Protección de derechos frente a una institucionalidad débil

El periodo que se informa estuvo marcado por el contexto de la pandemia del COVID-19 y las restricciones al ejercicio de derechos por parte del Gobierno. La situación de emergencia puso en evidencia las debilidades institucionales y las desigualdades sociales, afectando especialmente a jóvenes y a mujeres de manera desproporcionada. La desconexión entre instituciones garantes de derechos humanos y el incumplimiento de disposiciones de rango constitucional, y que son parte del sistema de protección internacional, han sido otros aspectos observados.

Este artículo describe las principales acciones implementadas por las instituciones estatales encargadas del seguimiento y la protección de derechos humanos en el último año, tales como la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La conformación de ternas para la Defensoría del Pueblo y su posterior elección en el Congreso Nacional; la celebración de la sesión del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y las posteriores respuestas por parte del Estado paraguayo; la demanda de garantías judiciales tales como amparos en materia sanitaria, habeas data en casos de afiliaciones irregulares a partidos políticos y habeas corpus para personas privadas de libertad; casos internacionales elevados a instancias internacionales que exponen la situación judicial; y el proceso de conformación de terna y elección de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son algunos de los temas abordados.

Situación del derecho

A causa de la pandemia del COVID-19, como nunca antes, el contexto excepcional demandó a las instituciones estatales garantizar derechos básicos, reforzar el seguimiento y control de cumplimiento de sus obligaciones emanadas por el marco normativo local e internacional protectorio de derechos humanos, todo esto dando cuenta de marcados matices en cuanto a la efectividad en la gestión en los entes responsables.

Se analiza a continuación la gestión de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial.

Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo

Durante el 2021, el Ministerio de Justicia, en carácter de coordinador de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (RDDHHPE), impulsó una reunión virtual con instituciones miembros para hablar sobre los desafíos en materia de derechos humanos, particularmente, sobre la formulación del III Plan de Acción de la Red de Derechos Humanos 2021-2022^[1].

De igual modo, junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la RDDHHPE realizó un ciclo de charlas denominado «Libertad de expresión y acceso a la información en tiempos de pandemia», con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dirigido a equipos de comunicación de los organismos y entidades del Estado, de las entidades descentralizadas y miembros de la misma Red^[2].

La realización del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) permitió que el Estado paraguayo reciba 210 recomendaciones por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas, de las cuales en el mes de septiembre aceptó totalmente 202, parcialmente dos, y tomó nota de seis de ellas^[3].

El Paraguay tomó nota y rechazó tres de las recomendaciones vinculadas a la ratificación del Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), argumentando «que su implementación efectiva se encuentra supeditada a las conclusiones que han de resultar del debate interno antes mencionado».

Por otro lado, fueron aceptadas completamente todas aquellas recomendaciones que referían a la seguridad de periodistas y de defensores de derechos humanos, lucha contra la trata de personas, derechos de la niñez y de la adolescencia, pueblos indígenas, la Defensoría del Pueblo, el Plan Nacional de Derechos Humanos, entre otras.

Otro espacio de diálogo fue impulsado desde la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con la finalidad de «acercar el contexto global de las migraciones, así como los derechos de los migrantes y sus aportes a la sociedad»^[4].

Por último, el Ministerio de Justicia, como parte de la RDDHHPE, ha convocado a una mesa de trabajo en el marco de la XXXVIII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos en el Mercosur (RAADH), a modo de coordinar la participación de la delegación paraguaya en dicha reunión. Intervinieron referentes de las instituciones que conforman diversas comisiones permanentes de la RAADH^[5].

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) integró tres nuevos comisionados titulares para el periodo 2021-2025: Orlando Castillo, José Carlos Rodríguez y Sonia Von Leppel. Así, la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura quedó integrada, de forma paritaria, por Lourdes Barboza, Sonia Von Leppel, Elizabeth Flores, Orlando Castillo, José Antonio Galeano y José Carlos Rodríguez^[6].

Ante la crisis penitenciaria ocurrida en febrero del 2021, el MNP realizó un relevamiento en el penal de Tacumbú^[7] y emitió un comunicado donde informó gestiones previas en la materia y dando cuenta de la falta de priorización del asunto en las instancias del Estado involucradas^[8]. Al cierre de este informe, tras nuevos sucesos, instaron a definir una política de gestión que haga frente a la presencia del crimen organizado^[9].

Durante todo el mes de marzo se generaron numerosas manifestaciones ciudadanas que desnudaron la poca instrucción de las fuerzas de seguridad en la protección de las libertades civiles, abusos en el uso de la fuerza y actos de tortura.

Ni bien ocurridos los sucesos, el MNP lanzó un comunicado recomendando a las instituciones a garantizar el derecho a la manifestación —dando cuenta de que no existieron procedimientos policiales claros, adecuados a las normativas de derechos humanos— y exhortando al Estado paraguayo «a la profundización de la democracia y al pleno respeto de los derechos humanos, omitiendo cualquier acción de criminalización de la disidencia y manifestación social legítima»^[10].

Durante las manifestaciones, 155 personas adultas fueron privadas de libertad (136 hombres y 19 mujeres), además de 17 adolescentes, entre quienes se encontraban 2 mujeres. El 64% denunció malos tratos y el MNP dio cuenta de esta situación ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado^[11]. Casos de público conocimiento —como el del policía sin identificación que salió a disparar frente a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el de un grupo de Policía Montada que obligó al joven Christian Servín a correr ocho cuadras frente a los caballos— siguen impunes hasta la fecha. Según el informe, 29 carpetas fiscales fueron abiertas sobre casos de abuso de la fuerza pública^[12].

