La corrupción incólume, mientras las demandas históricas siguen insatisfechas

En materia de derechos humanos, el impacto de la corrupción en las políticas es palpable en este momento particular en el que urge implementar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis social y económica que sobreviene a la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. En esta coyuntura, la corrupción evidenció mayores desigualdades y propició la violación directa e indirecta de derechos humanos, con un golpe a la credibilidad de las instituciones y el sistema político, llegando incluso a degradar las bases de la democracia.

Este artículo aborda una cuestión crucial: el vínculo entre las prácticas de corrupción y el goce de los derechos humanos de toda la población, sin exclusiones. Se describen algunos casos que saltaron al tapete en contexto del segundo año de pandemia del COVID-19, que tuvieron consecuencias nefastas. Se reflexiona, asimismo, sobre cuál es el camino a transitar en medio del reinado de la impunidad. También se mencionan algunos intentos de mejoría, que no logran hacer mella. Finalmente, luego de unas consideraciones finales, se recomiendan acciones para erradicar el mal endémico de la corrupción que corroe los derechos humanos en Paraguay.

Situación del derecho

Los vínculos entre corrupción y derechos humanos son una línea de preocupación regional en los últimos años. El reto está en poder identificar cuáles son esos vínculos. El acercamiento inicial a esta temática fue el cumplimiento de derechos económicos sociales y culturales. Sin embargo, el Sistema Interamericano está haciendo actualmente un abordaje más concreto, a partir de la Resolución N.° 1/2018 «Corrupción y Derechos Humanos», que derivó después en el informe del mismo nombre publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2019^[1].

Vista desde un enfoque de derechos humanos, la corrupción implica un cambio de eje respecto de la perspectiva tradicional, ya que, de esta manera, los efectos de la corrupción pasan de tener una mirada meramente económica a colocar en el centro a las personas y las consecuencias que tienen para sus vidas, principalmente para aquellas que ven afectados sus derechos de una manera desproporcionada, como las personas privadas de libertad, migrantes, pueblos indígenas, etcétera.

El Paraguay es firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), esta última en proceso de examen en el segundo ciclo de evaluaciones sobre su implementación, que abarca los capítulos II (medidas preventivas) y V (recuperación de activos)^[2].

Asimismo, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafilat^[3], durante el 2021, Paraguay está siendo evaluado sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; a partir de cuyos resultados se podría volver a la «lista gris» de países no cooperantes en materia de combate contra el blanqueo de capitales, teniendo en cuenta que aún se encuentra entre los países con mayor exposición al blanqueo de capitales en la región.

En general, los sistemas de seguimiento externo son los que han contribuido a avanzar en la adecuación normativa y en las políticas anticorrupción, estableciendo normas mínimas, posicionando el tema en la agenda del país, generando presión a través de los procesos de evaluación y obligando a una recolección de datos más sistemática que implica la creación de sistemas de información que permitan la evaluación.

En ese orden de cosas, si bien Paraguay cumple en gran parte con las recomendaciones de adecuación normativa, las acciones anticorrupción desarrolladas por el Gobierno no resultan ser del todo oportunas, convenientes y adecuadas, conforme al contexto económico, institucional y/o social del país.

A través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) se registran avances significativos en la agenda de lucha contra la corrupción, plasmados en una serie de instrumentos como: el Plan Nacional de Integridad; el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano (obligatorio en las instituciones del Poder Ejecutivo); la Guía para la Construcción de Mapa de Riesgo de Corrupción, sumado al Sistema de Control Interno (MECIP)^[4], ya existente previamente. No obstante, persiste una serie de barreras como la falta de seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial, lo que se traduce en: alto nivel de impunidad; discontinuidad de las políticas y de los proyectos con los cambios de autoridades; ausencia de normativa para gestionar los conflictos de interés; prevalencia del prebendarismo, clientelismo y nepotismo políticos; falta eficiente en el control del financiamiento político; débil desarrollo en la población de la cultura de la ética; e instituciones de control carentes de adecuados sistemas informáticos para el procesamiento de la información y trabajo desarticulado entre los mismos.

