Las trabajadoras domésticas se han visto obligadas a aceptar condiciones de trabajo precarias: sobrecarga de horas, salarios bajos e informalidad debido a la necesidad de contar con ingresos frente a las innumerables pérdidas de puestos de trabajo como consecuencia de la crisis general en la economía por el COVID-19. Desde el Estado, en el segundo año de pandemia, no se han promovido políticas ni programas específicos dirigidos al sector, la rama más feminizada del empleo y la economía.
Los casos registrados en 2021 dan cuenta del sesgo discriminativo de las y los operadores de justicia, aun cuando las víctimas ya están muertas. Esto resulta preocupante, pues no se cuenta con datos respecto al número de personas trabajadoras sexuales asesinadas ni del resultado de los procesos. Se constata, una vez más, que el Estado no está para garantizar, sino para atropellar e inclusive invisibilizar los derechos de las personas trabajadoras sexuales.
Existen múltiples barreras para la inclusión en el Paraguay, entre ellas, la brecha de desigualdad social; la discriminación, la falta de criterios de accesibilidad en el entorno físico, en la comunicación, en la actitud, en los instrumentos normativos y en la metodología de enseñanza aprendizaje. Los avances en materia de derechos se centran en lo normativo, en planes y guías que intentan hacer frente a dinámicas sociales enraizadas en prácticas segregadoras, lo que hace que el Estado paraguayo tenga un largo camino que recorrer para saldar la deuda histórica con las personas con discapacidad.