El MNP realizó varios pronunciamientos de seguimiento a casos de tortura, abogando por la no impunidad de un caso de tortura contra adolescentes en privación de libertad en instancia judicial^[13]. Entre los principales hechos ocurridos, destaca el desencadenado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la zona norte del país, donde fallecieron dos niñas y se encuentra desaparecida la joven adolescente Carmen Elizabeth «Lichita» Oviedo Villalba.

Igualmente, el MNP emitió un comunicado resaltando la importancia de una audiencia pública sobre sucesos en la zona norte del país donde fueron muertas dos niñas en incursiones de la FTC^[14]. En el marco de una visita de organizaciones internacionales y locales al territorio en cuestión, la institución aclaró la no vinculación institucional con la misma, transparentando sus gestiones al respecto^[15].

En materia de personas privadas de libertad, el MNP organizó una reunión interinstitucional donde se abordaron temas vinculados a la vacunación contra el COVID-19, traslados administrativos, atención médica, crimen organizado y protección de las personas víctimas de hechos punibles como la tortura o tratos crueles^[16]. Expuso sobre la situación de niñas y niños institucionalizados, así como también de «adolescentes privados de libertad»^[17]. Igualmente, participó en la Mesa Multisectorial sobre la situación de derechos humanos de las personas trans^[18] y expuso la situación local frente a autoridades pares de la región^[19].

En materia de información, acordó con el Instituto Nacional de Estadística (INE) generar datos con miras a la promoción de la prevención de la tortura^[20]. También socializó con el Ministerio de Justicia (MJ) la plataforma Defensores, aplicación para el registro de casos de tortura y otros hechos implementada dentro del Ministerio de la Defensa Pública (MDP)^[21]. Asimismo, inició la Encuesta de actitud ante la tortura de personas privadas de libertad, que relevará información en establecimientos penitenciarios de 11 localidades del país^[22].

Frente a la compleja situación que afecta a alrededor de mil niñas, niños y adolescentes institucionalizados en 15 hogares amenazados de cierre, se recomendó establecer plazos específicos que eviten exponer a mayores vulneraciones de derechos^[23].

Defensoría del Pueblo

Durante el periodo analizado, la Defensoría del Pueblo fue objeto de observaciones a nivel local e internacional a causa del ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de estándares internacionales. La afectación de derechos fundamentales profundizada por la crisis sanitaria, las deficiencias en el acceso a la salud, las represiones policiales en manifestaciones, el derecho a la alimentación y la defensa de intereses fueron temas reclamados al defensor del Pueblo.

Gestión alejada de estándares en la materia

Funciones de otros, no las propias. La gestión del defensor del Pueblo estuvo marcada por actividades superpuestas a las asignadas a otras instituciones públicas, como ser la Secretaría de Acción Social. La organización de meriendas^[24], el reparto de kits de alimentos, la realización de traslados y gestiones vinculadas a la salud de personas adultas mayores^[25] y la donación de medicamentos^[26] y ropas no condicen con las funciones previstas según mandato constitucional, la propia ley orgánica de la institución y están muy alejadas de estándares internacionales en la materia.

Amparos por un lado, desatención por el otro. A pesar de haber presentado, en beneficio de personas particulares, amparos judiciales para garantizar el acceso a medicamentos^[27] y unidades de terapia intensiva^[28], además de urgir vía nota al presidente de la República el avance hacia la vacunación masiva^[29], no existió pronunciamiento alguno sobre los casos de corrupción vinculados a compras públicas en salud, la represión por parte de fuerzas policiales a manifestantes ni la intervención en procesos de criminalización a estudiantes.

Observaciones del EPU. Distante por momentos de las funciones esperadas en carácter de ombudsman, las acciones promovidas por la institución fueron motivo de observaciones en el tercer Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el Paraguay recibió un fuerte llamado de atención sobre el cumplimento de los Principios de París para la designación del defensor o la defensora del Pueblo.

Descenso a la «B». La Defensoría del Pueblo anteriormente fue objeto de observancia por parte del Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, reclasificándola de «A» a «B» por cuestionamientos tales como la designación de un titular por medio de un proceso insuficientemente amplio ni transparente, carencia de un mecanismo de remoción independiente y objetivo, financiación institucional sin un nivel razonable, nulo aliento a la ratificación de tratados de derechos humanos ni interacción con los sistemas de protección de derechos humanos por medio de la presentación de informes y/o comunicaciones, apoyando procedimientos públicos especiales o supervisando el cumplimiento de recomendaciones internacionales en la materia, evidenciando una situación poco conforme a los Principios de París^[30]. El Subcomité, además, recomendó la asistencia de organismos internacionales para avanzar en el cumplimiento de los Principios de París, entre ellos, la OACNUDH y la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI); Sin embargo, no se constata un trabajo efectivo para el cumplimiento de la misma en el informe presentado ante el examen EPU^[31].

Intervenciones públicas desafortunadas. En noviembre del 2020, un juez penal solicitó a la Cámara de Diputados la pérdida de su inmunidad para que responda en una querella por calumnia, difamación e injuria promovida por una funcionaria de la institución^[32]. En abril del 2021 realizó declaraciones en redes sociales que atentan contra la diversidad sexual, siendo objeto de reproche y pedido de retractación por parte de la Codehupy^[33].