Desde el mes de marzo de 2021, organizaciones de la sociedad civil participaron en el Observatorio Ciudadano de Corrupción sobre el cumplimiento de los Compromisos de Lima (2018) «Gobernabilidad Frente a la Corrupción», documento resultante de la Cumbre y que constituyó una oportunidad para refrendar y ratificar los compromisos internacionales previos en temas de lucha contra la corrupción^[5].

El informe nacional presenta un resumen de los resultados y las conclusiones del seguimiento al avance y/o cumplimiento en Paraguay de los compromisos de la Cumbre 2018 en los ejes de: a. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; b. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; c. Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; d. Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; e. Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

En el nivel de cumplimiento del compromiso Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el peor puntuado fue el de: promover la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción, con un promedio de 0,17/3.00. En ese sentido, una de las recomendaciones resaltantes fue la necesidad de identificar los riesgos que tiene la corrupción con un enfoque de derechos humanos y género, entendiendo que impactan gravemente en poblaciones vulnerables y en situación de discriminación como comunidades indígenas, LGTBIQ, niños, niñas y adolescentes, adultos y adultas mayores y, entre estas, de manera diferenciada, a las mujeres en diversas áreas como la participación política, presupuestos diferenciados y programas sociales, la trata de personas, la violencia, el acceso a los servicios como justicia, salud o educación.

El gráfico 1 consigna los resultados generales obtenidos por Paraguay en los cinco temas en los que se clasifican los compromisos.

Gráfico 1. Resultados generales de Paraguay acerca de los compromisos de la Cumbre 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las organizaciones de la sociedad civil participantes en la plataforma del Observatorio Ciudadano de Corrupción.

¿Cómo afectan en materia de derechos humanos las conductas corruptas?

La falta de datos oficiales —objetivos y concretos— sobre el total del dinero público desviado mediante actos de corrupción, a causa de su indeterminación y del carácter subjetivo y disperso de la información acerca de ellos, dificulta la medición y supone una barrera para relevar el impacto real que tiene sobre los derechos humanos. De todos modos, es claro que afecta desproporcionadamente a grupos históricamente discriminados, acentuando y reproduciendo su exclusión en el acceso a derechos básicos como salud, educación, agua, vivienda, etc., donde cabe destacar que las mujeres sufren ese impacto de manera diferenciada por vulnerabilidades derivadas de su género, existiendo, además, formas de corrupción que las afectan de manera específica, como el abuso, la trata, la extorsión y la explotación sexual.

Las consecuencias de no adoptar medidas a tiempo para prevenir la corrupción en medio de la crisis generada por la pandemia, requirió instituciones muy creíbles que tomen medidas acordes a la magnitud del problema. Como esto no ocurrió, el resultado fue: instituciones profundamente desprestigiadas y con degradación de su credibilidad por la corrupción, con una completa falta de liderazgo. La corrupción en pandemia ha tenido un efecto no solo a nivel de los escándalos, sino sobre la credibilidad de las instituciones, revelando la crisis profunda por la que atraviesa la calidad de la democracia^[6].

El Gobierno ha adoptado medidas excepcionales en respuesta a la pandemia del COVID-19. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por la naturaleza, el alcance y la duración de dichas medidas y los efectos en los derechos humanos y la democracia, en una reunión abierta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 29 de abril de 2021. En la ocasión, se resaltó la poca o nula atención a situaciones no relacionadas con el COVID-19 y que han permitido también violaciones a los derechos fundamentales y las libertades individuales, como el aumento de la violencia en sus diferentes manifestaciones, principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, hacia personas con discapacidad y adultas mayores; la corrupción e ineficiencia gubernamentales en cuanto a la utilización de recursos públicos para hacer frente a las necesidades de los grupos de población más vulnerables y las amenazas a la libertad de expresión y de manifestación^[7].

