Una millonaria adquisición de municiones y armas menos letales, en plena pandemia, así como la puesta en vigor de un nuevo protocolo sobre el uso de la fuerza, plantean la necesidad de discutir los límites y controles que se deben establecer en el nivel operacional sobre la labor policial. La impunidad de la tortura sigue siendo, por otra parte, el principal factor que determina la crónica persistencia de esta práctica.
En materia de derechos humanos, el impacto de la corrupción en las políticas es palpable en este momento particular en el que urge implementar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis social y económica que sobreviene a la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. En esta coyuntura, la corrupción evidenció mayores desigualdades y propició la violación directa e indirecta de derechos humanos, con un golpe a la credibilidad de las instituciones y el sistema político, llegando incluso a degradar las bases de la democracia.