Escaso cumplimiento de recomendaciones de órganos de los tratados. De acuerdo con el informe de gestión más reciente de la Defensoría del Pueblo, la institución es el órgano competente para dar cumplimiento a un total de 136 recomendaciones recibidas por parte de órganos de los tratados del Sistema de Protección Internacional de Naciones Unidas, tomando de base al sistema Simore Plus. De estas recomendaciones, 104 aún no han recibido seguimiento por parte de la Defensoría, contando apenas 32 con un reporte de seguimiento.^[34]

Cuestionada reelección de Miguel Godoy

Al cierre de esta edición, el Congreso paraguayo renovó el mandato de Miguel Godoy al frente de la Defensoría, dejando vacante el cargo de defensor adjunto por claras desavenencias motivadas por intenciones de cuoteo político que impiden la mayoría necesaria para su elección.

Numerosas organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación ante la situación de la institución y solicitaron sean consideradas personas con capacidad probada en el ámbito, evitando el cuoteo político, pero no fueron escuchadas^[35]. El proceso de selección de ternas en Senadores y posterior elección en Diputados se realizó sin debate ni exposición de méritos de candidaturas, dando prueba de lo denunciado.

La trasgresión al articulado constitucional sobre la Defensoría del Pueblo, en lo que respecta a la coincidencia del mandato con la legislatura que la nombra, fue motivo de discusión en el Senado, sin impedir que se siga cometiendo tal distorsión interpretativa^[36]. Se plantearon propuestas para que el defensor electo cumpla funciones hasta el final del periodo parlamentario, sin embargo, contra mandato constitucional, fue confirmado por cinco años más.

En la Cámara de Senadores fueron presentadas cuatro ternas para defensor titular. El senador colorado Juan Monges presentó a Miguel Ángel Godoy (defensor actual), Alejandra Peralta y Narciso Ferreira. La concertación Frente Guasu mocionó, por medio del senador Hugo Richer, la terna integrada por Jorge Rolón Luna, Diana Vargas y Arnaldo Martínez Prieto; y Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida, a Alejandra Peralta, Liliana Zayas y Carlos Vera Bordaberry. De forma individual, el senador colorado Enrique Riera presentó inicialmente a Luis Felipe Villamayor, Liliana Zayas y Pedro Dos Santos, de la que renunció en segunda vuelta dándole el voto faltante a la terna del oficialista Monges, llegando así a los 22 votos requeridos, mitad más uno de los 42 presentes^[37].

Para el defensor del Pueblo adjunto también fueron presentadas cuatro ternas. El senador colorado Arnaldo Franco propuso a Rafael Ávila, Oscar Forestieri y Natalia Sosa Flores. Juan Bartolomé Ramírez, senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), nominó a Rubén Penayo, Oscar Forestieri y Edgar Villalba. El Partido Patria Querida, por medio de Stephan Rasmussen, propuso a Rafael Ávila, Celia Urbieta y Roberto Ramírez. Por último, el senador Enrique Riera propuso a Rafael Ávila, Edgar Villalba y María Ángela Verdúguez. La terna electa por mayoría fue la propuesta por el senador Arnaldo Franco^[38].

A solo un día de la sesión en el Senado, la Cámara de Diputados, sin mediar mayor debate, confirmó en el cargo a Miguel Godoy con 61 votos, frente a 11 a favor de Alejandra Peralta y 3 para Narciso Ferreira. La elección de defensor adjunto quedó sin definirse por falta de quórum, dejando su definición a merced de la voluntad de un nuevo acuerdo político^[39].

Todo este proceso de reconfirmación de Miguel Godoy se realizó, una vez más, sin que exista una evaluación pública y rendición de cuentas de su periodo anterior frente a todos los cuestionamientos antes mencionados, dejando un panorama complejo sin clara perspectiva de resolución de las faltas a la que se somete a la institución por incumplir sus obligaciones nacionales e internacionales.

Poder Judicial

Durante el periodo reportado, el Poder Judicial estuvo en la mira pública a consecuencia no solo de los no resueltos casos de corrupción en licitaciones para compra de insumos sanitarios, sino también por la aplicación excesiva de sanciones jurídicas contra ciudadanos por violación de cuarentena, que sobrepasaron al sistema de Justicia^[40]. La Fiscalía imputó a 3.466 personas basada en decretos, sin políticas claras y con dudas sobre si las medidas se ajustaban a la Constitución Nacional^[41].

Otro punto que mantuvo al Poder Judicial en el foco fueron las demandas de garantías constitucionales, como amparos para el acceso a la salud pública. Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se presentó un total de 85 amparos para acceder a la vacunación contra el COVID-19, además de 191 amparos promovidos para internación en UTI en el sector público o privado con diagnóstico. En el 2020 fueron incluidos 108 amparos para acceder a medicamentos y en el 2021, hasta el mes de agosto, se recibieron 70 solicitudes^[42].

Mientras el sistema judicial lidiaba con la incorporación del expediente electrónico, la alteración de los plazos procesales y la incesante cantidad de casos de personas buscando acceder al sistema de salud pública, recibía de la Fiscalía pedidos de imputación contra personas por motivo de violación de la cuarentena sanitaria, aun cuando la conducta no se encontraba tipificada como delito^[43]. Según datos remitidos por la institución, entre marzo y junio de 2021, ingresaron 9.308 causas, de las cuales se imputaron a 3.466 personas por violación a la cuarentena sanitaria^[44].