En el marco de las protestas ciudadanas —denominadas «el Marzo Paraguayo de 2021»—, desatadas en el país a raíz de la severa crisis sanitaria, social y económica y la incapacidad de respuesta por parte del Gobierno ante la escasez de insumos, medicamentos, el retraso en la adquisición de vacunas para COVID-19 y escándalos de corrupción, la policía reprimió brutalmente las manifestaciones pacíficas, dejando decenas de heridos(as) y detenidos(as). El caso de una estudiante universitaria en particular, procesada penalmente por participar de estas manifestaciones ciudadanas, es tan solo uno de los tantos casos de criminalización de la protesta donde se persigue selectivamente a líderes y lideresas sociales en procesos irregulares y arbitrarios con fines de disciplinamiento y desmovilización^[8].

El reclamo ciudadano común ha sido en contra de la clase política corrupta y el pedido de renuncia o el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez por mal desempeño en sus funciones, y por las evidencias de corrupción registradas en varias instituciones públicas difundidas por diversos medios de comunicación. La oposición presentó un libelo acusatorio para el juicio político al presidente y vicepresidente de la República, acusando de esta forma al Poder Ejecutivo por mal desempeño en sus funciones e ineptitud en la gestión durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no se reunieron los votos suficientes para concretar este objetivo^[9].

Por su parte, el presidente Mario Abdo Benítez realizó cambios en su Gabinete después de las fuertes protestas ciudadanas y en medio de la crispación social y política, justificando su decisión «en aras de la pacificación». De esta forma, designó a nuevas autoridades al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de la Mujer y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

La transparencia es el camino

El derecho de acceso a la información es una de las principales herramientas para el control de la actividad estatal por parte de la ciudadanía. La información pública es el primer paso hacia el principio de publicidad en la administración y es imprescindible para concretar la participación social.

Sin embargo, si bien cumple con su rol de transparencia activa, la publicación de datos sin sinergia entre los organismos competentes, al no reunir los atributos para una información relevante y de calidad, no resulta del todo útil a su fin de transparentar efectivamente la información bajo los más altos estándares y que sirva efectivamente para que la ciudadanía entienda los datos y pueda realizar un control asequible sobre ellos.

Por otra parte, pese a los esfuerzos de transparencia activa, muchas instituciones —en especial el Ministerio de Salud— se vieron involucradas en actos de corrupción en los procesos de compra pública en el contexto COVID-19, como el de los «insumos chinos», calificado como el mayor caso de corrupción de compras públicas en pandemia, donde el Ministerio de Salud —a través de un proceso de contratación por excepción en el marco de la «urgencia impostergable»— licitó insumos correspondientes a camas y equipos de protección. Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) coincidieron —como resultado de sus investigaciones de auditoría y administrativa, respectivamente— en que hubo digitación en el otorgamiento de la licitación, con lo que se violó el principio de igualdad^[10]. El caso fue derivado al Ministerio Público, donde hasta el momento aún no existe definición en la investigación^[11].

A la fecha de elaboración del presente informe, existían al menos 128 casos judicializados^[12] por denegación expresa o tácita de acceso a la información. Entre ellos, se resaltan el pedido de información que promovió la Sociedad de Comunicadores del Paraguay por denegación expresa para obtener datos de la Itaipú Binacional, amparo que fue favorable en primera instancia^[13], pero recurrido ante el Tribunal de Apelaciones, donde la Primera Sala de Capital revocó el fallo bajo los argumentos de que «[…] solamente a través de un acuerdo internacional entre Brasil y Paraguay se podría viabilizar el control externo de la Entidad […]»^[14].

Otro caso paradigmático es el de la excandidata a la intendencia municipal por Asunción, Johana Ortega, quien solicitó a la Municipalidad de Asunción la presentación de facturas y un informe detallado de los gastos del fondo de emergencia y las asignaciones sin licitaciones realizadas en el marco de la pandemia, debiendo recurrir al amparo por denegación tácita, tras el cual la ciudadanía tuvo acceso a una lista de irregularidades en el manejo de los fondos, que ascienden a la suma de Gs. 21.000 millones, fenómeno conocido como «Nenecho Papers»^[15].

