En el segundo año de la pandemia del COVID-19, el Estado paraguayo suma otra ley más para combatir la violencia de género y el feminicidio, pero hasta ahora no toma decisiones precisas respecto a dotar de presupuesto específico para la implementación de las medidas dispuestas en la nueva Ley N.º 6806/2021 «Que declara emergencia nacional por feminicidios». Las políticas públicas y los programas implementados continúan siendo limitados y centralizados en el área metropolitana y algunas ciudades cabeceras departamentales, en tanto la violencia de género está alojada en todos los rincones del país. Así, una vez más, es un año de muchas promesas, pero pocas acciones, debido a la precariedad de los servicios y el poco presupuesto asignado a las políticas vigentes.
El periodo que se informa estuvo marcado por el contexto de la pandemia del COVID-19 y las restricciones al ejercicio de derechos por parte del Gobierno. La situación de emergencia puso en evidencia las debilidades institucionales y las desigualdades sociales, afectando especialmente a jóvenes y a mujeres de manera desproporcionada. La desconexión entre instituciones garantes de derechos humanos y el incumplimiento de disposiciones de rango constitucional, y que son parte del sistema de protección internacional, han sido otros aspectos observados.