A finales de noviembre de 2020, la Secretaría de Género del Poder Judicial integró la Red de Observatorios Mujer, creada por el Ministerio de la Mujer como ente rector y por mandato de la Ley N.º 5777/2016^[45]. Integrada por un total de 67 instituciones del sector público, la sociedad civil y la Academia, la Red busca trabajar por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Sin embargo, en su sección del sitio web del Ministerio de la Mujer^[46], hasta la fecha no se evidencian avances ni ningún plan de acción publicado en pos de los objetivos para la cual fue constituida^[47].

En materia de publicaciones, se lanzó un material denominado Normativas y Pronunciamientos sobre Corrupción y Derechos Humanos^[48] y se realizó un webinario con la misma temática^[49].

En cuanto a la protección de derechos de la niñez y la adolescencia, junto con la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), en el marco del convenio suscripto con la máxima instancia judicial, y el apoyo del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), la Dirección General de Recursos Humanos y la Oficina Técnico Forense, se realizaron encuentros para equipos multidisciplinarios especializados en niñez y adolescencia.

Junto con la coordinación ejecutiva de la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia de la Niñez y la Adolescencia (Otana), se llevaron a cabo reuniones de trabajo de las comisiones constituidas por los operadores de Justicia del Fuero de la Niñez y la Adolescencia y Penal Adolescente^[50]. Además, se habilitó una nueva oficina de derechos humanos en la ciudad de Villarrica con el fin de seguir optimizando los servicios de justicia con enfoque hacia las personas en situación de vulnerabilidad^[51].

En materia de garantías constitucionales, tras numerosas denuncias ciudadanas a causa de afiliaciones irregulares, en su mayoría por parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR), un grupo de abogadas y abogados presentaron recursos de habeas data para exigir a la institución partidaria la exclusión de estas personas de los padrones electorales. Los casos más relevantes son los que afectan a Marta Rivaldi^[52], Osvaldo Zayas^[53] y Maccarena Chilavert^[54].

Según Gerardo Paciello, abogado impulsor de las causas citadas, existen a la fecha más de 30 habeas data presentados en el mismo carácter, de los cuales 20 ya cuentan con sentencia en primera instancia o apelación, la mayoría firmes, y en un caso, con una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución. También señala que, si bien esta garantía constitucional dispone de regulaciones a lo interno del Poder Judicial que organizan la recepción y derivación de los casos tales como las acordadas N.º 1066/2016 o la N.º 543/2008, el procedimiento que regula plazos y procedimientos no está claramente regulado y, en muchos casos, son objeto de decisiones discrecionales de los jueces, vulnerando el principio de seguridad jurídica que debe regir a la figura; por lo cual reclaman una legislación que garantice el mejor ejercicio de la figura constitucional^[55].

Como avance importante, se realizó la primera firma electrónica en el marco de la garantía de habeas corpus, siendo un oficio electrónico dirigido a la Comandancia de la Policía Nacional^[56].

El 24 de marzo del corriente año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó una acordada que señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva de forma excepcional^[57]. Sin embargo, días después, se aplicó abusivamente la medida contra jóvenes estudiantes imputados por la Fiscalía tras las manifestaciones de marzo de 2021^[58]. Poco tiempo antes, igual medida fue impuesta a un candidato, siendo cuestionada por organizaciones internacionales^[59] y evidenciando un conflicto interpretativo del derecho que afectaba el actuar de fiscales y jueces^[60].

En materia de género, la CSJ, por medio de la Acordada N.º 1506/2021, también aprobó el primer «Protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico e intrafamiliar». De esta forma, la máxima instancia judicial cumplió con la aprobación de un instrumento enmarcado en lo dispuesto por las Leyes N.º 5777/2016, «De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia», y la N.º 1600/2000, «Contra la Violencia Doméstica», tras cinco y 21 años de existencia de las respectivas disposiciones legales^[61].

Además de las acciones propiamente institucionales, se vislumbraron otros tres sucesos que remiten directamente a la responsabilidad estatal en el manejo de la Justicia, particularmente en cuanto a lo que refiere la composición de sus órganos y el cuoteo político, la independencia judicial y el debido proceso.

En agosto del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró internacionalmente responsable al Paraguay «por la violación de la independencia judicial, el derecho a la protección judicial y la garantía del plazo razonable en perjuicio de los señores Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea», tras la realización de audiencias, el estudio de los alegatos y observaciones finales^[62]. Ríos Ávalos y Fernández Gadea (†) fueron ministros de la Corte hasta el 2003, cuando fueron removidos por medio de un juicio político en el Congreso paraguayo, en medio de cuestionados procedimientos. El caso viene siendo objeto de estudio de la Corte IDH desde el 2019^[63].

Por otro lado, en marzo del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Corte IDH el caso del exfiscal Alejandro Nissen Pessolani, causa que estudia la presunta violación de garantías judiciales, principio de legalidad, libertad de expresión y protección judicial, tras la remoción de su cargo en el 2003 por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y una acción de inconstitucionalidad que le fuese rechazada en el 2004^[64].

En su presentación a la Corte IDH, la CIDH solicita que se declare la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por los derechos mencionados y se establezca la responsabilidad de reincorporar a la presunta víctima en su cargo o, caso contrario, se proceda a una indemnización justa; reparar íntegramente las consecuencias de los daños materiales e inmateriales; realizar capacitaciones en el ámbito del JEM en relación con la garantía de defensa, principio de legalidad y libertad de expresión; y adoptar las medidas necesarias para asegurar los procesos disciplinarios contra agentes fiscales^[65].