Contrataciones públicas

Los datos abiertos fueron claves para que la DNCP pudiera identificar qué compraban las instituciones públicas. En ese sentido, Paraguay tiene uno de los sistemas de contratación pública abierta más modernos.

Sin embargo, pese a las buenas prácticas registradas, la contratación pública continúa siendo una de las actividades gubernamentales más vulnerables a la corrupción. Teniendo en cuenta que en el proceso interactúan los sectores público y privado, la contratación pública plantea diversas oportunidades para que tanto los agentes públicos como privados desvíen fondos públicos para la consecución de ganancias particulares. La misma DNCP identificó como debilidades del actual marco normativo: sanciones irrelevantes a los que no cumplen lo acordado, como así también empresas que se crean solo para proveer al Estado, la baja garantía de calidad de productos proveídos, y plazos relajados para que proveedores efectivicen los contratos. El sistema está diseñado para la selección de la oferta más barata sin poder juzgar la calidad del producto o servicio, por lo que urge la aprobación de la adecuación legislativa presentada por la DNCP^[16].

Organizaciones de la sociedad civil usaron los datos abiertos para armar su propio tablero de compras y seguir de cerca los procesos. El Centro de Desarrollo Sostenible (CDS) e IDEA, apoyados por reAcción, Semillas para la Democracia y de Open Contracting Partnership, crearon la plataforma «Control Ciudadano», un sitio con análisis sobre las contrataciones y los fondos de emergencia durante la pandemia, que contiene además otras fuentes de información como las declaraciones juradas, los datos sobre beneficiarios de subsidios durante la pandemia y la nómina de funcionarios^[17].

Financiamiento político

Desde la sociedad civil ha sido muy difícil supervisar el financiamiento político, debido a la ausencia de normativas que garanticen el carácter público de las informaciones y rendición de cuentas presentadas por las agrupaciones políticas. Se considera que, con la nueva legislación —Ley N.º 6501/2020—, se implementaron mejoras en cuanto al acceso a la información pública, herramientas digitales de difusión de información, y canales interinstitucionales en el sector público para mejorar la comunicación, supervisión y control. Actualmente, esta ley está pasando una etapa clave de prueba con las recientes elecciones municipales. Se espera que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cumpla con las publicaciones de las documentaciones y rendiciones que reciban oportunamente de los partidos y movimientos políticos.

Estas modificaciones al Código Electoral son consideradas innovaciones importantes, dado que establecen procedimientos específicos para las internas, las elecciones generales y municipales y posterior a ellas, así como sanciones específicas, lo que significa un avance en materia jurídica de control del financiamiento político. Además, complementan el marco normativo vigente, volviéndolo más rígido y enfatizando en la trazabilidad del financiamiento de las campañas electorales como un elemento clave. La aplicación de sanciones es una de las principales debilidades en el control del financiamiento político y su factibilidad está relacionada con las capacidades que tiene el Estado para imponer consecuentemente la ley.

El acceso a la justicia duerme el sueño de los justos, mientras la garantía de impunidad gobierna

El combate a la corrupción pasa en un importantísimo lugar por un Poder Judicial que tutele un Estado de derecho orientado a la protección de los derechos humanos. El Paraguay fue observado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales sobre la situación de la falta de independencia del Poder Judicial, la persistencia de violencia contra periodistas, la ausencia de investigación y de rendición de cuentas.

A través del panel de Datos Abiertos de la Senac^[18] se visualiza que se han tomado medidas para investigar y sancionar a funcionarios(as) de nivel bajo y medio que cometieron abusos. Aun así, de un universo de 450 causas penales abiertas en casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, apenas 4 están en situación de juicio oral y público, lo que da cuenta de la excesiva burocracia fiscal y judicial para las investigaciones.

El ejercicio abusivo del derecho por parte de litigantes, a través de incidentes y recursos con fines meramente dilatorios, representa también un obstáculo y, en ese sentido, la intervención oportuna de la Superintendencia de Justicia es fundamental. La falta de aplicación oportuna de medidas disciplinarias ha permitido la prescripción y extinción de causas penales relacionadas con hechos de corrupción pública.

