El modelo de seguridad instalado e implementado hasta el momento en Concepción, San Pedro y Amambay —donde hace ocho años rige un estado de excepción de facto— ha contribuido al fortalecimiento de una cultura plagada de violencia e incertidumbre. Con ello, los habitantes de esos territorios viven bajo la mirada permanente de la fuerza pública, bajo sospecha constante, cargando —a su vez— un enorme estigma por pertenecer a una zona en conflicto. La resistencia para cambiar de estrategia es dura y tenaz porque hay mucho dinero en juego. Y, a pesar de que la FTC ha fracasado en su objetivo, ante cada baja o muerte violenta ocurrida se instala que las fuerzas están desfinanciadas y, valiéndose del estado de conmoción, logran permanentes aumentos en sus partidas presupuestarias en lugar de invertir esos recursos con vistas a construir un genuino ambiente de paz.