Por último, en el mes de noviembre y tras el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica, se llevó adelante una intensa carrera por la definición de la nueva terna por parte del Consejo de la Magistratura y posterior elección de ministro en el Congreso Nacional, dejando a merced del cuoteo político la designación que, además, coincidió con la necesidad de acuerdos políticos para la elección del defensor del Pueblo (titular y adjunto)^[66].

El Consejo de la Magistratura desnudó la regla tácita del cuoteo político por encima de indicadores técnicos, atendiendo a que hasta último momento y, a pesar de existir un ranqueo por puntajes^[67], la definición se dio por medio de votos de sus integrantes, quedando compuesta en el siguiente orden: la camarista Alma Méndez de Buongermini, el senador liberal Víctor Ríos y el camarista Gustavo Ocampos^[68]. En la misma semana, el Senado, tras una álgida sesión, confirma al senador Víctor Ríos como ministro, con votos de senadores y senadoras de distintas bancadas, salvo aquellas más próximas al expresidente Horacio Cartes^[69].

Algunas cuestiones que dan cuenta del acuerdo político entre sectores partidarios para la designación del ministro es la propuesta de Víctor Ríos al pleno del Consejo de la Magistratura por parte del diputado Roberto González, afín al equipo político del presidente Mario Abdo^[70]; la ausencia del senador Ríos en la sesión extraordinaria que conforma la terna para la Defensoría del Pueblo^[71] y el apoyo en 22 de 29 diputados liberales en la reelección del defensor titular^[72].

Conclusiones

El clima social condicionado, enmarcado en la pandemia del COVID-19, y la afectación de derechos humanos de forma colateral más allá del plano sanitario, exigieron a las instituciones de justicia una labor más dedicada. Los excesos de la fuerza pública durante este tiempo de pandemia y restricciones de derechos, sumados a la desconexión interinstitucional para el abordaje de los problemas estructurales que como país nos afectan, invitan a la reflexión sobre la vigencia real del respeto irrestricto a los derechos humanos en el Paraguay y la necesidad de evaluar las políticas públicas y acciones implementadas hasta la fecha, reforzando los aspectos que hacen a la institucionalidad de los órganos constitucionales con mandato para la defensa de los derechos humanos.

Las importantes acciones promovidas por algunas de las entidades del Estado contra la disparidad de acciones impulsadas entre sí, evidencian la debilidad institucional de los órganos del Poder Ejecutivo y, en particular de la Defensoría del Pueblo, dando cuenta de la urgente necesidad de dotar de un apoyo integral para la protección de derechos, tanto en cuestiones como presupuesto, recursos humanos capacitados, eficientes e idóneos para los cargos previstos, fortalecer la articulación institucional y una activa revisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia al momento de implementar las políticas públicas.

Recomendaciones

El Estado paraguayo debe:

• dar seguimiento al cumplimiento de las medidas adoptadas en el marco de la implementación de la Ley N.º 5777/2016 y la acordada que aprueba el «Protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico e intrafamiliar».
• revisar sus políticas en materia de protección de derechos humanos, particularmente a lo interno de las fuerzas públicas.
• cumplir con las recomendaciones del Examen Periódico Universal y el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos formuladas a la Defensoría del Pueblo.

El Poder Judicial debe:

• garantizar la independencia judicial y el derecho a la protección judicial de los magistrados.
• capacitar a jueces y juezas sobre los criterios de aplicación de la prisión preventiva.
• poner a disposición datos públicos, actualizados permanentemente, que permitan el seguimiento de situación de casos en materia de garantías constitucionales.

El defensor del Pueblo debe cumplir sus labores estrictamente sumido a lo establecido en la Constitución Nacional, evitando declaraciones públicas contrarias y en detrimento de las buenas prácticas en materia de derechos humanos.