A través del Observatorio de Causas Judiciales, la Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía información relevante —en datos abiertos— sobre el estado de causas judiciales de corrupción pública de gran impacto social, entre ellas la del exsenador Óscar González Daher (Expediente N.º 257/2018 «Óscar Alberto González Daher y otro s/ Lavado de Dinero y otros»)^[19]. En agosto de 2021, un Tribunal de Sentencia condenó al exparlamentario a siete años de pena privativa de libertad por declaración falsa y enriquecimiento ilícito y lo absolvió del delito de lavado de dinero, quedando inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. La sentencia contempló, además, el decomiso de 5.903.000.362 guaraníes (unos 852.496 dólares), más el decomiso de 50% y 100% de los saldos de sus cuentas. Las penas dictadas por el Tribunal resultaron ser inferiores a las solicitadas por el Ministerio Público y se dieron unos días antes de que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lleguen a Paraguay para realizar un examen en el que el país se juega la entrada en la «Lista Gris», y donde uno de los puntos claves de la evaluación son las sentencias de casos de corrupción pública que contemplen comiso^[20].

El juicio a González Daher fue seguido de cerca por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y el asesor legal residente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brian Skaret, después de que en el 2019 los EE. UU. hayan declarado al exsenador «no elegible para ingresar a los Estados Unidos» junto con el exfiscal general Javier Díaz Verón por sus implicancias en hechos de corrupción, lista a la que se sumaron el diputado colorado Ulises Quintana y su esposa, Beatriz Fariña, quienes fueron catalogados por la Embajada de «significativamente corruptos»^[21].

El Paraguay enfrenta la cuarta ronda de evaluaciones de Gafilat durante el 2021. Uno de los puntos a calificar es, juntamente, la eficiencia y la eficacia de poder materializar sentencias y años de condena, pero también mide la eficiencia sobre qué se está comisando, cuál es el valor económico de esos bienes en casos de corrupción y crimen organizado. El Estado paraguayo tiene una necesidad de estructurar estas nuevas herramientas enfocadas al análisis patrimonial, al análisis de inteligencia financiera en apoyo a la gestión fiscal.

La política de recuperación de activos actualmente no está orientada a reparar un problema de daño social. Sin esto, la recuperación de activos se transforma en un mecanismo de utilización del decomiso de bienes en casos penales de forma aislada. Por otra parte, la mayor deuda se encuentra en el ámbito judicial. Es ahí donde resulta sumamente necesario promover un cambio cultural en las y los operadores de la Justicia, a fin de otorgarle igual relevancia a la investigación patrimonial que a la enfocada en la investigación para la atribución de responsabilidades penales.

Conclusiones

El fenómeno de la corrupción permea todos los espacios y se instala en todas las escalas, y no es por falta de normas ni penalidades —lo cual quedó evidenciado en el escenario de la crisis sanitaria con un impacto directo no solo en el ámbito económico—, sino sobre la credibilidad de las instituciones.

En el marco del EPU (mayo de 2021), Paraguay fue objeto de algunas recomendaciones relacionadas a la lucha contra la corrupción y la implementación de una estrategia nacional, que refieren que, pese a los esfuerzos del órgano rector, todavía persisten límites y obstáculos para la implementación efectiva de una agenda de transparencia, ética e integridad pública, donde la sensación de impunidad —con investigaciones lentas y burocráticas y falta de condenas ejemplares en el ámbito judicial— refuerza la teoría de una debilidad institucional y la ausencia de independencia judicial^[22].

En periodo electoral, las agendas de lucha contra la corrupción han estado presentes discursivamente en las campañas, al mismo tiempo que muchas de esas plataformas políticas plantean la limitación de derechos humanos, civiles, políticos para ciertos grupos, particularmente mujeres, comunidad LGTBIQ y población indígena. La instalación de agendas conservadoras y antiderechos, desde el Gobierno y plataformas políticas, restringe el acceso a derechos, entre ellos el de participación ciudadana.

