En Paraguay, si bien la Constitución Nacional plantea la obligatoriedad de derechos fundamentales, como la salud, la educación, la tierra y la vivienda, los gobiernos de turno y, en regla general, los representantes de los tres poderes promueven, plantean e implementan una gestión de recursos estatales en la cual la garantía de acceso a derechos no es la prioridad. La política fiscal del Estado es hasta ahora promotora de desigualdades y privilegios, en particular la política tributaria, poco transparente y capturada por intereses privados.