1. «El Ministerio de Justicia coordinó reunión de la Red de DD. HH. del Ejecutivo», Dirección General de Derechos Humanos – Ministerio de Justicia, 9 de junio de 2021, acceso el 22 de octubre de 2021, https://derechoshumanos.gov.py/index.php/noticias/El-Ministerio-de-Justicia-coordin%C3%B3-reuni%C3%B3n-de-la-Red-de-DD-HH-del-Ejecutivo ↑
2. «Charlas sobre libertad de expresión y acceso a la información en tiempos de pandemia», Dirección General de Derechos Humanos – Ministerio de Justicia, 30 de junio de 2021, acceso el 22 de octubre de 2021, https://derechoshumanos.gov.py/index.php/noticias/Charlas-sobre-libertad-de-expresi%C3%B3n-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia ↑
3. Ver más información sobre el EPU en el artículo sobre sistema internacional de protección de derechos humanos en este informe. ↑
4. «En diálogos de diversidad se abordará sobre los desafíos de la migración», Secretaría Nacional de Cultura, 10 de septiembre de 2021, acceso el 22 de octubre de 2021, http://www.cultura.gov.py/2021/09/en-dialogos-de-diversidad-se-abordara-sobre-los-desafios-de-la-migracion/ ↑
5. «Red de DD. HH. del Ejecutivo mantuvo reunión de trabajo», Dirección General de Derechos Humanos – Ministerio de Justicia, 15 de septiembre de 2021, acceso el 22 de octubre de 2021, https://derechoshumanos.gov.py/index.php/noticias/Red-de-DD-HH-del-Ejecutivo-mantuvo-reuni%C3%B3n-de-trabajo ↑
6. «Nuevos integrantes de la Comisión Nacional del MNP», MNP, 16 de diciembre de 2020, acceso el 19 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/163-nuevos-integrantes-de-la-comision-nacional-del-mnp ↑
7. «Relevamiento de información y observación directa en Tacumbú», MNP, 22 de febrero de 2021, acceso el 19 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/167-relevamiento-de-informacion-y-observacion-directa-en-tacumbu ↑
8. «Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura propone cumbre de poderes ante crisis penitenciaria», MNP, 19 de febrero de 2021, acceso el 19 de octubre de 2021,http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/166-mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-propone-cumbre-de-poderes-ante-crisis-penitenciaria ↑
9. «MNP insta a definir política de gestión penitenciaria ante presencia del crimen organizado», MNP, 14 de octubre de 2021, acceso el 24 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/186-mnp-insta-a-definir-politica-de-gestion-penitenciaria-ante-presencia-del-crimen-organizado# ↑
10. «Comunicado del MNP sobre hechos ocurridos en la manifestación ciudadana», MNP, 6 de marzo de 2021, acceso el 19 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/169-comunicado-del-mnp-sobre-hechos-ocurrido-en-la-manifestacion-ciudadana ↑
11. «MNP socializó su informe sobre abuso de la fuerza pública en diálogo interinstitucional», MNP, 14 de abril de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/175-mnp-socializo-su-informe-sobre-abuso-de-la-fuerza-publica-en-dialogo-interinstitucional ↑
12. MNP. Informe de Intervención en el contexto de las manifestaciones sucesivas en el país, http://www.mnp.gov.py/index.php/repository/informes-de-intervencion2/func-startdown/470/ ↑
13. «MNP aboga por la no impunidad en enjuiciamiento a funcionarios por hecho de tortura cometido contra adolescentes en privación de libertad», MNP, 3 de septiembre de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/185-mnp-aboga-por-la-no-impunidad-en-enjuiciamiento-a-funcionarios-por-hecho-de-tortura-cometido-contra-adolescentes-en-situacion-de-privacion-de-libertad ↑
14. «Audiencia Pública: Sucesos Ocurridos en la Zona Norte del País el 02-09-2020» [Archivo de video], Senado TV py, 29 de abril de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=55twqQf1ZJs ↑
15. «Comunicado del MNP sobre reacciones surgidas respecto a la nota enviada al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Nación», MNP, 22 de julio de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/181-comunicado-del-mnp-sobre-reacciones-surgidas-respecto-a-la-nota-enviada-al-comandante-en-jefe-de-las-fuerzas-armadas-de-nacion ↑
16. «Promueven acciones interinstitucionales para garantía de derechos de la población penitenciaria», MNP, 15 de junio de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/178-promueven-acciones-interinstitucionales-para-garantia-de-derechos-de-la-poblacion-penitenciaria ↑
17. «Desafíos para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de encierro», MNP, 27 de agosto de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/183-desafios-para-la-garantia-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-contexto-de-encierro ↑
18. «Mesa Multisectorial sobre la situación de Derechos Humanos de Personas Trans» [Facebook], Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura [@Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura], 5 de octubre de 2021, acceso el 19 de octubre de 2021, https://www.facebook.com/MNP.Paraguay/posts/170492821934903 ↑
19. «Privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en diálogo de MNPs de la región», MNP, 12 de julio de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/180-privacion-de-libertad-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-dialogo-de-mnps-de-la-region ↑
20. «Generación de datos como herramienta para la prevención de la tortura», MNP, 16 de abril de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/176-generacion-de-datos-como-herramienta-para-la-prevencion-de-la-tortura ↑
21. «El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) socializó…» [Facebook], Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura [@Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura], 6 de octubre de 2021, https://www.facebook.com/MNP.Paraguay/posts/171357675181751? ↑
22. «MNP desarrolla encuesta sobre actitud ante la tortura dentro de la población penitenciaria», MNP, 11 de agosto de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/182-mnp-desarrolla-encuesta-sobre-actitud-ante-la-tortura-dentro-de-la-poblacion-penitenciaria ↑