Asimismo, en el contexto de las pasadas elecciones municipales, se naturalizaron hechos como la compra de votos, la manipulación del voto bajo la figura del voto asistido y el recrudecimiento de la violencia política, especialmente contra las mujeres. Todo esto también sacó a la luz las falencias de la nueva Ley de Financiamiento Político: no permite la trazabilidad y el uso de dinero sucio en campaña, cuenta con mecanismos de control limitados y evidencia la imposibilidad de sanciones desde el órgano rector.

Recomendaciones

• Consolidar el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (2021-2025), dando amplia participación protagónica a la sociedad civil, el ámbito académico, los medios de comunicación y el sector privado.
• Incorporar y desarrollar el enfoque basado en derechos humanos en la implementación de las estrategias de lucha contra la corrupción.
• Integrar el enfoque de género en las estrategias anticorrupción, a fin de transversalizar el género en las políticas anticorrupción, acompañadas de dotación presupuestaria.
• Afianzar los sistemas de control interno de las instituciones públicas para prevenir la corrupción.
• Fortalecer las herramientas de transparencia y acceso a la información pública con una perspectiva de derechos humanos, accesibilidad y calidad.
• Reforzar los mecanismos para asegurar que los bienes recuperados o incautados sean efectivamente transferidos al Estado.
• Adaptar las políticas de recuperación de activos con una perspectiva de derechos humanos y género orientada a la reparación del daño social.
• Avanzar con el estudio y la aprobación de los proyectos de ley y/o modificaciones legislativas como: a) Contrataciones Públicas; b) Protección a denunciantes; c) Integridad y prevención de conflictos de intereses en el desempeño de la función pública, regulando expresamente las llamadas «puertas giratorias»; d) Inhabilitación y confiscación de bienes a los condenados por corrupción pública.

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf. Corte IDH, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N.° 23. Corrupción y Derechos Humanos, https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo23.pdf ↑

2. UNCAC Coalition, Informe de Sociedad Civil sobre la Implementación del Capítulo II (Prevención) y Capítulo V (Recuperación de activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, https://uncaccoalition.org/wp-content/uploads/Informe-sociedad-civil-CNUCC-Capitulos-II-y-V-Paraguay-Semillas-para-la-Democracia-UNCAC-Coalition-Octubre-de-2021.pdf ↑

3. «Visita in situ del GAFILAT al Paraguay en el marco de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT», GAFILAT, acceso el 14 de octubre de 2021, https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/144-visita-in-situ-del-gafilat-al-paraguay-en-el-marco-de-la-4ta-ronda-de-evaluaciones-mutuas-del-gafilat ↑

4. Contraloría General de la República, Mecip: 2015, https://www.contraloria.gov.py/index.php/mecip y Contraloría General de la República, Informes sobre Normas de Requisitos Mínimos, https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/informes-nrm-mecip2015 ↑

5. Observatorio Ciudadano de Corrupción, acceso el 12 de octubre de 2021, https://occ-america.com/informe-regional/ ↑

6. Las movilizaciones de marzo fueron un ejemplo claro del impacto en la credibilidad más allá de lo económico. Para más información, véase el artículo de análisis de coyuntura política en este informe. ↑

7. «Reunión de la sociedad civil con CIDH, ante creciente violación de derechos humanos en Paraguay», CDIA, 29 de abril de 2021, https://www.cdia.org.py/2021/04/29/reunion-de-sociedad-civil-con-cidh-ante-creciente-violacion-de-derechos-humanos-en-paraguay/ ↑

8. Causa N.º 905/2021 «Arnaldo Francisco Martínez y otros s/ Perturbación de la Paz Pública y otros». ↑

9. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/117648 ↑

10. Contraloría General de la República, Informe Final de Fiscalización Inmediata (FEI) al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/28856-informe-final-res-cgr-n-211-2020-articulo-1-ministerio-de-salud-publica-y-bienestar-social-mspybs-avance-n-8 ↑

