mujer. Julio 2021, Encarnación, Paraguay, https://kunaroga.org/wpcontent/uploads/2021/07/revista-candela-JULIO-2021-webOK-comprimido.pdf ↑

7. Line Bareiro y Marcella Zub, «La paridad desde abajo», Centro de Documentación y Estudios, https://www.cde.org.py/la-paridad-desde-abajo/ ↑

8. Es importante señalar que los distritos de Pilar (Ñeembucú), Santa María (Misiones) y Encarnación (Itapúa) también cuentan con ordenanzas de paridad y en los mismos se registró una alta participación de mujeres. ↑

9. Principalmente, desde el año 2016, cuando se presentó el proyecto de Ley de Paridad por parte del Grupo Impulsor de Paridad (GIPD), con amplia participación de redes y organizaciones de mujeres. ↑

10. Algunas de las instituciones públicas que han impulsado procesos de formación y capacitación política a mujeres son: Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ministerio de la Mujer, Secretaría de la Función Pública, Secretaría Nacional de Cultura y Ateneo Cultural Lidia Guanes. Desde la sociedad civil, organizaciones como Kuña Róga, Centro de Documentación y Estudios, Red de Mujeres del Sur, Red de Mujeres de Pilar, Kuña Kuéra, entre muchas otras. Cabe resaltar que estos procesos han contado —en su gran mayoría— con apoyo de organismos internacionales, como IDEA Internacional, Agencia de Cooperación Española y Desarrollo (AECID), Unión Europea, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, Fondo de Mujeres del Sur, entre otros. ↑

11. Información remitida por Cynthia Figueredo, directora de la Unidad de Género. ↑

12. En el periodo 2015-2021, la Junta Municipal de Yabebyry tenía cinco mujeres concejalas, lo que es reflejo, una vez más —aunque aún hay excepciones—, de cómo la presencia de mujeres en los espacios políticos se va consolidando a nivel cultural. ↑

13. Line Bareiro y Lilian Soto, La Hora de Avanzar (Asunción: ONU Mujeres, 2015), 58. Justicia Electoral, Memoria Elecciones 2015, y datos del 2021. ↑

14. Ibidem. ↑

15. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123379 ↑

16. Con anterioridad, estos grupos hicieron lo mismo con la Ley de Paridad, planteando modificaciones sustanciales que vacían de contenido a la propuesta. ↑

17. Véase informe completo en Semillas para la Democracia, Mirador Electoral. ¿Cuánto cuestan las elecciones? Monitoreo del gasto en campaña electoral de las Elecciones Municipales 2021, https://www.semillas.org.py/wp-content/uploads/2021/10/Informe-de-Monitoreo-de-gastos-electorales_octubre-2021_SPD.pdf ↑

18. Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/48/9 del 12 de julio de 2021. ↑

19. «Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Paraguay, 11 de octubre de 2021», OASPress, http://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar-MOE-Paraguay-2021.pdf ↑

20. Véase Marcella Zub Centeno, «Hay que acelerar el cambio. ¡Ley de Paridad ya!, en Derechos Humanos en Paraguay 2020 (Asunción, Codehupy, 2020), 457- 458. ↑

21. «Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores 23-09-2021» (minuto 9:22:39) [Archivo de video], SenadoTV py, 23 de septiembre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=5xoGFb7T7-o ↑

22. «Diputado insulta a legisladora por responsabilizar a la ANR por deuda espuria de Itaipú», Última Hora, 21 de julio de 2021, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.ultimahora.com/diputado-insulta-legisladora-responsabilizar-la-anr-deuda-espuria-itaipu-n2952150.html ↑

23. Autos caratulados «Kattya Mabel González Villanueva c/ Rauad Rauf Latif s/ Medidas de protección, de urgencia Ley 5777/16». Medida cautelar del 26 de marzo de 2021. Expediente N.° 481. Juzgado de Paz de Villa Elisa. ↑

24. Declaración unicameral «Por la cual la honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay manifiesta su apoyo y solidaridad con la Diputada Nacional Kattya González». «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123199 ↑

25. «Comité de Expertas expresa preocupación por el hostigamiento sufrido por Kattya González, diputada nacional en Paraguay», OEA MESECVI, 29 de abril de 2021, https://mailchi.mp/oas/qgo4ahkumn-1122108 ↑

26. Cuatro candidatos a concejales fueron ejecutados. Véase más información sobre la violencia preelectoral en el análisis de coyuntura política de este informe. ↑

27. «Intendenta de Nueva Colombia sufre atentado en su domicilio», Noticias Paraguay – NPy, 25 de junio de 2021, acceso el 15 de octubre de 2021, https://npy.com.py/2021/06/intendenta-de-nueva-colombia-sufre-atentado-en-su-domicilio/ ↑

28. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 15 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/124477 ↑

29. Declaraciones brindadas al medio ABC Cardinal. «Desconocidos intentaron atentar contra la intendenta de Nueva Colombia», ABC Color, 25 de junio de 2021, acceso el 15 de octubre de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/06/25/desconocidos-intentaron-atentar-contra-la-intendenta-de-nueva-colombia/ ↑

30. Mensaje escrito por la candidata Eva Cristaldo en la red social Facebook el 12 de octubre de 2021. ↑

31. A.I. N.º 05 del 11 de junio de 2011. Juzgado Electoral de Alto Paraná. ↑

32. «Desde la #JuticiaElectoralPY y el Ministerio de la Mujer, hacemos un llamado…» [Facebok]. Comunicado de la Dirección de Políticas de Género de la Justicia Electoral [@PoliticasdegeneroJE], 12 de junio de 2021, https://www.facebook.com/2012337392127276/posts/4657194187641570/ ↑

33. Recomendación formulada por la Misión de Observación Electoral de la OEA en 2021. Ibidem 19. ↑