23. «MNP recomienda establecer plazos específicos para la desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes», MNP, 2 de septiembre de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.mnp.gov.py/index.php/comunicacion/2015-08-23-04-11-31/184-mnp-recomienda-establecer-plazos-especificos-para-la-desinstitucionalizacion-de-ninas-ninos-y-adolescentes ↑
24. «Llevamos una deliciosa merienda a los familiares de los pacientes de COVID 19 en el INERAM», Defensoría del Pueblo, 18 de junio de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/18-06-2021-noticias-Llevamos-merienda-a-familiares-de-pacientes.html ↑
25. «Concretamos el traslado de un adulto mayor al Hogar de la Fundación San Joaquín y Santa Ana», Defensoría del Pueblo, 27 de noviembre de 2020, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/27-11-2020-noticias-Asistencia-a-un-adulto-mayor.html ↑
26. «Acercamos donaciones de medicamentos y víveres al Hogar San Joaquín y Santa Ana», Defensoría del Pueblo, 7 de diciembre de 2020, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/07-12-2020-noticias-Acercamos-donaciones-de-v%C3%ADveres-al-Hogar-SanJoaquin-y-SantaAna.html ↑
27. «Amparo Constitucional promovido por el Defensor del Pueblo, a favor del acceso a la salud», Defensoría del Pueblo, 30 de abril de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/30-04-2021-noticias-Amparo-constitucional-a-favor-de-acceso-a-la-salud.html ↑
28. «Amparos promovidos por la Defensoría del Pueblo a favor de pacientes con COVID-19», Defensoría del Pueblo, 14 de abril de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/14-04-2021-noticias-Amparos-a-favor-de-pacientes-con-COVID.html ↑
29. «El Defensor del Pueblo solicitó al Presidente de la República la liberación de vacunas contra Covid», Defensoría del Pueblo, 26 de junio de 2021, acceso el 26 de octubre de 2021, http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/24-06-2021-noticias-Nota-al-Presidente-de-la-Rep%C3%BAblica.html ↑
30. Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), Informe y recomendaciones del período de sesiones del Subcomité de Acreditación, Ginebra, 11 a 15 de marzo de 2019, 10-11, https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/11/SCA-Report-March-2019-ES.pdf ↑
31. «Solicitud #44445, Informes elaborados entre 2016 y 2021 por la Defensoría del Pueblo», Portal Unificado de Información Pública, acceso el 26 de octubre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/44445 ↑
32. «Ficha técnica del expediente: Oficio N.º 669 del Juzgado Penal de Sentencia N.º 21 de la Capital, de fecha 28 de octubre de 2020, por el cual se remite el expediente de la Causa N.º 01-01-03-01-2020-107 caratulada: «Miguel Ángel Godoy Servín y Otros S/ Calumnia y Otros», SILPy, acceso el 30 de octubre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/expediente/122723 ↑
33. «Codehupy solicita rectificación del Defensor del Pueblo por declaraciones que van contra su deber Constitucional», 29 de abril de 2021, Codehupy, acceso el 26 de octubre de 2021, https://codehupy.org.py/codehupy-solicita-rectificacion-del-defensor-del-pueblo-por-declaraciones-que-van-contra-su-deber-constitucional/ ↑
34. Defensoría del Pueblo, Informe Primer Semestre 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/2309059-INFORMESEMESTRALDP2021pdf-INFORMESEMESTRALDP.2021.pdf, p 52 ↑
35. «Reunión Conjunta de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales – 26-10-2021» [Archivo de video], Senado TV py, 26 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=GINYqOiAUG8 ↑
36. Constitución Nacional de la República del Paraguay. Artículo 277 «De la autonomía, del nombramiento y de la remoción». ↑
37. «Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores 02-11-2021» [Archivo de video], Senado TV py, 2 de noviembre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=m-XSg5Lj538 ↑
38. «La Cámara de Senadores conformó la terna para defensor del pueblo y el adjunto», Honorable Cámara de Senadores, 2 de noviembre de 2021, acceso el 7 de noviembre de 2021, http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/8835-la-camara-de-senadores-conformo-la-terna-para-defensor-del-pueblo-y-el-adjunto-2021-11-02-17-22-32 ↑
39. «Con 61 votos el actual Defensor del Pueblo es reelegido en el cargo», Honorable Cámara de Diputados, 3 de noviembre de 2021, acceso el 7 de noviembre de 2021, http://www.diputados.gov.py/index.php/noticias/con-61-votos-el-actual-defensor-del-pueblo-es-reelegido-en-el-cargo ↑
40. Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, «WEBINAR 2 – La justicia en tiempos de Pandemia: análisis de la comunidad jurídica» [Archivo de video], Centro de Estudios Judiciales, 11 de febrero de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=EPhaTvr5YzE ↑
41. Ministerio Público. Nota D.T.A.I.P. N.º 792/2011. Pedido de acceso a la información pública vía correo electrónico. Véase más información en el artículo sobre derecho al debido proceso penal en este informe. ↑
42. «Solicitud #47279. Informe del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre datos de amparos judiciales y medidas cautelares», Portal Unificado de Información Pública, acceso de 26 de octubre de 2021, https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/47279 ↑
43. «Presentación de acordada que busca aplicar la prisión preventiva solo en forma excepcional», Corte Suprema de Justicia, 26 de marzo de 2021, acceso el 28 de septiembre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/20041-presentacion-de-acordada-que-busca-aplicar-la-prision-preventiva-solo-en-forma-excepcional ↑
44. Ibidem 42. ↑
45. «Oficializan Red de Observatorios-Mujer», Corte Suprema de Justicia, 12 de noviembre de 2020, acceso el 27 de septiembre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/19414-oficializan-red-de-observatorios-mujer ↑
