Los casos registrados en 2021 dan cuenta del sesgo discriminativo de las y los operadores de justicia, aun cuando las víctimas ya están muertas. Esto resulta preocupante, pues no se cuenta con datos respecto al número de personas trabajadoras sexuales asesinadas ni del resultado de los procesos. Se constata, una vez más, que el Estado no está para garantizar, sino para atropellar e inclusive invisibilizar los derechos de las personas trabajadoras sexuales.
La pandemia atravesó el cuerpo y los derechos humanos de las mujeres. Generalmente relegadas en distintos ámbitos sociales, con el colapso sanitario se hizo más evidente, pues dejó fuera el derecho a la salud. A esto se suma la lucha diaria por el sustento familiar y la imposición de un nuevo rol: el de maestras de sus hijas e hijos con la modalidad virtual en la educación formal. Y se agrega la violencia familiar a causa de la convivencia forzada, apreciada en un mayor número de denuncias.
