La tasa de mortalidad indígena causada por el COVID-19 fue tres veces mayor que en el resto de la población, lo que evidencia la desigual afectación de grupos vulnerables debido a una denegación estructural de derechos. Las comunidades indígenas se vieron también afectadas por desalojos violentos que pusieron en riesgo la vida de sus integrantes, en especial, mujeres, niños y niñas. Los magros avances, como por ejemplo el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, se ven desdibujados ante normas que aumentan las penas por hechos punibles y son utilizadas para criminalizar el reclamo de tierras.
En Paraguay, si bien la Constitución Nacional plantea la obligatoriedad de derechos fundamentales, como la salud, la educación, la tierra y la vivienda, los gobiernos de turno y, en regla general, los representantes de los tres poderes promueven, plantean e implementan una gestión de recursos estatales en la cual la garantía de acceso a derechos no es la prioridad. La política fiscal del Estado es hasta ahora promotora de desigualdades y privilegios, en particular la política tributaria, poco transparente y capturada por intereses privados.
