La tasa de mortalidad indígena causada por el COVID-19 fue tres veces mayor que en el resto de la población, lo que evidencia la desigual afectación de grupos vulnerables debido a una denegación estructural de derechos. Las comunidades indígenas se vieron también afectadas por desalojos violentos que pusieron en riesgo la vida de sus integrantes, en especial, mujeres, niños y niñas. Los magros avances, como por ejemplo el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, se ven desdibujados ante normas que aumentan las penas por hechos punibles y son utilizadas para criminalizar el reclamo de tierras.
Acciones contradictorias de entes públicos privilegian intereses particulares que pretenderían ocupar sitios de valor histórico, cultural, económico y simbólico de comunidades indígenas ayoreo de Puerto María Auxiliadora (PMA), dificultando de esta forma sus derechos territoriales.
«Somos fuerza, resistencia y comunidad», lema de este año de la 18.ª marcha TLGBI (Trans, Lesbianas, Gays, Bisexuales e Intersex) en Asunción, describe al movimiento paraguayo: una fuerza que camina hacia delante. Pruebas de ello son la tercera marcha por los derechos TLGBI en Pedro Juan Caballero y la cuarta manifestación pública en Encarnación. Este 2021, segundo año de pandemia, fue un año de desafíos y aumento de violencia verbal, física y simbólica hacia personas que no encajamos en el régimen de la cisheterosexualidad obligatoria. El Estado no demostró avances en materia de derechos y a esto se suma la insistencia con declarar ciudades como «provida y profamilia», que tomaron más fuerza y poder luego de las últimas elecciones municipales.
En el segundo año de la pandemia del COVID-19, el Estado paraguayo suma otra ley más para combatir la violencia de género y el feminicidio, pero hasta ahora no toma decisiones precisas respecto a dotar de presupuesto específico para la implementación de las medidas dispuestas en la nueva Ley N.º 6806/2021 «Que declara emergencia nacional por feminicidios». Las políticas públicas y los programas implementados continúan siendo limitados y centralizados en el área metropolitana y algunas ciudades cabeceras departamentales, en tanto la violencia de género está alojada en todos los rincones del país. Así, una vez más, es un año de muchas promesas, pero pocas acciones, debido a la precariedad de los servicios y el poco presupuesto asignado a las políticas vigentes.
Las trabajadoras domésticas se han visto obligadas a aceptar condiciones de trabajo precarias: sobrecarga de horas, salarios bajos e informalidad debido a la necesidad de contar con ingresos frente a las innumerables pérdidas de puestos de trabajo como consecuencia de la crisis general en la economía por el COVID-19. Desde el Estado, en el segundo año de pandemia, no se han promovido políticas ni programas específicos dirigidos al sector, la rama más feminizada del empleo y la economía.
Los casos registrados en 2021 dan cuenta del sesgo discriminativo de las y los operadores de justicia, aun cuando las víctimas ya están muertas. Esto resulta preocupante, pues no se cuenta con datos respecto al número de personas trabajadoras sexuales asesinadas ni del resultado de los procesos. Se constata, una vez más, que el Estado no está para garantizar, sino para atropellar e inclusive invisibilizar los derechos de las personas trabajadoras sexuales.
Existen múltiples barreras para la inclusión en el Paraguay, entre ellas, la brecha de desigualdad social; la discriminación, la falta de criterios de accesibilidad en el entorno físico, en la comunicación, en la actitud, en los instrumentos normativos y en la metodología de enseñanza aprendizaje. Los avances en materia de derechos se centran en lo normativo, en planes y guías que intentan hacer frente a dinámicas sociales enraizadas en prácticas segregadoras, lo que hace que el Estado paraguayo tenga un largo camino que recorrer para saldar la deuda histórica con las personas con discapacidad.
La pandemia atravesó el cuerpo y los derechos humanos de las mujeres. Generalmente relegadas en distintos ámbitos sociales, con el colapso sanitario se hizo más evidente, pues dejó fuera el derecho a la salud. A esto se suma la lucha diaria por el sustento familiar y la imposición de un nuevo rol: el de maestras de sus hijas e hijos con la modalidad virtual en la educación formal. Y se agrega la violencia familiar a causa de la convivencia forzada, apreciada en un mayor número de denuncias.
En el contexto de una pandemia —que sigue sin visos ciertos de culminar en el corto plazo—, el sistema político institucional del país continúa dando muestras de una progresiva degradación. Además de evidenciar su incapacidad estructural para garantizar derechos a vastos sectores de la población, frente a sus reclamos y demandas, desarrolla una política de gradual clausura del espacio de participación política. Esta situación, que compromete ya no solamente determinados derechos, sino al régimen democrático mismo, constituye un sensible retroceso cuyo signo principal es el uso de la ley del más fuerte, y la ruptura del principio de igualdad de oportunidades, en detrimento del Estado de derecho.
Pronunciamientos de la Codehupy