11. La investigación se funda en los siguientes documentos: Informes de CGR sobre contrataciones: a) Informe final de fiscalización inmediata (FEI), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Resolución C.G.R. N.º 211/2020 «Adquisición de equipos y accesorios para gases médicos para dependencias del MSPBS para la contingencia COVID-19 – IDN° 381879» y «Adquisición de reactivos para la Instituto de Medicina Tropical COVID-19 y dengue – IDN° 382078» (abril 2021); b) Informe final de fiscalización inmediata (FEI), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Resolución C.G.R. N.º 211/2020 y Notas C.G.R. N.º 1890/21 y N.° 1915/21 «Procedimientos de contrataciones convocados por el MSPBS durante el ejercicio 2019-2020 y hasta la fecha que involucren ATRACURIO, BESILATO Y MIDAZOLAM». «Contratación por excepción (CE) N.º 07/2021 Adquisición de atracurio, besilato y midazolan inyectable de urgencia impostergable COVID-19 IDN.° 395175» (mayo 2021). ↑

12. Corte Suprema de Justicia, Casos Judiciales sobre acceso a la información, https://www.pj.gov.py/transparencia-documentos ↑

13. Juicio: Francisco R. Penayo y otra c/ Itaipú Binacional s/ Amparo. Exp: 193/2021. S.D. N.º 282, del 12 de julio de 2021. ↑

14. Juicio: Francisco R. Penayo y otra c/ Itaipú Binacional s/ Amparo. A y S N.° 68, del 22 de julio de 2021. ↑

15. Expediente N.º 107 (2021), Folio 219. Juicio: Johana Paola Ortega c/ Intendencia Municipal de la Ciudad de Asunción s/ Amparo. A.S. N.º 154 de fecha 4 de octubre de 2021. Municipalidad de Asunción. Rendición de Cuentas 2020 DGRRD, https://www.asuncion.gov.py/rendicion-de-cuentas-2020-dgrrd ↑

16. «Ficha Técnica del Expediente», SilPy – Sistema de Información Legislativa, acceso el 3 de noviembre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/123482. «Se detectó esquema de facturas falsas en 17 Municipios y una Gobernación», Subsecretaría de Estado de Tributación, 20 de octubre de 2021, acceso el 3 de noviembre de 2021, https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=972&n=14170 ↑

17. Control Ciudadano, https://controlciudadanopy.org/ ↑

18. Senac, Panel Estadístico de Casos. Denuncias, Investigaciones, Sumarios y Causas Penales, corte del 14 de octubre de 2021, https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/ ↑

19. «Observatorio de Causas Judiciales», Corte Suprema de Justicia, acceso el 3 de noviembre de 2021, https://www.pj.gov.py/observatorio ↑

20. «12-08-2021 Juicio Oral y Público Óscar González Daher y otro s/ lavado de dinero y otros» [Archivo de video], Motion TV Paraguay [@Motion TV Paraguay], 12 de agosto de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=dAhSp5D7mRk ↑

21. «Designación de dos exfuncionarios públicos paraguayos: Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, debido a su participación en hechos de corrupción significativos», Nota para los medios, Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, https://py.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/274/059-SP-Designaciones-por-hechos-de-corrupcion-significativos.pdf y «Declaración del secretario Antony J. Blinken», Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, 6 de abril de 2021, https://py.usembassy.gov/es/title/ ↑

22. Algunas de las recomendaciones formuladas al Estado paraguayo son: Continuar sus esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad asegurando la independencia judicial mediante el fortalecimiento del marco institucional (República de Corea); Intensificar los esfuerzos para combatir la corrupción a fin de lograr un desarrollo social y económico más equitativo y sostenible (Alemania); Considerar la posibilidad de desarrollar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción (Bielorrusia). Paraguay las aceptó todas. «En línea con los esfuerzos y avances que se impulsan en la lucha contra la corrupción, promoción de transparencia y rendición de cuentas, y particularmente en el marco de la recientemente aprobación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025, el Paraguay acepta las recomendaciones 118.77, 118.78 y 118.79». Consejo de Derechos Humanos. 48° periodo de sesiones. A/HRC/48/9/Add.1, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Documents/A_HRC_48_9_Add1_AV_Paraguay_S.docx. ↑