46. Ministerio de la Mujer, acceso el 23 de octubre de 2021, http://observatorio.mujer.gov.py/index.php/red-de-observatorios-formulariosprueba ↑
47. Ministerio de la Mujer, Balance de Gestión Pública 2020, 27, http://www.mujer.gov.py/application/files/1016/1356/2148/BALANCE_DE_GESTION_PUBLICA_Ejercicio_2020_MINMUJER.pdf ↑
48. «Expondrán material sobre corrupción y derechos humanos», Corte Suprema de Justicia, 10 de diciembre de 2020, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/19569-expondran-material-sobre-corrupcion-y-derechos-humanos ↑
49. «Se realizó webinar sobre corrupción y derechos humanos», Corte Suprema de Justicia, 11 de diciembre de 2020, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/19584-se-realizo-webinar-sobre-corrupcion-y-derechos-humanos ↑
50. «Jueces de Niñez y Adolescencia trabajan para mejorar sistema de justicia en sus fueros», Corte Suprema de Justicia, 7 de mayo de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/20203-jueces-de-ninez-y-adolescencia-trabajan-para-mejorar-sistema-de-justicia-en-sus-fueros ↑
51. «Habilitaron Oficina de Derechos Humanos en Villarrica», Corte Suprema de Justicia, 26 de marzo de 2021, acceso el 20 de octubre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/20042-habilitaron-oficina-de-derechos-humanos-en-villarrica ↑
52. Corte Suprema de Justicia. Causa: «HABEAS DATA PROMOVIDO POR MARTA RAQUEL ANDREA RIVALDI ROBERTI C/ ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA S/ HABEAS DATA». A.I 09 y 13. Juzgado Penal de Sentencia N.º 5. 2021. ↑
53. Corte Suprema de Justicia. Causa: «HABEAS DATA PROMOVIDO POR JOSE OSVALDO ZAYAS BRITOS C/ ANR» N.°529/2021. S.D. N.º 12. Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno. 2021. ↑
54. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Definitiva N.° 215/2021. Causa: «ELIANA MACCARENA CHILAVERT CUENCA C/ ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA S/ HABEAS DATA» N.º 93/ 2021-18. ↑
55. Abogado Gerardo Paciello, comunicación con el autor, 27 de octubre de 2021. ↑
56. «Presidente de la Sala Penal realizó primera firma electrónica», Corte Suprema de Justicia, 8 de septiembre de 2021, acceso el 21 de octubre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/20818-presidente-de-la-sala-penal-realizo-primera-firma-electronica ↑
57. Corte Suprema de Justicia. Acordada N.º 1511/2021 «Por la cual señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva en forma excepcional, proporciona una guía para tal efecto y promueve el uso de la revisión de oficio como instrumento al servicio de la descongestión penitenciaria», https://www.pj.gov.py/images/contenido/acordadas/acordada1511.pdf ↑
58. «Jueza decreta prisión para universitarios por la quema de la ANR», ABC Color, https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/30/jueza-decreta-prision-para-universitarios-por-la-quema-de-la-anr/ ↑
59. «CLAJUD rechaza la prisión preventiva del presidente del PLRA – Efraín Alegre – en Paraguay», Grupo de Puebla, 3 de febrero de 2021, acceso el 29 de septiembre de 2021, https://www.grupodepuebla.org/clajud-rechaza-la-prision-preventiva-del-presidente-del-plra-efrain-alegre-en-paraguay/ ↑
60. «El caso de Alegre desata discordia entre fiscales y abogados penalistas», La Nación, 2 de abril de 2021, acceso el 29 de septiembre de 2021, https://www.lanacion.com.py/politica/2021/02/04/el-caso-de-alegre-desata-discordia-entre-fiscales-y-abogados-penalistas/ ↑
61. «Aprueban protocolo de atención a casos de violencia contra mujeres en el ámbito intrafamiliar», Corte Suprema de Justicia, 16 de marzo de 2021, acceso el 10 de noviembre de 2021, https://www.pj.gov.py/notas/19993-aprueban-protocolo-de-atencion-a-casos-de-violencia-contra-mujeres-en-el-ambito-intrafamiliar ↑
62. Corte IDH, Caso Ríos Ávalos y otro vs. Paraguay, Sentencia de 19 de agosto de 2021, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_429_esp.pdf ↑
63. Mario J. Barrios Cáceres, «Numerosas obligaciones y modestas acciones del Estado paraguayo», en Derechos Humanos en Paraguay 2020 (Asunción: Codehupy, 2020), 524-536. ↑
64. Corte IDH, Caso Nissen Pessolani vs. Paraguay, https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/nissenpessolani.pdf ↑
65. CIDH, Nissen Pessolani, Carta de envío a la Corte IDH, https://summa.cejil.org/es/entity/xklibohn32p?page=1&file=162612692786109h1x6logemq.pdf ↑
66. Sobre la regla del cuoteo en el sistema político paraguayo, ver Fernando Martínez, «30 años de la Democracia en Paraguay (II). El “cuoteo” político y la expulsión de los militares de la política», Tereré Cómplice, 31 de enero de 2019, https://tererecomplice.com/2019/01/31/30-anos-de-la-democracia-en-paraguay-ii-el-cuoteo-politico-y-la-expulsion-de-los-militares-de-la-politica/ ↑
67. Consejo de la Magistratura, «Nómina de once postulantes que obtuvieron el puntaje mínimo desetenta (70) puntos cumplidas las tres etapas de evaluación», https://cm.gov.py/wp-content/uploads/2021/10/Puntajes-finales-postulantes-CSJ-2021.pdf ↑
68. Consejo de la Magistratura, Edicto N.º 07/2021, https://cm.gov.py/?p=23860 ↑
69. Congreso Nacional, Acta N.º 32 de la Sesión Extraordinaria N.º 230 del 4 de noviembre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/sesion/108235/tab/3. «Emisión en directo de TV Cámara Paraguay» [Archivo de video], TV Cámara Paraguay, 4 de noviembre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=U6cyvkL2Axk↑
70. «Sesión Extraordinaria del 29-10-2021» [Archivo de video], Consejo de la Magistratura, 29 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=9oVInCWSmvE ↑
71. Congreso Nacional, Acta N.º 30 de la Sesión Extraordinaria N.° 228 del 2 de noviembre de 2021, http://silpy.congreso.gov.py/sesion/108231/tab/3 ↑
72. «Sesión extraordinaria del 03/noviembre/2021» [Archivo de video], TV Cámara Paraguay, https://www.youtube.com/watch?v=hOJe19_AmZ8 ↑